El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, habla con LA NACIÓN sobre su propuesta al Congreso para que el Gobierno de Gustavo Petro recorte los multimillonarios gastos en contratistas, camionetas blindadas, eventos y aviones privados. “El Gobierno no es que no tenga plata, es que no quiere ahorrar”, dice. Habla además sobre el momento crítico por el que pasa la seguridad y la economía del país.
Jesús Antonio Rojas Serrano
El abogado y magister en Análisis Político y Electoral, Daniel Briceño, ha alcanzado una gran popularidad por sus denuncias relacionadas con la contratación pública. Los colombianos han sabido de los estrafalarios gastos del Estado a partir de sus publicaciones en redes sociales. Briceño es hoy concejal de Bogotá. Aquí está el diálogo que sostuvo con LA NACIÓN.
¿Qué está pasando hoy con el Gobierno de Gustavo Petro?
El Gobierno está pasando por un momento muy complejo; se está estrellando con una realidad. Y la falta de ejecución, el derroche, la improvisación, el déficit fiscal y el incumplimiento de sus propias promesas de campaña, les están pasando una factura muy grande al Gobierno y al presidente Gustavo Petro, quien hoy tiene un nivel de aceptación muy bajo. Pero, al mismo tiempo, vemos un Gobierno descuadernado. No vemos una estructuración clara del funcionamiento de hacia dónde va el Gobierno; ni siquiera el propio Plan de Desarrollo, la hoja de ruta que contiene las apuestas del Gobierno, va bien en la implementación. La ‘Paz total’, una de las mayores apuestas del Gobierno, no va bien porque terminó generándole más problemas al país en temas de seguridad. El Gobierno va mal y nadie ve una posible solución. Lo peor es que el Gobierno se sigue radicalizando y el Presidente se encuentra buscando culpables en todos lados e instalándose en la narrativa de un inexistente golpe de Estado, metiéndonos de lleno, dos años antes, en la campaña presidencial de 2026.
¿El problema es de él o de quienes lo rodean?
Jesús Antonio, el liderazgo del presidente Gustavo Petro, a quien conocemos muy bien en Bogotá, es problemático. El Presidente centra sus competencias en la cabeza y no escoge bien a quienes lo rodean; ha sacado de su propia administración a personas muy buenas y los ha venido reemplazando por personas que técnicamente no dan la talla, pero que son fieles a su proyecto político y no se atreven a cuestionarlo. Entonces, en ese liderazgo tóxico que tiene el Presidente, el problema si es él.
A juicio suyo, ¿por qué cree que las cosas van mal en materia de seguridad en el país?
El Presidente y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, han confundido que una política de paz es igual a una política de seguridad. Y son dos cosas distintas. Ellos dicen, por ejemplo, que la seguridad está avanzando porque están incautando más toneladas de cocaína, o que la seguridad va a mejorar cuando tengamos paz total. Eso es totalmente falso. El país no puede tener supeditada su seguridad a un proceso de paz. Hoy, la ‘Paz total’ está afectando a las regiones, en donde hay un recrudecimiento del conflicto, en donde hay territorios controlados en gran parte por las disidencias de las Farc, el Eln y las bandas delincuenciales; me estoy refiriendo a varias zonas del Cauca, Nariño, Putumayo y Huila. Insisto: el Presidente y el ministro confunden que la política de paz es la política de seguridad y por ahí comienza el error. Ellos no han sido juiciosos al establecer una política de seguridad clara. Hoy tenemos además en las ciudades unos alcaldes totalmente abandonados por el Gobierno Nacional; el Presidente ha decidido lavarse las manos y decir que la inseguridad en las ciudades es problema de los alcaldes, cuando es el Gobierno Nacional que desde arriba controla el engranaje y articulación de la Policía.
¿Hizo mal el presidente Petro, a través de su ‘Paz total’, abrir diálogos con múltiples grupos ilegalmente armados al mismo tiempo?
Se cometieron varios errores. El primero fue reencauchar a las disidencias de las Farc. Eso fue un gran error porque generó un incentivo perverso. Es decir, este país le dio una oportunidad a las Farc, a través de la cual unos se desmovilizaron, la élite se fue a la política con curules gratis, algunos se fueron a los territorios y otros decidieron seguir delinquiendo. El Gobierno se inventó una historia falsa relacionada con entrampamientos y una alianza en contra del proceso de paz para darles una segunda oportunidad. Eso es perverso porque las otras bandas han visto eso y pueden hacer lo mismo. El segundo error ha sido negociar con todo el mundo, en mesas dispersas, sin una estrategia clara y sin un piso jurídico claro. Hoy, las reglas de sometimiento y de juego no están claras. Lo que ha venido haciendo el Gobierno es prometerles a muchas bandas cosas que ni siquiera puede cumplir en estos momentos. Nombrarlos gestores de paz han sido contentillos. El problema es que ya le cogió la tarde al Gobierno; vamos corriendo el tercer año y el tema de la ‘Paz total’ ni siquiera está reglamentado.
Otro tema que le ha costado al Gobierno Petro es el manejo de la economía, ¿qué análisis tiene a lo que está pasando?
