Hasta noviembre de 2016, Colombia era el segundo país en el mundo, después de Afganistán, en número de víctimas nuevas de minas antipersona y remanentes explosivos de guerra y el primero en el mundo en número de víctimas de la Fuerza Pública de estos artefactos explosivos. Y según el Centro Nacional de Memoria Histórica, Colombia es el único país de América en donde las guerrillas y otros grupos armados ilegales emplean estas armas a pesar de que su uso se encuentra prohibido por el Derecho Internacional Humanitario y la Convención de Ottawa. Colombia suscribió y ratificó este tratado mediante la Ley 759 de 2002.
Las cifras son escalofriantes. Entre los años de 1990 y 2017, Colombia registró un total de 11.481 víctimas de minas antipersona, de las cuales 7.028 eran miembros de la Fuerza Pública y 4.453 civiles. De las víctimas civiles, casi el 30% eran niños, niñas y adolescentes y desde el 2008.
De acuerdo con el Centro de Memoria, el empleo de estos artefactos no es aleatorio sino que responde a una lógica bélica. Sin embargo, el hecho de que estas armas sean activadas directamente por la víctima, y que además tal activación tenga lugar de forma diacrónica hace que sus efectos sean completamente indiscriminados.
Bajo ese contexto, el caso de la niña de 9 años de edad mutilada el pasado fin de semana por la explosión de una mina antipersona en la vereda Cristo Rey, inspección de Guayabal, Caquetá, y cuyo caso tuvo eco en el Huila luego que fuera auxiliada por tropas de la Novena Brigada del Ejército y trasladada a Neiva, remonta al país a ese doloroso pasado por el que ya transitó. Indiscutiblemente, tras la firma del acuerdo de paz de 2016, el número de víctimas por minas antipersona cayó drásticamente.
Toda la sociedad colombiana debe condenar públicamente el uso de minas antipersona por parte de las disidencias de las Farc. Y lo debe hacer sin ambages.
