Confirmado. El Juez Primero Penal del Circuito, ordenó investigar a la contadora pública Diana Milena Gómez Claros, por el fraude financiero, planeado desde las propias dependencias de la Alcaldía de Garzón. Otros cómplices quedaron grabados en un video cuando retiraban el dinero.
RICARDO AREIZA
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El supuesto hacker Andrés Mauricio Carabalí, condenado por el robo de 581,20 millones de pesos de dos cuentas oficiales fue contactado por funcionarios públicos para un negocio fabuloso, comenzando la pandemia.
Según su apoderado, Carabalí, fue ubicado por varias personas, algunas de ellas pertenecientes a la Alcaldía municipal de Garzón, que lo buscaron y lo utilizaron para cometer el robo.
“Las personas que lo contactaron en el 2020 lo invitaron a participar de un negocio de elaboración de tapabocas, en virtud de la pandemia que se propagaba incontrolable por el mundo”, afirmó.
“Le indicaron que iba a recibir un dinero en su cuenta bancaria sin saber qué cantidad y por lo tanto procede a actualizar sus datos en el banco”, confirmó.
“Cuando recibió la primera cantidad de dinero el martes15 de abril de 2020, Carabalí la entregó a las personas que lo buscaron”.
Luego, el 17 de abril de 2020 retiró la segunda parte del dinero y nuevamente la entregó a las mismas personas.
Las operaciones fraudulentas coincidieron con otro escándalo que se destapó en esas mismas fechas en el hospital San Vicente de Garzón, por la compra de insumos de protección para médicos y personal sanitario, iniciando la pandemia.
Carabalí admitió que las transferencias ilícitas de dinero desde las cuentas bancarias de la Alcaldía de Garzón a su cuenta bancaria fueron efectivas. “Las transferencias sí se efectuaron”, enfatizó su apoderado, pero en complicidad con otras personas que no han sido investigadas por el fraude financiero.
El complot
Un día antes de la primera transferencia ilícita de dinero Carabalí realizó afanosamente la actualización de datos de la cuenta de ahorros, para prevenir dificultades a la hora del realizar los retiros.
El 15 de abril de 2020, previo al retiro de la primera suma de dinero, Carabalí realizó consultas de saldo de su cuenta bancaria en cuatro oportunidades.
Después de recibir la primera transferencia inmediatamente a los 45 minutos procedió a retirar el dinero por ventanilla, sin dificultades. Carabalí rehusó el acompañamiento policial.
El dinero, producto del robo, ingresó a su cuenta de ahorros a las 12:15 y escasos 53 minutos después, a las 13:07 lo retira.
“A pesar de llevar en efectivo 274.57 millones de pesos se negó a recibir acompañamiento policial cuando cualquier persona sabría del inmenso riesgo de hurto que ello puede representar al salir a la calle con esa gran cantidad de dinero”, anotó el juez.
“Ninguna persona que esté en medio de la ejecución de un delito quiere involucrar a las autoridades ante la eventualidad de ser descubierto”, explicó.
Lo mismo ocurrió con la segunda transferencia ilícita realizada el 16 de abril. La consignación se produjo a las 3:09 de la tarde y el retiro se produjo al día siguiente, a las 9:40 a.m. prácticamente a primera hora de apertura de la entidad bancaria.
El retiro fue por 304.333.000, de pesos, que realizó sin ningún reparo por parte de la entidad financiera. En este caso, tampoco quiso acompañamiento policial.
Quedaron en video
Esta vez, según la evidencia probatoria, Carabalí realizó el retiro acompañado de dos desconocidos. Los tres, quedaron grabados en las cámaras de seguridad internas del banco.
En los videos aparece Carabalí y otras dos personas cuando realiza el retiro de la millonaria suma en la sucursal de Davivienda en Cali.
Los videos fueron entregados por la entidad financiera donde se aprecia a Carabalí en compañía de otros dos hombres, cuya identidad se desconoce. Ninguno de los misteriosos acompañantes ha sido vinculado a la investigación que se sigue adelantando.
Por esta razón, el hacker fue condenado a 12 años y ocho meses de prisión como coautor del delito de hurto por medios informáticos y semejantes.
Por ahora, está probado que Carabalí no fue la persona que vulneró directamente los sistemas de seguridad establecidos por el banco. Pero su rol sí fue fundamental para consumar el ilícito.
“Era la persona encargada de recibir en su cuenta bancaria los dineros y retirarlos. Por tal razón, necesariamente debió existir una división de trabajo criminal entre varias personas de lo cual hizo parte el acusado asumiendo un rol específico. Circunstancia que lo hace igualmente responsable del delito”, explicó el juez Chacón Díaz.
El negocio
Carabalí aparece registrado como gerente de la empresa TC Company e Inversiones (TC Médica) con sede en Cali (Valle). La empresa por acciones simplificada fue registrada el 27 de diciembre de 2017. La matrícula mercantil fue renovada 19 de julio de 2019, según el certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio de Cali y el formulario de Registro Único Tributario.
Antes de su captura en mayo de 2020, Carabalí había realizado transacciones por 34,76 millones de pesos.
Carabalí, el supuesto hacker, abrió la cuenta de ahorro el 17 de enero de 2018. No presentaba movimientos bancarios constantes y antes de su detención realizó solamente seis transferencias a través del portal Pymes por valor de 4,19 millones de pesos de su propia empresa TC Company e Inversiones.
Según las autoridades, la empresa en ese momento no tenía capacidad logística, financiera y de personal para cumplir con un negocio de esa envergadura que supuestamente le plantearon los defraudadores.
¿Víctima?
Carabalí, según su abogado, fue víctima de un grupo de personas que lo utilizaron con engaños para que recibiera en su cuenta bancaria los dineros hurtados a la Alcaldía de Garzón, y de esta forma consumar los ilícitos. No obstante, esa hipótesis fáctica alternativa no fue acreditada.
