La ciudad de Neiva no aguanta un atentado terrorista más. El petardo que estalló esta semana contra el establecimiento comercial “Motos Neiva” elevó a 20 el número de esta clase de ataques en lo que va de este año en la ciudad, arrojando un promedio de 2.5 atentados cada 30 días. La cifra es preocupante en extremo.
La ciudadanía lo sabe bien de sobra: los atentados son un reflejo del deterioro de la seguridad y el fortalecimiento de las disidencias de las Farc, que han aprovechado muy bien el ‘respiro’ que les ha dado la política de ‘Paz total’ del Gobierno de Gustavo Petro. Mientras dialogan y se benefician del cese al fuego, los disidentes en regiones como el Huila se dedican a ‘facturar’ a través de las extorsiones a comerciantes y empresarios.
Lamentablemente, con cada atentado la ciudad sufre más. Cada atentado representa no sólo intranquilidad para el comercio y la sociedad en general sino que además es un golpe para la imagen, la economía y el turismo de la región.
¿Qué inversionista va a mirar el Huila si cada mes están poniendo al menos dos ‘bombas’? ¿Qué empresario va a pensar en instalarse en la región si lo van a intimidar y extorsionar? ¿Qué turista va a venir en estas condiciones?
Nadie puede desconocer el esfuerzo que están haciendo instituciones como la Policía y el Ejército para contrarrestar las acciones de las disidencias de las Farc. Pero, evidentemente, falta mucho más. Falta que la dirigencia local y regional en cabeza del gobernador Rodrigo Villalba Mosquera y el alcalde de Neiva German Casagua eleve su voz y le pida al Gobierno de Gustavo Petro acciones concretas para ir al origen del problema.
El asunto pasa por una reflexión sencilla como esta: a Neiva la pueden atestar de policías y militares, pero si los grupos ilegalmente armados siguen protegidos por la política de ‘Paz total’ al mismo tiempo que extorsionan e instalan petardos, el daño a la región será irreversible.
