Nuevos detalles de la escandalosa contratación en el Concejo de Neiva

Personal para apoyar administrativa, jurídica y técnicamente en el Concejo de Neiva durante el 2020 firmó contratos por valores superiores a los $30 millones, en muchas ocasiones, sin cumplir con la documentación requerida. LA NACIÓN revela hoy nuevos detalles del escándalo que salpica a la expresidenta del Concejo, Victoria Castro.

Lucía Sánchez

Temadeldía@lanación.com.co

Más de 70 contratos celebrados en el Concejo de Neiva durante 2020 los cuales presentarían graves irregularidades, tienen en el ojo del huracán a la concejal Victoria Eugenia Castro Silva, expresidenta de la corporación para la vigencia anterior, al igual que a la abogada María Salomé Bahamón Vargas, quien se desempeñó como secretaria general durante la polémica gestión.

En un revelador informe presentado en exclusiva por LA NACIÓN el día de ayer, se detalló que contratos ‘fantasma’, algunos no publicados en el Secop o subidos a la plataforma tardíamente y otros tantos celebrados sin el lleno de requisitos legales, hacen parte del cúmulo de presuntas anomalías que registrarían por lo menos 73 contratos, la mayoría de prestación de servicios (66), suscritos en el cabildo municipal el año anterior.

Los contratos que más registrarían irregularidades son por lo menos 15, en los cuales se habrían presentado varias anomalías en las etapas precontractual y contractual en los procesos suscritos en la corporación edilicia durante 2020.

Uno de ellos es el contrato 002 de 2020 celebrado entre el Concejo de Neiva y Carlos Hernando Ordoñez Acevedo, abogado laboyano, cuyo objeto era que el contratista prestara servicios profesionales, de apoyo a la gestión en la asesoría jurídica y administrativa de la mesa directiva del cabildo municipal, durante 11 meses, con fecha de inicio del 21 de enero del año anterior.

En el proceso contractual de este convenio que alcanzó los $31.500.000, no se diligenció la lista de chequeo para corroborar que el contratista cumpliera con todos los requisitos legales; además, el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y Registro Presupuestal (RP) del contrato suscrito el 20 de enero de 2020 fue publicado en el Secop tardíamente, hasta el 31 de diciembre del mismo año.

Y es que, por ley, tras suscribir un acto administrativo de carácter público, solo se dispone de 3 días hábiles para publicar la información oficial, pero en este caso, gran parte de la documentación de contratos que se firmaron en enero de 2020, se subió hasta diciembre, ya para terminar de liquidar los contratos.

Algo similar ocurrió con el contrato 008 de 2020, mediante el cual el Concejo de Neiva estableció un convenio con Mauricio Roa Fierro, el 20 de enero del año anterior, para que el ingeniero neivano, en calidad de contratista, prestara sus servicios profesionales como ingeniero de sistemas para soporte y mantenimiento técnico de los equipos de cómputo, todo el sistema informático y de vigilancia del cabildo municipal; contrato suscrito por un monto de $33.000.000 con un plazo de ejecución de 11 meses.

En este proceso contractual, tampoco se diligenció la lista de chequeo, además, que el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y Registro Presupuestal (RP) también fue cargado a la plataforma del Secop tardíamente, hasta el pasado 29 de diciembre, igualmente, el contratista no presentó tarjeta profesional ni certificado de vigencia.

Asimismo, llama la atención de sobremanera, el contrato de prestación de servicios 019 de 2020 suscrito entre el Concejo de Neiva y la ciudadana Alexa Katherine Flores Rivera, como unidad de apoyo para la concejal, y entonces, presidenta de la corporación edilicia, Victoria Eugenia Castro Silva, por un valor de $18.700.000 con un plazo de ejecución de 11 meses. Y es que, sobre este contrato no se conoce mayor información, pues no está publicado el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) ni Registro Presupuestal (RP), no existe acta de terminación, tampoco cuenta final e informe final, menos paz y salvo.

Contratos ‘fantasma’

Así como hay un cúmulo de contratos con presuntas irregularidades en su proceso precontractual y contractual, de algunos no se conoce absolutamente nada de documentación, otros tantos fueron anulados sin dejar rastro de información.

Estos son los Contratos de Prestación de Servicios (CPS): 035, 030 y 007 de 2020, los cuales no aparecen en la plataforma del Secop, tampoco en la página del Concejo de Neiva.

Por si fuera poco, en la vigencia anterior se suscribieron 5 convenios de mínima cuantía y 2 de selección abreviada que también presentarían inconsistencias.

Justamente en el contrato de mínima cuantía N. 003 de 2020, celebrado entre el Concejo de Neiva y la empresa Dismacom Ltda para la compraventa de equipos de cómputo, copiadora, escáner y servidor para el recinto, por un valor superior a los $14 millones, firmado por los partes el 18 de febrero del año anterior, no se encuentra rastro en la plataforma del Secop.

Para el caso del contrato de mínima cuantía N. 004 de 2020, suscrito por la corporación municipal, en cabeza de la concejal Victoria Castro, con la aseguradora HDI Seguros de Vida SA, con sede en Bogotá, representada legalmente por Juan Rodrigo Ospina Londoño, al parecer, en el proceso no hubo estudios de precios de mercado, el objeto de ese convenio estaba dirigido a la expedición de la póliza de seguro de salud para los 19 concejales de Neiva, por un valor superior a los $18 millones.

Es de recordar, que LA NACIÓN consultó a la contralora de Neiva, Elin Marcela Narváez quien afirmó que una vez revisada la información citada, el órgano de control empezó “una auditoría al Concejo de Neiva que abarca la contratación y algunos aspectos de las denuncias del año inmediatamente anterior. Hasta ahora estamos recibiendo la información de los requerimientos realizados, hemos tenido retraso debido a la falta de personal en el Concejo”.

Contratos con más presuntas anomalías