Armando Mosquera, Pablo Rodríguez, Nelson Medina, José Chávez, Lennis Rojas, y Marlio Castro son los líderes sociales asesinados en el Huila durante este año que ya casi termina. Sus muertes se suman a la cifra nacional que llega a los 150 asesinatos en Colombia, según revelo la organización Human Rights Watch.
Los líderes sociales siguen siendo víctimas de amenazas, desplazamientos y asesinatos. El último homicidio ocurrió en el occidente del Huila, en el municipio de La Plata, en donde murió José David Chávez de tan solo 23 años, quien hacía parte de la comunidad indígena Nasa y realizaba actividades que beneficiaban a su comunidad. Los demás, fueron asesinados en los municipios de Tello, Gigante, La Plata, Tesalia y Elías.
Este hecho conmocionó a la población que levantó su voz de rechazo ante este lamentable episodio. Pero, este asesinato al igual que la de los otros 5 líderes sociales, no puede ser solo rechazado por quienes han sentido el dolor de su partida como sus familias y comunidades; por el contrario, hay que buscar cómo se protegen a quienes se han convertido en promotores de la defensa de los derechos humanos, ambientales, y actúan en defensa de cualquier denuncia sobre abusos y violaciones que afecten a sus comunidades.
Se le debe exigir al Gobierno Nacional y a los gobernantes electos, acciones concretas y la ruta a seguir para salvaguardar la vida de estos liderazgos territoriales, pues queda en evidencia la falta de capacidad institucional para enfrentar el fenómeno de asesinatos de líderes sociales que viene en ascenso y que generan una enorme preocupación.
Ahora, no se trata solo de mirar los asesinatos de líderes sociales de manera aislada, a esto se le debe agregar el aumento de secuestros y extorsiones que el Huila está viviendo por estar ubicado en una zona estratégica para los grupos al margen de la ley, y aún más por su conexión con el Cauca que pone en riesgo a los pobladores del occidente.
El llamado al presidente Gustavo Petro, es que haya coherencia con los territorios frente a su política de ‘Paz Total’, porque los resultados no se ven, y por el contrario, se evidencian difíciles condiciones de seguridad no solo para los defensores de derechos humanos sino para las comunidades en general.
