El rector Pedro Reyes destacó que no se trata de un nuevo tributo, que recaudará aproximadamente seis mil millones de pesos anuales, y mencionó el paquete de inversiones en obras que ya está previsto.
A la iniciativa le faltan dos debates, en Comisión y Plenaria de Senado, para que se convierta en ley de la República. Luego deberá cumplir el trámite respectivo en la Asamblea Departamental para proceder el cobro en la contratación pública.
¿Qué plantea el proyecto de prórroga?
Recaudar recursos por el orden de los seis mil millones de pesos anuales por un periodo entre 12 y 15 años. La meta es recaudar 300 mil millones de pesos que serán destinados a obras de inversión para la acreditación institucional, dotación y construcción e infraestructura en todas las sedes, entre otras inversiones.
¿Cuáles son esos proyectos?
Tenemos un déficit en infraestructura que supera los 20 mil metros cuadrados. Por eso proyectamos la construcción de un nuevo bloque en la sede central para la Facultad de Educación, con un costo aproximado de 9.500 millones de pesos, lo que permitirá tener 45 nuevas aulas, laboratorios, oficinas, auditorio. Además la edificación de otro bloque para Facultad de Ingeniería, la que ha venido creciendo en oferta de programas.
¿Qué otras obras?
Necesitamos recursos para continuar el campus en Trapichito que tiene una inversión cercana a los seis mil millones de pesos, para la primera etapa, donde tendría espacios para las facultades de ciencias políticas; ciencias humanas y ciencias exactas y naturales. También se ampliará la Facultad de Salud. Invertiremos en tecnología de la información y comunicación; formación de docentes; y reposición de equipos obsoletos o adquisición para laboratorios, entre otras inversiones.
¿Y la acreditación?
Estos recursos serán muy importantes en el proceso de acreditación institucional que se está tramitando para el año entrante. La acreditación significa unos elevados estándares de calidad administrativos y académicos. Nosotros tenemos 10 de los 25 programas de pregrado con acreditación de alta calidad. Lo siguiente es la acreditación multicompus.
¿Qué importancia tiene este logro?
Es un logro no solamente para la universidad sino para la región, porque le significarían dos puntos en el margen de competitividad del departamento. Además nos permitirá recibir nuevos recursos. El Gobierno Nacional ofrece becas a estudiantes de escasos recursos por el programa ‘Ser Pilo Paga’, y solo las universidades acreditadas con alta calidad pueden beneficiarse de ese programa.
¿Cuál será la vigencia de la estampilla?
No va a tener vigencia. Lo que se está pidiendo es que se modifique, y pase de 30 mil millones como estaba establecido, a 300 mil millones, es decir que hasta que no se recaude es cifra, tendría vigencia esta ley. Lo que permitiría financiar obras por los próximos 15 años.
¿A quiénes se les va a cobrar?
A quienes celebren contratos con el departamento y los municipios. No sería un nuevo impuesto. Es una estampilla que ya rigió desde el año 1998 al 2013. Lo que estamos pidiendo es que se renueve para seguir recaudando.
¿Estima que los recursos recaudados han sido invertidos correctamente?
Sí, porque se pueden evidenciar las obras en todas las sedes, no solo en Neiva, sino en Garzón, Pitalito y La Plata. Precisamente este aspecto fue determinante a la hora de estudiar el proyecto en la Cámara de Representantes, porque pocos proyectos de estampillas se presentan tan bien justificados, lo que generó confianza para aprobar la prórroga.
¿Existe voluntad política?
Recibimos en su momento el respaldo del exgobernador Carlos Mauricio Iriarte, porque el proyecto fue radicado el año pasado y también del actual, Carlos Julio González Villa. Igual los mandatarios y concejales de Neiva, La Plata, Garzón y Pitalito donde tenemos que hacer el trámite para comenzar a recaudar esos recursos.
¿Hay antecedente de aprobación de prórrogas de estampillas?
Sí. El más reciente es la estampilla de la Universidad de Santander. Pero hay una política de no apoyar nuevas estampillas, con el argumento que viene afectado la contratación de los entes territoriales.
