El gobierno del presidente Gustavo Petro develó cinco acciones para ponerse de acuerdo en los “mínimos”. Los congresistas huilenses reaccionan a las propuestas. Para algunos es “difícil creer”.
Aunque desde su elección como presidente de la República, Gustavo Petro ha reiterado en distintos escenarios que busca un “gran Acuerdo Nacional”, solo hasta ayer el gobierno presentó un documento oficial que consagra cinco puntos de un acuerdo, que no le apuesta a los máximos, sino a los “mínimos”.
Desde antes de posesionarse el Jefe de Estado ha hecho varias movidas para encaminar ese Acuerdo Nacional, reuniéndose con el excandidato presidencial q.e.p.d. Rodolfo Hernández, su contendor en las elecciones; así como con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, además, repartió puestos en el gobierno para partidos de centro y derecha, pero en los últimos meses el ambiente político para alcanzar ese Acuerdo se ha hecho más hostil.
El presidente ha tenido varias derrotas en el Congreso, como con su propuesta de reforma al sistema de salud que se hundió en la comisión séptima de Senado, por citar solo una. El último revés fue con el Presupuesto General de la Nación, que por primera vez no fue aprobado por el Congreso y, en consecuencia, el Jefe de Estado debe emitirlo vía decreto. “Ya habíamos dicho que teníamos los votos para no aprobarla, pero como era la primera vez en la historia que sucedía no nos creyeron”, anotó ayer el presidente del Senado, Efraín Cepeda. Además, ha advertido que sin acuerdos, las reformas no pasarán.
En medio de ese complejo contexto político, ayer el Ministerio del Interior reveló cinco puntos para alcanzar un Acuerdo Mínimo Nacional. “Si no nos hemos podido poner de acuerdo sobre los máximos, pongámonos de acuerdo sobre los mínimos”, anotó el Ministro Juan Fernando Cristo.
Los compromisos
Los compromisos de ese Acuerdo no son solo con políticos, abarca también a las autoridades locales y regionales, a las organizaciones gremiales, sindicales, sociales y comunitarias, a los empresarios, y a la iglesia y la sociedad civil.
Busca la “seguridad y erradicación de la violencia del ejercicio de la política”, propende por “desescalar el lenguaje en el debate y la deliberación política, erradicar la estigmatización y respetar la diferencia”. Y acompañar la búsqueda de “un pacto político nacional que tenga como fin la reconciliación nacional y la convivencia pacífica que aún anhela Colombia”. Reafirma que se debe “rechazar la violencia en la política, la interferencia de cualquier grupo armado en los procesos electorales y excluir de partidos y movimientos políticos a candidatos con vínculos con grupos ilegales”. Que el Estado recupere el control territorial ejerciendo “autoridad contra los grupos armados ilegales”. Pero también abarca procesos de paz.
Aunque actualmente la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta ya cuenta con un borrador de reelección presidencial, el Gobierno Petro se compromete a que “no promoveremos la reelección ni la alteración de los periodos de los mandatarios de la rama ejecutiva de elección popular”. Además, a fortalecer los partidos y el sistema de financiación de las campañas políticas.
Sobre los municipios donde se ejecutan los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), como Algeciras en Huila, hacer intervenciones integrales para transformarlos e impedir “el reciclaje de las distintas violencias”.
En lo económico apuntarle al “fortalecimiento de una agroindustria compatible con el cierre de las brechas de desigualdad y la protección de nuestros recursos naturales”.
Y finalmente sobre las reformas que cursan trámite en el Congreso, con miras a su pronta aprobación. “Es esencial reconocer la necesidad de avanzar con apremio en las reformas sociales que mejoren el bienestar de los colombianos y las condiciones para consolidar la paz. Por esta razón, acordamos trabajar con todos los partidos políticos representados en el Congreso, la discusión de un grupo prioritario de proyectos que hacen parte de la actual agenda legislativa, y de esta manera dar trámite para su aprobación”.
El pasado 9 de julio, el exministro de Salud de Petro y del expresidente Juan Manuel Santos, Alejandro Gaviria ya había dicho que “un Acuerdo Nacional pasa necesariamente por respetar éticamente a quienes piensan distinto; por ejemplo, a aquellos que se oponen a la propuesta de una constituyente”.
Ayer la representante a la Cámara por el Huila, Leyla Rincón, dijo que está “de acuerdo” sobre la no reelección, “porque se trata de un proyecto progresista cuyo pilar es el pueblo”. Pero a la congresista del Pacto Histórico le preocupan los municipios del Huila por su historial de exclusión como territorios PDET; cabe recordar que solo Algeciras cuenta con esta denominación.
“Se ha inclinado por la imposición”
La representante a la Cámara por el Huila y militante de Cambio Radical, Luz Pastrana, se refirió a la propuesta del Ministerio, desde una mirada de la oposición al gobierno.
“Es difícil creer en la viabilidad del Acuerdo Nacional propuesto por el ministro, ya que las condiciones actuales del país no favorecen un diálogo real y el presidente se encarga de dinamitar con sus señalamientos. Lo que hemos presenciado es un gobierno que, lejos de promover el consenso, se ha inclinado por la imposición, como se evidenció con el presupuesto General de la Nación.
Las reformas impulsadas no han sido debatidas abiertamente, generando desconfianza entre los distintos sectores. Aunque se anuncian cinco puntos clave para abrir el diálogo, en la práctica, las decisiones se toman sin escuchar a todos los actores y atropellando a la oposición. En este contexto, las decisiones parecen ya estar decantadas, lo que hace difícil pensar que el acuerdo pueda abrir verdaderos espacios de consenso. Para que un pacto de esta naturaleza funcione, es esencial un debate amplio, participativo y transparente, algo que hasta ahora no se ha visto. En cambio, este acuerdo parece más una pantalla que un esfuerzo genuino por integrar la diversidad de voces del país”.
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