Al mejor estilo de Altamira, el municipio de Guadalupe, también está en riesgo el proceso de elección de Personero dado que realizó convenio con el mismo operador que hoy se encuentra bajo la mira de la Procuraduría. LA NACIÓN dialogó con el ex vicerrector de la universidad que hoy enfrenta duros cuestionamientos.
Johan Eduardo Rojas López
Periodistamultimedia4@lanacion.com.co
Guadalupe, Huila, se suma a la lista de municipios que tendría embolatada la elección de Personero, debido a las presuntas irregularidades que hubo en el proceso. Con este ya serían dos los municipios del departamento que estarían inmersos en esta controversia, que se suscitó, luego de que la Procuraduría General de la Nación haya advertido demandar a varias elecciones de personeros en el país cuya selección se haya adelantado con la Universidad Popular del Cesar, UPC.
Las alarmas se prendieron, después de que la Procuraduría Delegada Segunda para la Vigilancia Preventiva de Función Pública, recibiera un oficio suscrito por Oscar Pacheco Moscote, jefe de la Oficina Jurídica de la Universidad Popular del Cesar, UPC, en donde informó que el rector, Rober Romero Ramírez, no había autorizado convenios relacionados con el concurso público de méritos para la selección de los personeros municipales y distritales 2024-2028.
Esto originó no solamente incertidumbre dentro de los concejos municipales que desarrollaban sus procesos con esta universidad, sino que, se adelantara una vigilancia preventiva especial a los procesos de selección de personeros adelantados en 37 municipios del país, entre ellos, dos del Huila, específicamente en Altamira y Guadalupe que se encuentran exactamente en la misma posición.
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Razones que suscitaron la investigación
Frente a esto, el ente encargado de investigar, sancionar, intervenir y prevenir presuntas irregularidades concluyó que, no existieron protocolos de seguridad para la aplicación de la prueba de conocimientos con los cuales se debía verificar etapas importantes como las de organización y empaque de las pruebas; transporte, distribución y recolección de estas; planes de contingencia, entre otros. Lo anterior, afectando la cadena de custodia de las pruebas.
Además, que no contaron con mecanismos efectivos para garantizar la objetividad, transparencia y publicidad del proceso, en ninguna de sus etapas y como si fuera poco existieron presuntas anomalías de tipo administrativo en la universidad, en términos de gestión de calidad, por inexistencia de puntos de control de las actividades que realizaron.
Es así como, según el oficio presentado, no se comprometió técnica ni financieramente para adelantar procesos de selección, lo cual dejaría ver que no era un ente universitario idóneo para realizar procesos de selección público y abierto de méritos, toda vez que, no destinó herramientas humanas, informáticas, administrativas y financieras para tal fin.
Teniendo en cuenta esta información, las elecciones de personeros cuyo operador haya sido esta universidad, podrían haber infringido las normas en que deben fundarse y, por ello, la entidad emitió un documento a los concejos municipales implicados para que tomen las decisiones correspondientes en aras de evitar posibles demandas de nulidad. Sin embargo, cabe destacar que este documento fue enviado después de que ya se habían elegidos a los personeros municipales.
¿Se repite la historia?
Ever Antonio Aldana Medina, presidente del concejo de Guadalupe para el año 2023, aseguró estar completamente tranquilo respecto a esta situación que hoy pone en vilo la elección de personero en ese municipio. Esto en razón a que según él, actuó bajo norma y de manera responsable durante todas las etapas del proceso.
“Siempre procuré y velé por el desarrollo de un proceso transparente y legítimo en busca de que no se repitiera lo vivido con la elección de personero de hace cuatro años, que se convirtió en una odisea porque para ese momento la universidad escogida no tenía facultad para desarrollar ese proceso”, expresó.
Y recordó: “Hace cuatro años cuando la mesa directiva hizo el proceso, pues todo transcurrió sin ningún problema, pero a la hora de la posesión, salió un tema de ilegalidad. Ahí sí hubo un error de la corporación porque habían realizado el convenio sin constatar que la universidad tuviera toda la autonomía para poder hacer esa elección, mientras que ahora es diferente porque ya con esa experiencia, yo investigue y me asesore muy bien”.
