Francisco José García Lara
Somos un país de contrastes tal como lo demuestran los siguientes hechos:
Una precandidata presidencial arma bochinche porque le asaltaron su casa, olvidando que la Unidad Nacional de Protección únicamente resguarda a las personas, razón por la cual por lo que no puede encargarse de cuidar sus bienes. En contraste, los líderes sociales siguen siendo asesinados sin que se haya generado un verdadero rechazo, algunos tienen protección, otros no, pero la noticia se trata como parte del paisaje, pues lo que sucede en Bogotá y a ciertas personalidades es lo relevante, lo demás, así involucre la vida de las personas, es secundario.
Los alcaldes de varias ciudades manifiestan su inconformidad porque han quedado libres delincuentes que esperaban fallos definitivos en su contra, lo cual ha aumentado los índices de criminalidad en sus territorios. En contraste, nadie le exige a la justicia que cumpla, porque lo grave es que dejen libres después de años de esperar sentencia a ciudadanos que aun siendo malhechores tienen derechos, para la justicia no hay exigencias para que haga lo que tiene que hacer, poco importa la morosidad, lo importante es que los delincuentes sigan tras las rejas, sin importar que para hacerlo se violen los mínimos derechos.
De otro lado, exigimos apertura de los espacios políticos, pero cuando un partido cumpliendo las normas legales solicita una consulta popular aseguramos que es un despilfarro, olvidando que la base de una democracia es tener partidos fuertes y manifestaciones verdaderamente participativas para escoger candidatos. En contraste, nos sigue pareciendo adecuado que los seleccionados para representar los partidos sean designados mediante componendas y a dedo. Vociferamos pidiendo democracia, pero cuando tenemos la oportunidad de hacer uso de ella preferimos hacerla a un lado.
Después de cinco décadas de guerra se firma un acuerdo con las FARC que incluye entre otras cosas la participación en política de sus jefes. Una vez se comienza el trámite para que lo hagan proliferan las trabas porque que no deben hacerlo antes de pasar por la Justicia Especial para la Paz (JEP). En contraste, en el congreso hacen todo lo posible por entorpecer la aprobación de la JEP, o sea que exigimos su comparecencia ante dicha justicia, pero se hace lo posible por impedir que la misma funcione.
Algunos dirán que eso pasa en Macondo intentando justificar nuestra imposibilidad para ponernos de acuerdo y definir prioridades, pero la realidad es que simplemente vivimos pensando en primera persona, por eso es muy difícil que las iniciativas para el bien común prosperen.