Si hipotéticamente se aceptara que las trasferencias de dinero se realizaron como consecuencia de un negocio con la empresa gerenciada por el implicado con terceros, se preguntó el juez, ¿cómo entender que los dineros no ingresaron directamente a la cuenta corriente de la sociedad TC Company e Inversiones sino que fueron a parar directamente a la cuenta de ahorros que Carabalí tenía en el banco Davivienda?
“La única explicación sensata es que el negocio jamás existió y que se trató simplemente de una coartada creada por el procesado con el único fin de librarse de responsabilidad en estos hechos”, concluyó el funcionario judicial que estudió el escandaloso fraude.
En su criterio, resultaba poco creíble que la TC Médica con muy cuyos pocos movimientos de capital se comprometiera a vender grandes cantidades de tapabocas por más de $500 millones de pesos.
Disparate
Resulta disparatado aceptar, como lo sugirió la defensa, que Carabalí haya retirado un total de 578,91 millones de pesos y sin mayor reparo los entregara a terceras personas.
“Cualquier persona estaría prevenida ante tal situación y al menos se tomaría como mínimo el trabajo de corroborar en el banco que efectivamente los sujetos que solicitan la devolución del dinero sean quienes realmente lo consignaron”, explicó el togado.
Y menos, sin tomar precauciones, ni firmar documento alguno por lo menos, para comprobar que el dinero fue entregado.
Las pruebas en cambio sí revelaron con nitidez su participación en los hechos delictivos al punto de quedar al descubierto la cooperación de varias personas en la ejecución del delito.
A Carabalí le correspondió en esta operación fraudulenta, suministrar los datos de su cuenta de ahorros para que allí se consignaran los dineros públicos y una vez efectuada la transacción procedió a retirarlos.
La complicidad
También quedó demostrado que para realizar las transferencias necesariamente los otros autores del robo tuvieron que ingresar al portal empresarial del municipio, con el usuario, clave y código confidencial (token), asignado a la Tesorera de la Alcaldía de Garzón.
“Sin esta información resultaba imposible pasar el dinero de una cuenta a la otra”, insistió el operador judicial.
“En el presente asunto -agregó- está más que decantado que Andrés Mauricio Carabalí Rodríguez no es la persona que ingresa al portal empresarial o transaccional que el banco Davivienda había destinado a la Alcaldía de Garzón, desde el cual se hacen las dos transferencias de dineros públicos”.
“A menos que el implicado posea el don de la ubicuidad, le era físicamente imposible estar en los dos lejanos municipios casi al mismo tiempo”, acotó.
De hecho, quedó probado que Carabalí, el supuesto hacker, se encontraba en Cali cuando se lleva a cabo la intrusión que se realiza desde las instalaciones de la Alcaldía municipal tal y como se corrobora con la dirección IP oficial desde la cual la entidad pública normalmente hacía transacciones genuinas.
“De acuerdo con la valoración probatoria, salta a la vista la posible implicación que en los hechos delictivos puede tener Diana Milena Gómez Claros como Tesorera de la Alcaldía de Garzón (Huila)”, concluyó el Juez Luis Alberto Chacón Díaz.
La tesorera, acotó, era la única persona que por sus funciones sabía el usuario y contraseña para ingresar al portal transaccional o empresarial que había designado el banco Davivienda al municipio para manejar las cuentas bancarias desde donde se realizaron las dos transacciones de dinero ilícitas.
Además, el dispositivo que contenía el código “token” estaba bajo su exclusivo cuidado y el mismo jamás fue sustraído de su custodia o tenencia.
Sumado a lo anterior, Diana Milena Gómez Claros, la tesorera, manifestó en su primera declaración ante el juez que instruyó el proceso penal que cuando notó problemas con el portal transaccional el 16 de abril de 2020 se comunicó con la línea del banco, obtuvo un nuevo código, le hicieron cambiar de clave e ingresó a la plataforma. Esa fue su versión cuando supuestamente detectó dificultades técnicos en el portal institucional asignado para facilitar las operaciones en línea. Ese fue otro descache.
El descache
Ese sospechoso desacierto fue desmentido por la entidad financiera. Gabriel Cruz Marín, funcionario de la Gerencia de Seguridad Corporativa de Davivienda aseguró que esa gestión nunca se realizó.
“A través de la Coordinación de la Dirección de Operaciones Call Center, nos fue informado que para las fechas de los eventos, es decir 15 y 16 de abril de 2020, no se recibieron llamadas por parte del Municipio de Garzón o de la señora Diana Milena Gómez Claros, administradora del portal.
“Igualmente confirmaron que tampoco tienen registros en abril de los teléfonos oficiales registrados por el Municipio”.
La versión rendida por l tesorera, según la cual, habría recibido asesoría y cambio de claves, resultó falsa.
Investigada
“Por tal razón se remitirá copias de la presente actuación con destino la Fiscalía General de la Nación, para que investigue su conducta y determine si la misma configura o no algún delito”, confirmó el funcionario judicial.
Además, compulsó copia de la actuación judicial a la Procuraduría General de la Nación y a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía municipal de Garzón para que investigue si la conducta de Diana Milena Gómez Claros por acción u omisión puede ser constitutiva o no de falta disciplinaria.
Asimismo, remitió otra copia a la Contraloría General de la República para que investigue si la conducta de la funcionaria por acción u omisión puede ser constitutiva o no de un proceso de responsabilidad fiscal.
Por ahora, la funcionaria, permanece en el cargo, con el respaldo del alcalde Leonardo Valenzuela. Curiosamente, en este proceso, la administración municipal la principal afectada, no se constituyó en parte civil, en calidad de víctima.
