Argumentando una ‘urgencia manifiesta’ la Alcaldía de Neiva adjudicará a dedo el suministro de raciones escolares (no mercados) para estudiantes pobres de las instituciones oficiales. Oferentes afectados cuestionaron la medida.
Como si se tratara de una crónica ya anunciada, la Alcaldía de Neiva adjudicará a dedo, el último contrato para el suministro de las raciones escolares, antes de terminar el calendario académico.
El contrato tendrá un costo de 6.321,33 millones de pesos, asignados por el Ministerio de Educación para facilitar el retorno de la presencialidad.
Como lo reveló LA NACIÓN la licitación pública, convocada el 26 de agosto pasado (Resolución No. 1678 de 2021) fue declarada desierta luego de haberse aplazado en ocho oportunidades la audiencia de adjudicación.
El secretario de Educación, Giovanni Córdoba Rodríguez confirmó que en el curso de esta semana el contrato se adjudicará directamente, ante la falta de tiempo para preparar una nueva licitación.
Esta vez se contratará el suministro de raciones escolares y complementos alimenticios para preparar en sitio (no mercados) en las sedes principales de los 37 centros educativos públicos y 165 sedes anexas tanto urbanas como rurales de Neiva.
En total se contratarán a dedo, 38.091 raciones escolares(9.415 almuerzos y 28.676 complementos alimenticios) para estudiantes matriculados y registrados en el Sistema Integrado de Matrícula (Simat) de las 196 instituciones oficiales.
La puja
Según algunos de los oferentes, la verdadera puja se libraba entre Strategy Co. SAS representado por Manuel Fernando León Castillo, uno de los grandes contratistas de Norte de Santander y la Unión Temporal Nutrición Neiva representada por Carlos Andrés Farfán Álvarez, directivo suplente de la Cámara de Comercio de Neiva. Eran los favoritos.
Sin embargo, al revelarse los resultados de la evaluación final, el 6 de octubre, la primera opción la obtuvo la Unión Temporal Nutriendo Sueños Neiva, representada por Robinson Cely Cely. La empresa bogotana obtuvo una calificación de 99, 559.
El segundo lugar lo ocupó Strategy Co. SAS con 97,46 puntos. La tercera fue Lácteos Appenzell Neiva, radicada en Bogotá con 97,3 puntos. La cuarta Avoss con 96,825 puntos y el quinto lugar fue para la UT Nutrición Neiva con 95,50puntos.
Las dos últimas fueron Unidos PAE Neiva con 86,785 puntos y Nutriendo el Futuro de Neiva con 86,255 puntos.
Por debajo
“En nuestra posición quedamos con un porcentaje por debajo de lo que realmente debió ser asignado. Me explico: nosotros hicimos una serie de observaciones que no fueron tenidas en cuenta como la de puntaje adicional por contratación de discapacitado, deliberadamente no tuvieron en cuenta este ítem”, afirmaron voceros de la Asociación de Voluntades para el Servicio Social (Avoss)
La empresa con demostrada experiencia en otros procesos en el Huila dejó constancia que su propuesta no fue examinada con el mismo criterio ni le dieron el puntaje que correspondía.
“Nuestra inconformidad radica en que no fuimos evaluados con el mismo rasero de los demás y tenemos prueba de ello toda vez que nos desconocieron el puntaje y no dieron respuestas a nuestras observaciones que fueron publicadas a tiempo en la plataforma del Secop”, afirmaron.
Amarrada
La experiencia específica consignada en el pliego de condiciones definitivo, según otros oferentes, excluyó injustificadamente a los proponentes que tienen experiencia en ejecución de contrato PAE que se hubiera ejecutado mediante negociaciones en la Bolsa Mercantil.
“No solo estaría desconociendo la posibilidad de presentar esa experiencia específica, sino que los estaría excluyendo de la posibilidad de presentar propuesta en la licitación pública , colocándolos en desventaja frente a quienes no han ejecutado contratos PAE por intermedio de negociación en la Bolsa Mercantil”, resaltaron los proponentes.
