Han pasado ocho años desde que el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos acordó la paz con la guerrilla de las FARC-EP. En el Sur de Colombia, las y los firmantes resisten a pesar de algunos contextos desfavorables.
Por: Olmedo Polanco
Claudia Bermeo Cardozo aprendió a leer y escribir en la escuela rural, pero no pudo continuar el bachillerato en el pueblo. Integraba una familia campesina que vivía muy lejos de Baraya (Norte del Huila, a 45 minutos en carro desde Neiva) y no tenían allí comadre ni compadre que les garantizara posada para la niña. Había nacido el 30 de septiembre de 1988. Vivía en la vereda Río Negro, a tres horas de Baraya, y tenía que caminar dos horas diarias par ir y regresar hacia y desde la escuela rural de Venadito en límites con el municipio de Colombia. “La Libertad y El Dorado eran unas veredas muy lejanas al municipio y no había colegio para hacer el bachillerato. Orlando, mi papá y mi mamá, tendrían que enviarnos al pueblo a estudiar y pues económicamente no se podía”.
Claudia me ha dicho que ingresó a los 12 años de edad en las FARC “…no por gusto, sino presionada por la incertidumbre y el abandono estatal”. Era muy niña cuando las élites regionales crearon las Autodefensas Unidas de Colombia para enfrentar los embates de las guerrillas. Los grupos paramilitares habían nacido de milicias rurales formadas por los terratenientes en su lucha contrainsurgente. En el territorio operaba el frente: 17 ‘Angelino Godoy, refiere Claudia.
El 24 de noviembre, hace ocho años ya, el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP suscribieron un Acuerdo de Paz que supuso un punto final a más de medio siglo de confrontaciones armadas directas. En consecuencia, Claudia abandonó la guerra y se comprometió con la construcción de una paz estable y duradera.
Muy lejos de nuestros territorios del surcolombiano está la profesora Stefani Castaño Torres. A pesar de la distancia física transoceánica, investiga muy de cerca la configuración de las identidades de las excombatientes bajo un título que orienta sus preguntas académicas: ‘Configuration identitaire des Femmes ex-combattantes des Farc-Ep dans le sud colombien (2016-2024)’. Stefani, adelanta estudios doctorales en Sociología en la Université Paris Cité; y vive en Frontenex, región de Savoie, en Francia. “Las mujeres firmantes han abierto campo a la implementación del Acuerdo a partir de sus propios esfuerzos, a pesar de las dudas, los temores y las insatisfacciones”, me ha adelantado parte de sus apreciaciones la profesora Stefani, luego de recorrer geografías físicas y humanas en Huila y Caquetá. “Las mujeres firmantes en el sur de Colombia asumieron el reto de reivindicar la vida campesina en su reincorporación”. Quiere decir la investigadora que las excombatientes “…exponen el asunto de la redistribución de la tierra en el centro de las iniciativas de desarrollo y abren el espectro a una diversidad de formas de vida asociadas a la ruralidad colombiana”.
Pedagogía contra el odio y la estigmatización
Vladimir Valbuena Castro, conocido en la subversión armada como ‘Daneiro Santamaría’, está por estos días en Pitalito, en el sur del Huila. “Estamos trabajando sin cesar para que el pueblo colombiano se apropie del Acuerdo y para que la ciudadanía exija, mediante la participación política, la implementación de lo pactado en La Habana y refrendado en el Teatro Colón de Bogotá en el año 2016”. Valbuena ha recorrido territorios de Huila, Caquetá, Tolima y Putumayo, haciendo pedagogía de los acuerdos y dinamizando las veedurías ciudadanas que garanticen la implementación integral del Acuerdo de paz.
Vladimir nació en San Martín (Meta), el cinco de diciembre de 1968. Ingresó por voluntad propia en las FARC-EP en 1985. Es hijo de Raúl Valbuena Ferla, integrante del Partido Comunista y líder comunitario en Viotá (Cundinamarca) durante la década de los años 60 del siglo XX. Con su padre vivió hasta los nueve años de edad mientras estudiaba en la escuela de la vereda Puerto Brasil. Terminó la primaria en un centro educativo en las goteras del barrio ‘Pablo Neruda’, en Bogotá; hasta donde había llegado su madre Lucila, reconocida líder popular en el sector. La dirigencia del Partido Comunista de Colombia conformó en aquellos años la Central Nacional pro vivienda comunitaria (CENAPROV) y constituyó, además, los sectores de Nuevo Chile, Policarpa Salavarrieta y Julio Rincón. La mayoría de las familias provenían de la región de Sumapaz. Empezaba la década del 70 y en Colombia se conformaron distintos grupos insurgentes de izquierda que afectaron la seguridad de las élites económicas a través de retenciones y extorsiones.