Enfatizó de esta manera que, desde el inicio del proceso en donde se abrió convocatoria para elegir la universidad, hasta el día que figuró como cabildante, estuvo regido bajo la ley para evitar nuevamente este problema. Fue así como, desde que se posesionó como presidente de la corporación, empezó a asesorarse y luego de que dos universidades se postularan para llevar a cabo este proceso, decidió escoger la Universidad Popular del Cesar, UPC, lejos de imaginarse lo que ahora se vive.
La consulta
Pero eso no fue todo, pues decidió ir más allá, a tal punto de, según él, conseguir el número del procurador de Valledupar para consultarle sobre esta universidad y la respuesta fue positiva, por lo cual, decidió casi con los ojos cerrados arrancar el proceso con ellos.
Hasta el momento, dice estar esperando el desenlace de esta situación ya que nadie lo ha requerido.
No existió ninguna notificación para suspender el proceso
Por su parte, el actual presidente del Concejo de Guadalupe, Carlos Ferney Salazar, informó que, efectivamente tiene pleno conocimiento de lo sucedido por unos pronunciamientos de la universidad, además de que, el ente de control les ha solicitado una serie de documentos que ellos han hecho llegar.
Apuntó así que, “todo siempre estuvo acorde a lo que estaba estipulado en el cronograma, nosotros lo que hicimos fue continuar tal cual con la entrevista y posesionar. Como sabemos que se trata de un problema interno, no nos inmiscuimos y respetamos los entes de control. Nunca hubo ninguna notificación oficial de que nos pidieran suspender el proceso. Nosotros fuimos responsables en respetar el proceso y fuimos transparente como Concejo Municipal”.
Sin pausa
Esta situación que ya se preveía desde el año pasado, no detuvo el proceso de elección que siguió andando acorde al cronograma estipulado. Así lo explicó Orlando Cuéllar, concejal de Guadalupe, quien dijo que, el concurso de mérito solamente se podía detener con una orden judicial, la cual nunca existió y, por tanto, el proceso continuo porque la ley los obliga a realizar la elección antes del 10 de enero, de lo contrario, tendrían que enfrentar procesos jurídicos.
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“Yo tenía facultades plenas para adelantar ese tipo de procesos”
El ex vicerrector administrativo y financiero de la universidad, Orlando Seoanes Lerma, habló para LA NACIÓN y contó que, actualmente no está vinculado con la Universidad Popular del Cesar, UPC, debido a que pasó su carta de renuncia el primero de diciembre de la vigencia anterior por algunas diferencias de criterios con el rector del mismo plantel.
Detalló que desde finales de noviembre del 2023 iniciaron los inconvenientes cuando el rector de la universidad empezó a advertir a los concejos municipales de esos desacuerdos internos, lo cual generó la incertidumbre en las corporaciones. Para esa fecha el proceso se había avanzado en un 70% aproximadamente, es decir, que restaba un 20% de lo que le correspondía a la universidad.
Bajo esta lógica, para Seoanes Lerma, el presunto responsable resultaría siendo el rector, Rober Romero Ramírez porque está desconociendo unos actos expedidos por la misma entidad.
“Yo cuando firmaba un documento era a nombre de la universidad y no a nombre propio porque estaba actuando bajo las facultades que se me otorgaron. Eso desdibuja la seriedad de los procesos porque se pone en duda y genera incertidumbre, así como se desdibuja la imagen de la universidad. Entonces yo tenía facultades plenas para adelantar ese tipo de procesos y toda la contratación de la universidad administrativa porque esas facultades fueron autorizadas por el Consejo Superior y delegadas por el señor rector mediante acto administrativo”, argumentó.
Falta información
En esta situación en particular, según el ex vicerrector, lo que falta es información porque alguna de la que se ha emitido es falsa, por ello, él está elaborando un documento para hacérselo llegar al mismo Viceprocurador en aras de que tengan mayores argumentos de peso para poder determinar si hubo o no falla.
“La Procuraduría dice que la universidad no tiene idoneidad y eso es falso; dice que no tiene experiencia cuando la universidad tiene experiencia inscrita. Eso es muy complicado, no entendí al rector; yo tengo absoluta certeza de que lo que se hizo fue bajo la norma y los parámetros definidos en la ley”, sostuvo.
Finalmente, le pareció lamentable esta situación que por primera vez enfrenta esta universidad, a pesar de que ya en oportunidades anteriores había realizado este tipo de procesos de elección.
LA NACIÓN se comunicó con la universidad, pero hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.
