El presidente Gustavo Petro defendió ayer su decisión de ternar a Gregorio Eljach, secretario del Senado, como candidato a la Procuraduría General de la Nación. El mandatario reconoció que su intención es evitar perfiles como el de Alejandro Ordóñez en el Ministerio Público, aunque él como senador votó por él.
El presidente Gustavo Petro defendió su decisión de postular como candidato a Procurador General de la Nación al actual secretario del Senado, Gregorio Eljach.
A través de redes sociales, el mandatario comenzó su mensaje aseverando que “no quiero un procurador que se pliegue al gobierno, pero lo que menos quiero es un procurador que convierta la Procuraduría en una policía política”. En este punto, recordó lo que hizo Alejandro Ordóñez mientras estuvo en el cargo, sus sanciones al ahora presidente, y también tuvo comentarios en contra de Margarita Cabello.
En ese orden de ideas, criticó lo que se habría hecho en dependencias como la Procuraduría y la Fiscalía. En cuanto al ente acusador, se fue lanza en ristre en contra de las últimas administraciones y hasta aseveró que se había perdido “la credibilidad del poder judicial”.
Aunque estaba defendiendo la designación de Eljach, en el resto del post en X el mandatario no se pronunció más frente al tema, sino que cuestionó algunas prácticas que se habrían enquistado en el ente acusador. “La justicia no puede ser arma política, o como dicen en inglés lawfare, la justicia debe ser poderosa, ciudadana e independiente de la política”, concluyó el mandatario.
Su mensaje fue una clara respuesta a columnas que criticaron la designación del secretario del Senado para la terna a la Procuraduría. Aunque han destacado la movida política, al mismo tiempo han expresado sus reparos ante la cercanía que tiene Eljach con distintos sectores políticos, lo que han denominado una politización del Ministerio Público.
El mensaje
El mensaje textual dice: “No quiero un procurador que se pliegue al gobierno, pero indudablemente lo que menos quiero es un procurador que convierta la Procuraduría en una policía política como hizo Ordóñez o Cabello.
En el uso de procuradurías y fiscalías como armas políticas extorsivas construidas bajo el cartel de la toga, Néstor Humberto Martínez y Barbosa/Mancera no sólo le quitaron libertad a la política, sino que destruyeron la credibilidad del poder judicial y entregaron a las mafias y a poderosos intereses particulares, secciones enteras de la justicia.
Lo que opera en la justicia privada dirigida por la corte arbitral, por ejemplo, debería contar con una vigilancia especial. No debe volver más una fiscalía construyendo una candidatura presidencial sobre la base de encarcelar competidores o extorsionar políticos sindicados para apoyarla, sobre la base de una inmensa impunidad con el crimen.
El fin de los procesos de investigación sobre la parapolítica, el sabotaje a la paz que hizo crecer de nuevo la violencia después del proceso de paz del 2016, el descreimiento en la justicia que es la base del incremento de percepción de inseguridad de las y los colombianos, la corrupción sin límite en el gobierno Duque, son las expresiones de una justicia diseñada por el Vargasllerismo y que bien podemos denominar como “el cartel de la toga”. La justicia no puede ser arma política, o como dicen en inglés lawfare, la justicia debe ser poderosa, ciudadana e independiente de la política”.