La decisión del Tribunal Administrativo del Huila de suspender el convenio que firmó la Alcaldía de Neiva, en la era de Gorky Muñoz, con la empresa de alumbrado público ESIP para desarrollar la actualización catastral de la ciudad, es el primer paso en el camino para corroborar lo que desde el principio se dijo: que ese multimillonario convenio olía mal.
A través de varios reportajes, LA NACIÓN reveló que tal convenio se suscribió sin respaldo presupuestal, sin autorización del Concejo Municipal, a puerta cerrada, en plena época de las fiestas del San Pedro. El convenio fue firmado el 28 de junio de 2023 con un plazo de ejecución de 15 años.
Aunque desde la prensa y un sector del Concejo se advirtió de lo lesivo que podría resultar ese convenio para las finanzas municipales, fue la Procuraduría la que hasta principios de este año encendió las alarmas: “El interés pactado es claramente remunerativo y está a una tasa alta lo que desnaturaliza en la existencia de cooperación interadministrativa y demuestra que se realizó una operación de crédito público soterrada y carente de todos los requisitos estudios y autorizaciones propias que deben venir del Concejo municipal de Neiva, entre otras”.
Tras la demanda del convenio, el Tribunal Administrativo ha anticipado que “Se tiene certeza que la gestión y operación catastral a cargo del municipio de Neiva en virtud de su calidad de gestor catastral, no fue autorizada por el Concejo Municipal de Neiva, dado que tal función pública fue incluida directamente por la junta directiva de la sociedad de economía mixta ESIP mediante una reforma estatutaria realizada al objeto social de la empresa”.
Corresponde ahora a la justicia que la demanda para definir la nulidad o no del convenio, sea tramitada de manera diligente, sin interferencias. Los magistrados tienen en sus manos la protección de las finanzas públicas de los neivanos.
