Una fricción entre la Electrificadora del Huila y las autoridades se generó tras un operativo militar en donde los uniformados se valieron de la imagen corporativa de la entidad para dar de baja a alias ‘Chuky’ en Vegalarga. “Esto nos convierte en objetivo de la delincuencia y pone en riesgo la vida de nuestros operarios”, dicen los directivos de Electrohuila. Mandos policiales y militares guardan absoluto silencio frente al tema.
Johan Eduardo Rojas López
Periodistamultimedia4@lanacion.com.co
Los directivos y trabajadores del Electrohuila, le reclaman a la Policía Metropolitana de Neiva y al Ejército Nacional por el uso de sus emblemas durante un operativo en donde fue abatido Juan Gabriel Silva Castro, alias Chuky’, en la vereda Piedra Marcada del corregimiento de Vegalarga, zona rural de Neiva, el pasado viernes 15 de marzo.
Y es que durante una rueda de prensa que tenía como objetivo dar a conocer los resultados positivos del operativo, un periodista le preguntó al coronel Alexander Castillo Marín, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, si era verídico que para el operativo fue necesario llevar algunos uniformados portando la imagen de la entidad de energía para ingresar a la zona, ante lo cual él contestó que “así es. Esta operación se da a partir de las propias capacidades de inteligencia, con manejo de fuentes humanas”.
Rechazo
Los primeros en pronunciarse fueron los trabajadores del sindicato de Electrohuila, Sintraelecol, quienes indicaron que, tras conocer y escuchar las declaraciones dadas, rechazaban enérgicamente la respuesta brindada y pidieron a los directivos de la entidad vinculada realizar los trámites pertinentes y necesarios para solicitar una rectificación inmediata por parte de la Fuerza Pública. también insistieron en su preocupación por haberlos involucrado de cierta manera en el conflicto armado.
“La empresa no tenía conocimiento ni autorizó la utilización en esa operación del uso de emblemas, uniformes, insignias, ni logos de la compañía (son marca registrada y de uso exclusivo) y ante la evidente violación del derecho internacional humanitario hay que exigir que Electrohuila sea excluida del conflicto armado”, expresaron los trabajadores.
Enfatizaron además que esto podría presentar un riesgo para el personal que tiene como misión atender las fallas de prestación del servicio que se da en las diferentes veredas. Lo anterior, debido a ser una empresa de servicios públicos que debe garantizar la prestación de la energía eléctrica en el área urbana y rural del Huila y unas áreas del Caquetá y Tolima.
“Reiteramos la necesidad urgente de que se aclaren todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que acompañaron la operación militar realizada, donde se establezca claramente que la empresa no tuvo ninguna participación en esa operación y que se garantice la seguridad de todos los funcionarios que allí laboran”, concluyeron.
“Esto nos convierte en objetivo de la delincuencia”
Ante esto, a través de un comunicado oficial, en la tarde de ayer, los directivos de Electrohuila manifestaron que en primer lugar, rechazan todo tipo de violencia y condenan toda acción encaminada a producir zozobra e intranquilidad entre la población, sin embargo, su labor en la región está enfocada a garantizar suministro de energía eléctrica a la población y, por esa razón, es fundamental poder llegar con sus operarios a todos los rincones de la geografía en donde operan.
“Debemos condenar y lamentar que las autoridades policiales y militares en su labor misional de contrarrestar a la delincuencia utilicen indumentaria e imagen de nuestra entidad para desarrollar sus labores de inteligencia, como fue reconocido en la rueda de prensa del consejo de seguridad en el que se dio cuenta de resultados operacionales contra organizaciones al margen de la ley”, se lee en el comunicado.
Según los directivos de la compañía, este tipo de comportamientos los convierte en objetivo de la delincuencia y como si fuera poco pone en riesgo la vida de sus operarios que diariamente deben dirigirse a los sectores rurales para adelantar reparaciones, labores de mantenimiento y supervisión de sus equipos localizados en zonas de difícil acceso.
En esa misma línea, solicitaron de manera “respetuosa, pero vehemente” que, en lo sucesivo a las fuerzas del orden, no utilicen indumentaria, vehículos o equipos, durante sus actividades en donde se identifiquen con emblemas que los caracterizan. Esto en aras de garantizar que el personal de la empresa sea confundido y así puedan desarrollar sus tareas sin temor a perder la vida en medio de la confrontación.
En silencio
Tras conocerse esta inconformidad, LA NACIÓN se comunicó con los comandantes de la Novena Brigada del Ejército y de Policía Metropolitana de Neiva, quienes no dieron ningún tipo de declaración oficial. No obstante, según fuentes extraoficiales, se estaría coordinando una reunión con los trabajadores agremiados en el sindicato para explicarles cómo se desarrolló realmente el operativo y aclarar la situación.
¿Cómo se desarrolló el operativo?
Luego de dos meses de inteligencia, la fuerza pública a través de un operativo militar logró ubicar y dar de baja a un autor criminal que operaba en el Meta, Caquetá y Huila.
Allí el Grupo Gaula Militar Huila de la Novena Brigada, con judicialización del Grupo Antiterrorista de la Policía y apoyo de Inteligencia de la Sipol y el Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación N.°5, en la vereda Piedra Marcada del corregimiento de Vegalarga, en zona rural de la ciudad de Neiva, lograron dar de baja a Juan Gabriel Silva Castro alias ‘Chuky’.
Durante el operativo, el sujeto fue abatido en medio del enfrentamiento armado con las unidades militares y policiales, en el cual un soldado resultó herido sin revestir gravedad. Además, fue capturado otro presunto disidente e incautado dos armas de fuego, munición, dos motocicletas y pasacalles alusivos al grupo armado los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad competente para su judicialización.
Según las autoridades, este hombre de 30 años era el jefe de finanzas de la columna ‘Darío Gutiérrez’ del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, grupo responsable de las extorsiones e intimidaciones a los gremios productores de Algeciras, Campoalegre, Hobo, Villavieja, Baraya, Tello, Neiva y Colombia.
Prontuario de alias ‘Chuky’
Alias ‘Chuky’, según inteligencia militar, tenía una amplia experiencia delictiva, pues durante tres años formó parte de esta estructura criminal. Inicialmente ingresó como guerrillero raso en el 2021, pasó a ser cabecilla de escuadra GAO-r en el 2022, en el 2023 escaló como cabecilla de la comisión de finanzas de alias Jhonny Vásquez y actualmente era el responsable de dar las órdenes para cometer las extorsiones e intimidaciones a nombre del Bloque Jorge Suárez Briceño.
Él, de acuerdo con el Ejército, fue el artífice de varios hechos que causaron zozobra en el departamento dentro de los que se encuentran: lanzamiento de granada en Algeciras, quema de vehículo de servicio público, atentado contra una planta de gasificación y secuestro de dos comerciantes, entre otros. Por último, su situación jurídica estaba enmarcada con antecedentes por los delitos de concierto para delinquir, extorsión y terrorismo.
