La demanda de Nicaragua contra Colombia ante la Corte de la Haya, que pretende ampliar la plataforma continental del país centroamericano, busca presionar a Bogotá para que acepte un fallo adverso anterior, aunque este nuevo recurso tiene pocas probabilidades de éxito, según analistas.
"Lo que Nicaragua quiere es que Colombia acate absolutamente el fallo, presionar al gobierno colombiano para que sometido a este nuevo litigio acepte" la sentencia de noviembre de 2012, dijo a la AFP Vicente Torrijos, profesor de relaciones internacionales de la Universidad del Rosario.
Ese fallo le otorgó a Nicaragua al menos 75.00 km2 de mar en el Caribe que estaban bajo jurisdicción de Colombia.
"El acatamiento del fallo es lo que está en la mira de los nicaragüenses, para luego negociar cuestiones secundarias como un acuerdo sobre pesca artesanal o el control antidrogas en el área", añadió Torrijos.
En la querella anunciada el lunes, Nicaragua pidió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que declare "el rumbo exacto" de su frontera marítima en el Caribe con Colombia, en la zona de la plataforma continental, sin perjuicio de derechos de terceros estados.
Managua justificó el recurso alegando que la posibilidad de negociar con Colombia se ha visto impedida por la reacción de este país a la sentencia de 2012, la cual considera inaplicable.
Además, adujo que como Colombia denunció el Pacto de Bogotá, que da base jurisdiccional a la CIJ, Nicaragua se vio "constreñida a tomar acción y proceder a presentar una demanda antes de que entre en efecto esa denuncia".
En una primera reacción la noche del lunes, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos indicó que no le sorprendía esa decisión y sostuvo que Colombia está preparada para hacer frente a las "infundadas pretensiones de Nicaragua".
En julio, Managua planteó a la Convención Internacional de Derechos del Mar una solicitud de reconocimiento de su plataforma marítima hasta 350 millas, lo que Bogotá tilda como una "ambición desmedida" que afectaría áreas que corresponden a Colombia, Panamá, Costa Rica y Jamaica".
Asimismo, el gobierno del presidente Daniel Ortega se declaró dispuesto a establecer una negociación con Colombia para aplicar el fallo de la CIJ, que considera "definitivo e inapelable".
Hace una semana, Santos declaró "inaplicable" la sentencia, argumentando que la Constitución colombiana le prohíbe modificar las fronteras mientras no haya un tratado con la contraparte.
Ese acuerdo debe ser aprobado por el Congreso, según explicó el mandatario al revelar lo que considera una estrategia para "defender la soberanía" colombiana en el Caribe.
El gobierno colombiano también ha expresado su disposición a negociar un tratado que fije los límites fronterizos con Nicaragua, pero antes esperará un pronunciamiento de la Corte Constitucional colombiana sobre la denuncia del Pacto de Bogotá.
La nueva demanda nicaragüense, sin embargo, tiene escasas posibilidades de éxito, declaró a la AFP Nelson Ruiz, experto en derecho internacional de la Universidad de Antioquia.
"Una nueva decisión sobre un asunto en el cual la Corte ya se pronunció sería una modificación al fallo inicial y eso no es posible", explicó Ruiz.
"Contrario a lo que muchos piensan, me atrevo a decir que Nicaragua estaría propiciando que en un nuevo fallo la Corte pueda irse atrás respecto de lo que le concedió", advirtió el experto, según el cual en seis meses la CIJ debería decidir si acepta o no la querella.
Empero, Torrijos cree que "la estrategia colombiana quedó erosionada con este nuevo movimiento de los nicaragüenses", pues Bogotá invitaba a dialogar a Managua sobre un tratado para aplicar la sentencia de La Haya.
"Nicaragua juega a la típica negociación que va a lo absoluto, eso significa elevar la tensión al máximo posible planteando de inmediato un nuevo litigio ante la Corte", afirmó Torrijos.
Al resolver la primera demanda en 2012, la CIJ confirmó la soberanía de Colombia sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y cayos adyacentes.
Pero también amplió la plataforma continental de Nicaragua en más de 90.000 km2, según Managua, y 75.000 km2, de acuerdo con Bogotá.