LA NACIÓN
A pesar de la denuncia que interpuso el exfiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, contra Luis Gustavo Moreno por el delito de injuria y calumnia, Moreno volvió a salpicar al exfiscal en declaraciones dadas la semana anterior en la Corte Suprema de Justicia en el marco de las investigaciones que se adelantan por el Cartel de la Toga.
De acuerdo a información dada a conocer por El Tiempo, Moreno habría dicho a la alta corte que el fiscal le habría dado un contrato por $139 millones para beneficiar, tras bambalinas, al exmagistrado Francisco Ricaurte.
El contrato directo que le dio la Fiscalía en 2015 para asesorar a la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema en temas de casación, en realidad era una fachada. El objetivo real de esos recursos, habría asegurado Moreno, era financiar la costosa oficina que él abrió en el norte de Bogotá con el exmagistrado Francisco Ricaurte, quien hoy está en la Picota por este escándalo.
El contrato de Moreno, firmado el 16 de julio de 2015, figuraba en la lista de contratistas directos que reveló este diario en septiembre de ese mismo año firmados por la administración Montealegre, que sumaban en total más de $10.000 millones. En ese listado estaba incluido el controvertido contrato con la politóloga Natalia Springer por más de $4.200 millones, cuyos resultados nunca se conocieron públicamente. En el caso de Moreno, su labor era, según el documento, apoyar y asesorar los recursos de casación y acciones de revisión ante la Corte Suprema.
En entrevista con El Espectador, publicada hace un mes, el exfiscal Montealegre aseguró que contrató a Moreno porque había conocido su libro sobre casación penal y por eso le había parecido idóneo para el cargo. Negó que el exmagistrado José Leonidas Bustos, amigo de suyo desde el colegio, se lo hubiera recomendado. Y dijo que, tras identificarse un posible conflicto de intereses porque Moreno también litigaba ante la Fiscalía, el contrato se había concluido. El 30 de noviembre de 2015 el supervisor del contrato, César Santofimio, pidió que el contrato se diera por terminado “de común acuerdo”.