“A su vez desconoce el principio de la pluralidad de oferentes dándole cabida a unos pocos en el proceso licitatorio. El hecho de no permitir certificados que acrediten experiencia en ejecución de contratos PAE expedidos por la Bolsa Mercantil limita el ingreso de proponentes, desconociendo los principios de la contratación pública de la selección objetiva y la transparencia, ya que amarra la experiencia a solo certificaciones expedidas por entidades territoriales, cuando los contratos PAE se han negociado en diferentes oportunidades por intermedio de la Bolsa Mercantil”.
¿Direccionado?
“No se puede afirmar escuetamente si estaba direccionado o no, pero fue obvio la UT Nutriendo Sueños contaba con el aval de Katherín Salas ya que fue evidente frente a los ojos de los demás oferentes que habían documentos de esa propuesta que no cumplían o que no eran válidos, por ejemplo el certificado de protocolo de bioseguridad el cual no estaba vigente y ella lo aceptó”, explicó otro oferente que pidió reserva.
El certificado de contratación de discapacidad estaba incompleto ya que no adjuntaron el certificado por parte del oferente donde se demuestra la cantidad de personas contratados con discapacidad y firmado respectivamente por el representante legal. El formato de compras locales no estaba bien diligenciado y no estaba acorde al pliego definitivo lo cual automáticamente le reduce puntaje.
Dicho y hecho
Como algunos de los oferentes imaginaban, el proceso abortó luego de ocho aplazamientos de la audiencia de adjudicación. Después de diez días de haberse revelado el informe de evaluación, la licitación fue declarada desierta.
La decisión fue confirmada por la abogada Katherine Salas Pérez, miembro del comité evaluador, quien presidió inusualmente la audiencia virtual.
“De acuerdo con la fórmula TRM a 30 de septiembre se asignó un puntaje equivalente al porcentaje establecido en los pliegos en los ciclos de menú”, explicó la jurídica.
“Una vez llegamos al informe técnico ponderativo diferente a los ciclos de menú, se presentaron ciertas incongruencias que no llegamos a posible aclaración ni se aceptó en su evaluación”, expresó Salas Pérez.
“El encargado de la calificación estimó que durante las dos primeras audiencias de adjudicación se requería ajustar los puntajes del factor técnico ponderativo diferente a los ciclos de menú en el que no hubo ningún acuerdo por parte del responsable técnico Germán Castañeda Varona, encargado de la Unidad de Cobertura Educativa”, explicó la evaluadora jurídica.
Según el secretario de Educación, Giovanni Córdoba, en la adenda surgieron algunas ambigüedades por permitir la dualidad en la interpretación en la tabla de puntuación que no dan lugar a una calificación objetiva y precisa. “Es decir, que se determinaron dos formas distintas de asignar puntuación ocasionando con esto que al calificar las propuestas en un sentido se favorezca a unos proponentes y se afecte a otros”, precisó el funcionario.
“Los rangos de valoración se superponen, generando una dualidad al momento de calificar”, explicó la jurídica, Katherine Salas.
De otra parte, los anexos, no fueron publicados conforme a la adenda, y, en vista del supuesto error inducido frente a los formatos de los anexos técnicos se decidió abortar el proceso.
“En aras de una ponderación objetiva, encontramos que algunos proponentes interpretaron de manera correcta la adenda y en otros casos no”, acotó Córdoba Rodríguez.
“Mal podríamos establecer un rasero objetivo por los resultados de la calificación final que se obtendrían si se interpreta de una u otra manera”, anotó.
El responsable técnico, Castañeda Varona, sugirió que no se le asignara puntos a ninguno de los proponentes habilitados y al presentarse incongruencias en el proceso de calificación el proceso se declaró desierto.
La medida quedó consignado en la Resolución 2097 de 2021, no publicada, lo que generó polémica.
Polémica
“La decisión de la entidad al declarar desierto el proceso es una decisión errada. Cuando hay una lectura de adjudicación la entidad debe sostener la adjudicación y no puede ni variar la lectura, ni tomar esta decisión diciendo que se declara desierto porque no hay un ganador, cuando ya hizo una lectura de adjudicación”, respondió uno de los socios del consorcio que ocupó el primer lugar.
“Tenemos dos opciones: demandar a la entidad e interponer el recurso de reposición. Por ahora, vamos a presentar el recurso de reposición para que la entidad asigne el proceso, porque en la lectura anunció un ganador”, explicó a LA NACIÓN.
