Desde que se empezó a hablar hace ocho años de la construcción de la Unidad de Policía Judicial, UPJ, en el barrio Bogotá, en el sur de Neiva, se le dijo a la ciudad que iba a ser un lugar para albergar a los detenidos no condenados, cuya responsabilidad está manos de la administración municipal. Al tener la capacidad para recibir unas 150 personas, la UPJ sería clave en el plan de descongestionar los calabozos de las estaciones de Policía.
Y fue así como la Alcaldía Municipal empezó con el desarrollo del proyecto. Inicialmente, se llevaron a cabo los estudios y diseños, y luego el proceso de construcción, cumplido en su mayor parte en el gobierno del alcalde Gorky Muñoz. Las obras tuvieron un costo de más de $4.600 millones.
Sin embargo, lo que se ha venido a saber ahora es que, según la actual administración de German Casagua, la UPJ es una construcción “un poco endeble, un poco débil” que no está en la capacidad de ser centro transitorio de detención como se diseñó originalmente. Lo que se pretende ahora, de acuerdo con el secretario de Gobierno de Neiva, José Ferney Ducuara, es convertir la UPJ en un centro de traslado por protección, no sin antes llevar a cabo los arreglos y reforzamientos necesarios.
Dicho en otras palabras, se destinaron miles y miles de millones de pesos de recursos públicos para una obra que no va a cumplir el propósito para el cual fue concebida y contratada.
No es justo con los neivanos semejante improvisación. No es justo con los neivanos que los dineros de sus impuestos terminen financiando obras a medias. No es justo con los neivanos que el Estado represente ineficiencia, ineptitud y desgreño.
Urge que los organismos de control en Neiva tomen atenta nota y establezcan las responsabilidades a que haya lugar.
