A través del Decreto 1372 de noviembre de 2024, el Gobierno de Gustavo Petro declaró en días pasados la “situación de Desastre Nacional” en todo el territorio colombiano por un término de 12 meses prorrogables hasta por un periodo igual. Esta norma le permite acudir a todas las herramientas legales y constitucionales para hacerle frente a la situación de desastre nacional que afecta a varias regiones del país por cuenta de la ola invernal.
El propio Gobierno ha expuesto las razones para esta declaratoria: con corte al 11 de noviembre pasado, se han registrado en el país 8.396 eventos climáticos y de desastres con impactos significativos. Hay 952 municipios afectados, 2 millones de personas damnificadas, 244.553 familias damnificadas, 92 fallecidos y 171 heridos. Además, 101.639 viviendas averiadas, 1.031 viviendas destruidas y más de 280 mil hectáreas afectadas.
También, según las autoridades, se han registrado 6.222 incendios forestales que afectaron 208.874 hectáreas. Hubo, adicionalmente, 565 movimientos en eventos que impactaron a 14.204 personas y 329 hectáreas; 560 inundaciones con afectación de 618.130 personas y 62.814 hectáreas; 454 vendavales que dejaron 108.344 personas afectadas; 277 desabastecimientos de agua y 115 crecientes súbitas.
Dentro de sus argumentos para la declaratoria de “Desastre Nacional”, el Gobierno recoge la ocurrencia este año de fenómenos como crecientes súbitas, granizadas, tormentas eléctricas, avenidas torrenciales y erosiones, que afectaron los departamentos de Cundinamarca, Huila, Cauca, Valle del Cauca, Tolima, Nariño, La Guajira, Norte de Santander y Chocó.
Estos eventos ocasionaron la muerte de 5 personas. Además, dejaron un saldo de 37 heridos, 2 desaparecidos, 88.268 personas afectadas, 180 viviendas destruidas, 11.503 viviendas averiadas, 61 vías, 6 acueductos, 8 alcantarillados y 58 centros educativos afectados, entre otras.
Ante esta crisis expuesta, el presidente Gustavo Petro ha anunciado recursos iniciales por $1,7 billones. Y en este punto, está lo más importante. El mandatario y el Gobierno deben garantizar que los dineros serán manejados no sólo de manera eficiente sino transparente. Tanta plata, con pocos controles, puede derivar en nuevos escándalos de corrupción como el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, del que cada día se conocen detalles reveladores sobre la manera en que se robaron miles y miles de millones de pesos.
Los organismos de control y la misma ciudadanía deben estar atentos.