Hubo un momento en el país en el que bajó el desempleo. Sin embargo, este es el momento en el que el desempleo vuelve a subir y es muy gracioso ver al presidente Petro celebrar las cifras de desempleo al alza, que es lo que ha venido pasando en los últimos tres meses. A propósito de esta coyuntura, yo creo que habérsela jugado por aliviar el déficit fiscal fue una decisión responsable, la de no seguir subsidiando la gasolina y el ACPM. Le ha faltado eso sí volver eficiente el Estado. Como está, este es un Estado derrochador; es un Estado que le dice a la gente que va a subir el ACPM, pero al tiempo le habla de una nueva reforma tributaria y, al mismo tiempo, no deja de gastar en lo que no tiene que gastar. El Gobierno tiene un endeudamiento alto y sigue con un nivel de gasto en el funcionamiento indescriptible: de los $525 billones que hay de presupuesto para el otro año, más de $350 billones son en gastos de funcionamiento, en donde el funcionamiento es lo único que sube y la inversión comienza a bajar. Todo esto le va a generar al Gobierno una crisis muy grande. Y por el último, el Presidente se está equivocando porque este país necesita entrar en la senda de la reactivación económica. Y han pasado varias semanas desde que nos dijeron que el Gobierno iba a revelar su estrategia de reactivación. No ayuda a la economía que el Presidente haya decidido bloquear política y económicamente a Bogotá y Antioquia, que representan el 40% del PIB del país.
Usted ha presentado una propuesta a las comisiones económicas del Congreso de la República para hacer que el Estado sea más austero, ¿en qué consiste?
Nosotros hicimos una investigación a punta de Secop, rastreando unos gastos. Si a alguien por alguna razón le disminuyen los ingresos, como familia debe empezar a recortar los lujos, es decir, deja de salir a restaurantes, recorta viajes, entre otros gastos. Eso es lo que haría una familia responsable, pero esto no es lo que hace el Gobierno. El Gobierno dice: estamos mal, tenemos un déficit fiscal, voy a subirle al ACPM, haré una reforma tributaria, pero no ahorro nada. El ejercicio que hicimos fue identificar los gastos que no son esenciales para el Estado y qué encontramos. El primer gasto es en esquemas de seguridad; en los últimos dos años se han firmado contratos por $5,4 billones para adquirir camionetas blindadas y escoltas a través de la Unidad Nacional de Protección. Ahí tenemos que cerrar ese chorro porque no es posible que ese gasto esté así desbordado. El segundo gasto del Estado es el excesivo incremento en contratos de prestación de servicios; este es un gobierno que tiene bajos índices de ejecución, pero en contratación está subiendo demasiado. Iván Duque en sus primeros dos años tenía 47.000 contratistas en todo el Gobierno Nacional, mientras que Gustavo Petro está llegando a 122.000. En términos de plata, eso representa que en los dos primeros años de Duque pasamos de $2,63 billones gastados en contratistas a $5,43 billones que es lo que se está gastando Petro.
¿En qué otras cosas está derrochando plata el Gobierno Petro?
Tenemos un Estado dedicado a hacer eventos, fiestas, a pagar marchas a favor del Gobierno. Encontramos gastos por $1,4 billones en dos años en temas de operadores logísticos. Eso hay que racionalizarlo. A mí no me cabe en la cabeza, por ejemplo, que la Unidad de Víctimas, que necesita recursos económicos para reparar a las víctimas en las regiones de Colombia, esté gastando $117.000 millones en eventos. Hemos encontrado otras cosas. Hay una plata que está quieta y son los $1,8 billones del Ministerio de la Igualdad; esta plata debe volver al presupuesto general de la Nación porque los grandes proyectos de este ministerio no tienen cómo implementarlos. Hay otro gasto y es el de los 20 nuevos consulados, que nos van a costar $38.000 millones al año; ese gasto se puede obviar, como también los $140.000 millones en publicidad por parte del Gobierno. Estos son los lujitos que el Gobierno debe recortar.
¿Usted cree que el Gobierno Petro es consciente de todos estos gastos innecesarios?
El Gobierno es consciente, pero no le gusta. En la investigación que hicimos, no estamos metiendo los gastos en tiquetes aéreos ni en aviones privados. Hoy, la mayoría de ministros tienen avión privado. Cómo es posible que en un país como Colombia los ministros tengan ahora avión privado simplemente porque no les gusta hacer fila en un aeropuerto; en aviones privados el Gobierno Petro ha gastado más de $300.000 millones. Ellos son conscientes porque les gusta tener ese tren de vida; ellos creen en esa visión de que el Estado debe suplirlo lo todo, hasta sus lujos. La Cancillería, por ejemplo, hace gastos multimillonarios en salas VIP en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. La gente debe ser consciente de que el Gobierno no es que no tenga plata, sino que el Gobierno no quiere ahorrar. No se necesita otra reforma tributaria, se necesita es que el Gobierno deje de derrochar. Vamos a buscar que dentro de la discusión de la nueva reforma tributaria, este tema sea esencial y central, es decir, que sea uno de los argumentos para oponerse a esta reforma dentro del Congreso. Y en caso de que la reforma vaya a pasar, tenemos que buscar que se establezcan medidas de austeridad como reducir los contratos de prestación de servicios. Es momento de que el país abra esta discusión.