El dirigente huilense, vinculado desde hace más de 46 años con el sector agropecuario y pesquero del país, fue alcalde del municipio de Aipe y Secretario Departamental de Desarrollo Agropecuario y Minero.
Servir al Huila
En diálogo con LA NACIÓN, Cabrera reconoció la importancia de este nombramiento para el departamento, dada la situación que afrontan los arroceros por los impactos del fenómeno de ‘El Niño’.
“Para nadie es un secreto que los efectos climáticos han generado retraso en las siembras de arroz en todo el país, lo que repercutirá en las cosechas. Para el Huila esta postulación significa que vamos a trabajar más para que los pequeños productores accedan más fácilmente a herramientas tecnológicas que les permitan mejorar sus siembras y en el tema de créditos”, dijo.
El Huila conforma con Valle y Tolima uno de los tres bloques de producción del grano en el país. Los otros dos son conformados por los departamentos de los Llanos Orientales y los de la Costa Atlántica.
“Uno de los aspectos a destacar de mi nombramiento es el hecho de que la elección del Presidente de la Junta, es quien hace para que los departamentos con más producción tengan más participación en el cargo. El Huila, en comparación con otras zonas, es un pequeño productor del grano”, sostuvo Cabrera.
En el departamento sólo se están sembrando 15 mil hectáreas de arroz, siendo ampliamente superado por Casanare con 150 mil. La producción del bloque es liderado por Tolima.
Frente a la eventual importación de arroz, anunciada por el Ministerio de Agricultura, con un volumen de 150.000 toneladas del cereal desde los países de la Comunidad Andina con el fin de garantizar la estabilidad en el mercado, Cabrera dijo que era una medida necesaria.
“La producción en Colombia solo da para cubrir la demanda de 10 meses. Con el arroz de contrabando que llegaba de Venezuela o Ecuador se alcanza a cubrir una parte de esta necesidad. Sin embargo, debido al cierre de la frontera con uno de estos países y la cotización del dólar, se hizo necesario importar para cubrir el déficit y garantizar al consumidor nacional un precio razonable”.
