Amylkar D. Acosta
El papel puede con todo, reza el adagio popular. Y la Constitución Política expedida en 1991 es una prueba palmaria de ello. En efecto en ella se consagra no sólo la necesaria profundización de la descentralización, sino que le da partida de nacimiento a la autonomía territorial, pero allí se han quedado como letra muerta. No sólo no hemos avanzado en autonomía, sino que las últimas dos décadas se han caracterizado por la re-centralización, sobre todo bajo la modalidad de la descentralización disfuncional, consistente en que se delegan mayores funciones y competencias por parte de la Nación a las entidades territoriales, pero sin los recursos necesarios y suficientes para cubrirlos, como lo manda la propia Constitución. Este es un requerimiento a hacer tanto al Gobierno Nacional como a quienes aspiren a regir los destinos de la Nación, que se cumpla el mandato de la Carta.
Vemos en el Acuerdo final con las FARC suscrito en el Teatro Colón una ventana de oportunidad para revertir esta tendencia. Es la hora de replantear el Sistema General de Participaciones (SGP) y el Sistema general de Regalías (SGR), tanto en lo concerniente a la distribución de sus recursos como en el funcionamiento y operatividad de los mismos. Ello es inaplazable y debe ser una de las tareas a acometer, pero no nos podemos quedar en una reforma cosmética, de lo que se trata es de barajar de nuevo para volver a repartir, esta vez con más equidad. Porque, la verdad sea dicha, el verdadero desequilibrio de poderes es el que existe entre la Nación (el Gobierno central) y las entidades territoriales y no propiamente entre las ramas del poder, como se ha querido hacer creer.
Con razón Feliciano, un líder indígena, le dijo al ex vicepresidente Humberto de La Calle, cuando fungía como Coordinador del equipo negociador con las FARC, que “Bogotá está muy lejos de Colombia”, para referirse a esa Colombia profunda, en donde no ha existido ni Estado ni mercado y que sólo ahora, con el cese del conflicto armado con las FARC empiezan a tener visibilidad ante el resto de los colombianos, con sus penurias y sus falencias. Es tan acendrado el centralismo en este país que mientras no llueva en Bogotá no se reconoce que hay invierno en el territorio nacional. Pero, como bien dijo el Alto Comisionado para la Paz Sergio Jaramillo “el modelo centralista en el que unos funcionarios aterrizan como unos marcianos entre las comunidades para ´traer el Estado´ se quedó sin oxígeno”.
Aunque la Constitución política establece en su artículo 13 que “todas las personas nacen libres e iguales ante la Ley”, ello en la práctica no se cumple, dado que no todos los colombianos, no todas las regiones arrancan de la misma grilla de partida, porque llegan a ella rezagados en la pole position. Y el principal factor que contribuye a ello es la falta de cobertura y calidad en la educación. De allí la imperiosa necesidad de implementar un programa encaminado a corregir lo que yo prefiero llamar desigualdad de trayectoria. Por ello, además del cierre de brechas contemplado en el Plan de Desarrollo, se deben tomar las medidas necesarias para que la región participe activamente en la formulación y elaboración de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), como también el Plan Marco de Implementación de los acuerdos, para no ser excluidos de los beneficios que se espera de ellos en procura de nivelar la cancha de juego.
Ahora que las regiones, con 26 años de atraso, se están constituyendo como regiones administrativas y de planificación (RAP), ya son tres, la de la región Caribe la última de ellas, es la oportunidad para trabajar por la convergencia económica y social de las regiones, objetivo este que ha sido tan esquivo. Tal convergencia no se dará nunca por generación espontánea, tiene que ser un objetivo explícito de la política pública. A ello habrán de contribuir los planes de desarrollo regional, así como lo planes de inversión regional anejos a aquellos, que habrán de insertarse en el Plan General de Desarrollo, tal como lo dispone la Ley orgánica de Planeación.
Esta será la oportunidad, también, para retomar los planes regionales de competitividad y la Agenda Interna para la Competitividad (AIC), ello es tanto más urgente después que se conocieron los resultados adversos que registra el último reporte del Foro Económico Mundial. Según este Colombia bajó 5 puntos con respecto al reporte anterior, al pasar del puesto 61 entre 138 países examinados al puesto 66 entre 137. Y bien ha dicho Michael Porter que “la prosperidad es el resultado de ser competitivo” y añadimos nosotros que ningún país puede llegar a ser más competitivo si sus regiones no avanzan en materia de competitividad.
Colombia espera recibir importantes dividendos por cuenta de la paz y uno de ellos es elevar el crecimiento potencial de la economía nacional, que ha caído en los últimos años un punto porcentual, según ANIF, al pasar del 4.5% al 3.5%. Ello es tanto más importante habida cuenta que la implementación del Acuerdo final demandará ingentes recursos, en momentos en que la destorcida de los precios del petróleo le ha pasado la cuenta de cobro a las finanzas públicas. Y a menor crecimiento de la economía menos recaudo de impuestos, menguando los ingresos necesarios para reducir y a la postre cerrar las brechas inter-regionales, intra-regional y sobre todo entre la ciudad y el campo. Bien dijo la Secretaria ejecutiva de la CEPAL Alicia Bárcena, “hay que crecer para igualar e igualar para crecer”. Esta debe ser la consigna!
