No pueden pasar de agache las insistentes advertencias que desde distintos sectores se están haciendo frente al reclutamiento ilegal de menores de edad por parte de las disidencias de las Farc en el occidente del Huila.
Ha sido ahora la Procuraduría General de la Nación la entidad que ha denunciado esa práctica macabra en los municipios de La Plata, La Argentina, Nátaga e Íquira, con especial énfasis de afectación en las comunidades indígenas de esta región que colinda con el departamento del Cauca. Por esta razón, el organismo de control ha recordado que “Las comunidades indígenas son sujetos de especial protección y destinatarias de las medidas de prevención ordenadas por la Corte Constitucional, para que se les garanticen las acciones necesarias, adecuadas y diferenciales a que haya lugar, de cara a su derecho a la libre determinación, y en consecuencia a establecer libremente su condición política y su desarrollo económico, social y cultural”.
Vale la pena detenerse a pensar en las afectaciones que el reclutamiento ilegal causa en la población infantil y en la sociedad. Además de ponerlos a combatir en muchos casos, los menores en las filas de las disidencias terminan desempeñando funciones de vigías, correos y cocineros. Y en el caso de las niñas, estas a menudo son obligadas a servir de esclavas sexuales.
Sobre el tema, la ONU ha advertido que “Independientemente de cómo sean reclutados y de sus funciones, los niños soldados son víctimas, y su participación en los conflictos acarrea graves consecuencias para su bienestar físico y emocional. Esos niños habitualmente son sometidos a abusos y la mayoría de ellos presencian muertes, asesinatos y actos de violencia sexual. A muchos de ellos se los obliga a cometer esas atrocidades y algunos sufren graves trastornos sicológicos a largo plazo. La reintegración de esos niños es un proceso muy complejo”.
Ante esta grave amenaza para el occidente del Huila, es urgente que las autoridades, en todos sus niveles, intensifiquen las acciones para proteger y salvaguardar a los menores de edad. No es hora de callar ni de quedarse inmóvil frente a las incursión de los actores armados ilegales en los territorios.
