Una segunda manifestación se vivió ayer por parte de los mototrabajadores y motociclistas que piden derogar el decreto 0183 que prohíbe el parrillero en el microcentro de Neiva. Al parecer, los voceros del gremio no quedaron a gusto con la mesa de concertación realizada y esperan que la administración ceda ante sus pretensiones o de lo contrario, posiblemente liderarán una revocatoria del mandato, serán opositores del gobierno y cerrarán varias vías.
Johan Eduardo Rojas López
Periodistamultimedia4@lanacion.com.co
El decreto 0183 del 2024 “por medio del cual se adoptan medidas para garantizar la seguridad y una movilidad segura en el Municipio de Neiva”, emitido por la Alcaldía de Neiva el pasado 21 de febrero ha generado bastante controversia e inconformidad en el gremio de motociclistas y mototaxistas dado que indican que el alcalde de Neiva German Casagua les incumplió un acuerdo en el que habían quedado.
En la providencia se estableció como término de socialización y pedagogía 30 días contados a partir de la fecha de su publicación, lo que significa que, desde ayer empezó a regir de manera oficial con una multa equivalente a quince salarios mínimos legales diarios vigentes y la inmovilización del vehículo.
En las calles
Todo esto hizo que nuevamente ellos se volcaran a las calles en aras de ser escuchados y exponer sus inconformidades. Allí amenazaron con liderar una posible revocatoria del mandato y realizar una oposición contundente a este gobierno local.
Mediante un ‘plan tortuga’, los protestantes hicieron un recorrido por la ciudad que inició en el Centro de Convenciones y terminó en la Alcaldía de Neiva, en donde esperaban ser atendidos por el mismo alcalde. Sin embargo, esto no fue así, pues sobre las 4:00 de la tarde arrancó una reunión en la Personería de Neiva que reunió al secretario de Gobierno, José Ferney Ducuara; la secretaria de Movilidad, Edna Johana Cruz, voceros del gremio, delegados de la Defensoría del Pueblo y demás entes encargados.
Leonardo Buitrago Poveda, presidente del sindicato único de mototrabajadores Asomohuila, indicó que la molestia que los embarga consiste en que los han estigmatizado. “Nosotros creemos que la persecución tan tremenda que le han hecho a las motos, con retenes ilegales y demás, es porque le entregaron la administración completamente quebrada y el alcalde está tratando de recoger recursos de algún lado”, manifestó.
Te puede interesar: Policía en alerta por ‘plan pistola’ de disidencias
¿El decreto es inconstitucional?
Insistió en que el decreto 0183 del 2024 es inconstitucional y, por eso, desde el orden nacional se le puso la ‘lupa’ a esta situación que vive Neiva. “Es un decreto falso que engaña a la ciudadanía con los argumentos que allí dan. Esto no es nuevo, pues venimos en la lucha desde el mandato de Héctor Aníbal Ramírez, Pedro Hernán Suarez, Rodrigo Lara Sánchez, Gorky Muñoz Calderón y ahora este señor; todos nos buscan para elegirse y luego nos dejan a un lado”, expresó el presidente.
Pero eso no fue todo, pues se atrevió a ir más allá diciendo que presuntamente la misma administración intentó sabotear la marcha que se desarrolló ayer, con unos audios que ellos “recibieron” pero nunca consultaron la veracidad y, por eso, emitieron el decreto 0224 “por el cual se adoptan medidas para la conservación del orden público con ocasión de una manifestación a realizarse el día 21 de marzo de 2024”.
“El motociclista no es un delincuente”
A su vez, Andrés Martínez, presidente de la Red y Observatorio de Veedurías Colombianas, quien llegó a realizar acompañamiento desde Bogotá, insistió en que la inconformidad es que se haya querido colocar al motociclista como si fuera un delincuente y a la moto como si fuera un fusil.
Es así como esperan conseguir que el decreto se inaplique y mejor utilicen los motociclistas como frentes de seguridad, grupos de reacción y los sumen a los proyectos de seguridad. “Esto ya lo conoce el Congreso y el Concejo de Bogotá; esto no fue un fracaso para los manifestantes, sino para el alcalde porque está cometiendo un error”, agregó.
Presunto incumplimiento
Alejandra Palacios, vocera de la marcha, dejó claro que “la decisión de salir a las calles nuevamente se da por un incumplimiento por parte del alcalde, quien en la reunión que sostuvieron el 10 de febrero dijo que el decreto de restricción seguiría tal cual venía siendo contemplado, sin embargo, eso no fue así pues prohibieron mujeres y hombres parrilleros en el microcentro de Neiva, solamente con la excepción de que pueden cargar familiares que porten el documento de parentesco”.
Alcaldía se defiende
Al iniciar la reunión hubo una tensión esperada debido a las diversas orillas en las que se encontraban las partes, no obstante, el Ministerio Público lideró la jornada y mantuvo el orden a medida que todos intervenían.
José Ferney Ducuara, secretario de Gobierno, los instó a denunciar los presuntos hechos de persecución y abuso de por parte de los agentes de tránsito. Además, dijo que es falso que el alcalde les ha incumplido y no les ha dado la cara, pues él ha participado de las reuniones que se han realizado.
“El alcalde no pudo estar hoy aquí porque tenía una agenda establecida con anterioridad, pero nosotros somos los delegados de él. Es muy bueno que quede claro que el alcalde sí los ha atendido y escuchado; yo los he atendido a algunos en mi oficina”, comentó el funcionario.
Explicó que el decreto tuvo variaciones porque el anterior traía una restricción abiertamente inconstitucional debido a que, al decir que prohibía el parrillero hombre, estaba discriminando un sector de la población, por eso, no le pusimos ni edad, ni género.
También dijo que en el decreto actual quitaron la restricción en una calle y lo hicieron para que la medida fuera favorable para los motociclistas. “No fue incumplimiento, fue pensando en ustedes. En este decreto no hay discriminación y acoge la línea jurisprudencial del Consejo de Estado”, les dijo.
Lee también: Sed de dominio: disidencias arrecian la ‘carnetización’
Tensa reunión
Finalmente, el personero de Neiva, Jerson Andrés Bastidas, mencionó que la larga y tensa reunión llevó a tener ciertos consensos y estipularon una nueva reunión para el 10 de abril. “Se resolvieron dudas y de parte de la administración hay una posición clara en defender la legalidad de los actos que han expedido. Puedo garantizar que todo terminó en buenos términos”, concluyó.
Las autoridades por su parte no reportaron ningún incidente durante la manifestación.