En su opinión, esa decisión estaba cantada: el objetivo era declararlo desierto para luego contratarlo directamente por urgencia manifiesta, porque los niños necesitan recibir la alimentación. Por tiempo no alcanzan a tramitar otra licitación que demora por lo menos 45 días, cuando el calendario escolar termina en noviembre.
“La estrategia era declarar desierto el proceso, como ocurrió, para luego adjudicarlo directamente a quienes ellos quieran. Lo que la administración está haciendo es erróneo y va a terminar en demandas, como lo estamos pensando. Se va a demorar algunos años pero con seguridad que saldrá a favor”, subrayó.
¿Inseguro?
El Secretario de Educación puso en duda los resultados de la evaluación realizada por su equipo designado para el efecto.
“Me sentí muy inseguro frente a la evaluación. El equipo me recomendó pero como ordenador del gasto puedo distanciarme de esas recomendaciones. En la evaluación técnica tuve mis dudas porque hubo una falla de la orientación de los criterios”, admitió Córdoba Rodríguez.
“De las siete empresas habilitadas solo una cumplió los criterios, por ejemplo en compras locales y seis no cumplieron. Entonces para tener tranquilidad considero que ese tema no es claro y como ordenador del gasto puedo apartarme de esa recomendación”, aseguró el funcionario,
“Es mejor anticiparse y evitar esos líos. No se adjudicó ni se comprometieron los recursos y estamos a tiempo de corregirlo que uno supone que está mal”, anotó.
Urgencia manifiesta
Y como estaba cantado, una vez declarado desierto, y ante la premura y la falta de tiempo para iniciar una nueva licitación, el procedimiento era declarar la urgencia manifiesta y adjudicarlo a dedo.
“Esta semana tendremos que tomar la decisión para adjudicarlo directamente porque ya nos cogió el tiempo y tenemos que cumplir con la entrega de la alimentación en este mes de octubre”, confirmó Córdoba Rodríguez.
“Claro que tendremos que consultarlo, pero ya no hay tiempo para otro proceso y tendremos que entregar la alimentación escolar antes de terminar el mes de octubre”, subrayó.
Según uno de los oferentes, esa era la crónica de una historia anunciada.
“Eso lo puede decir el oferente pero yo en particular no tengo empresas conocidas, no tengo otro interés sino salvaguardar los recursos públicos”, insistió Córdoba.
Según los proponentes, los reiterados aplazamientos de la audiencia de adjudicación, dejó un inexplicable sinsabor y un mal presentimiento.
La idea era volver a calificar, esta vez con la opinión de un nuevo asesor jurídico que entraría a reemplazar a la evaluadora jurídica, quien salió el viernes pasado luego de la cuestionada audiencia. Finalmente decidieron declararlo desierto para poder contratar directamente.
“Esa es una mala lectura, mal análisis, esa es una opinión pero es una mala lectura”, respondió Córdoba.
“Es cierto que la asesora jurídica salió el viernes pasado porque se le venció su contrato, pero la decisión la tomé luego de consultar a otros asesores, a otros abogados que me recomendaron que ante las dudas era mejor declararlo desierto”, confirmó Córdoba.
Aunque el régimen de contratación estatal lo permite, previamente al anuncio de la decisión final no se autorizó ninguna intervención. El pliego establecía con claridad que durante la audiencia de adjudicación podrían intervenir los oferentes por una sola vez, hasta por un término de cinco minutos, no se permitió.
La evaluadora jurídica, quien presidió la supuesta audiencia, no concedió la palabra, comentó la decisión y cerró abruptamente el enlace virtual.
“Quienes asistieron a la audiencia pudieron observar el sesgo de la jurídica Katherine Salas hacia nosotros, pues nos cerró el micrófono, nos acortó el tiempo y fue totalmente grosera en su trato para con nuestra abogada y vocera en el proceso, eso fue algo que a luces se notó”, precisaron oferentes.
Varios oferentes inconformes anunciaron que interpondrán el recurso de reposición. Solo que la resolución aún no ha sido publicada no publicada, ni oficialmente notificada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop).