“Mi mamá hacía reuniones a puerta cerrada y se ponían a debatir sobre temas que yo no entendía por ser un muchacho aún”, me contó Vladimir en entrevista que me concedió en Neiva el 23 de marzo de 2023. “Entonces yo solamente me arrimaba a la puerta y me ponía a escuchar, pero no entendía esos temas y me aburría”. En una de las reuniones clandestinas -recuerda Valbuena- “…apareció un hombre que parecía venido de las montañas y con él me enrolé, cuando tenía 17 años de edad, en el sexto frente de la guerrilla de las FARC en el Huila, que comandaba Miguel Pascuas; por los lados de Órganos, de San Luis para arriba”.
No todo queda en el olvido
“Siempre hemos creído en el tema organizativo. Nosotras, desde las FARC traíamos esa idea de la unión, de la fuerza del trabajo en equipo y eso no lo hemos perdido”, recalca Claudia Bermeo. ‘Cooagropaz’ es un ejemplo de organización empresarial creada en el postacuerdo. Víctor Hugo Silva Soto, también es firmante de los Acuerdos de Paz y es el representante legal de la cooperativa ‘Cooagropaz’. Me ha contado que nació en Baraya (Huila), en 1967. Ingresó a la edad de 15 años en las FARC-EP, en 1983, luego de que cayera asesinado su padre Alvaro Silva, líder social en la región. “Cooagropaz, es una organización que a pesar de la estigmatización, de las amenazas y de las dificultades propias, se ha mantenido y es un ejemplo empresarial”, comenta Víctor Hugo. “Es una organización importante para el bienestar de los firmantes, porque constituimos una alternativa”.
“Desde el 2018 empezamos a trabajar y sacamos adelante el Comité de mujeres de Cooagropaz. Creamos la organización de mujeres llamadas Asoemancipadoras. Nos ocupamos de la producción y comercialización de café que pronto estará en tienda”, complementa Claudia. “…poco a poco y sobre todo con respeto a las víctimas, venimos trabajando con la institucionalidad para lograr disipar los odios, el estigma, el señalamiento y la exclusión de los espacios de participación a ocho años de la firma del Acuerdo”, dice Vladimir. Es más, “…en el Huila nos ven con otros ojos; como personas, hombres y mujeres que le aportamos a la sociedad, que estamos comprometidos con la paz. Sobre todo, para que ella sea estable y duradera”, afirma.
A pesar de todo, el proceso ha tenido altibajos. “La centralización de los Acuerdos de Paz en Bogotá no permite una lectura acorde a lo vivido en los contextos territoriales”, dice Víctor Hugo. Explica que las y los firmantes “…estamos resistiendo los embates generados por los prejuicios, los señalamientos, la tramitología en el sistema financiero que no garantiza créditos ágiles, y la reconfiguración de los actores armados que entorpecen nuestro accionar como una comunidad propositiva”.
De la mano de organismos internacionales
“Somos sujetos políticos con presencia organizativa en los territorios, a pesar de que la institucionalidad nos haya querido dividir y tratarnos como simples dependientes de subsidios estatales”, reclama con ahínco Víctor Hugo Silva.
No menos importante es una particularidad planteada por Claudia Bermeo: “Nos ha tocado aprender a vivir en medio de otras prácticas culturales”. Expone que “En la organización subversiva convivíamos hombres y mujeres y nos relacionamos con disciplina y principios para trabajar por igual. Ustedes no se juntan para asumir las responsabilidades. Eso nos ha dado duro, pero estamos asimilando sus comportamientos”.
Según la profesora Castaño Torres: “Las mujeres han reinventado la identidad ‘fariana’ en positivo. Es decir que han potencializado las apuestas sociales y políticas del movimiento insurgente y luchan en colectivo por implementarlas en las actividades comunitarias y en sus estructuras familiares”.
Vladimir Valbuena considera que “Desde la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de paz, vemos con optimismo y beneplácito la vinculación y el apoyo inmenso que nos brinda Rosemary Dicarlo, Secretaria general adjunta de asuntos políticos y consolidación de paz de la Organización de Naciones Unidas”.
Finalmente, la investigadora Stefani Castaño, analiza, con relación a la implementación de los acuerdos, que: “…siempre existirán muchas dudas, temores e insatisfacciones. El presidencialismo en Colombia ha facilitado, desafortunadamente, que la implementación de los acuerdos de paz siempre tenga un acento de Gobierno más que de Estado. Unos esfuerzos de construcción de paz han tenido más prioridad que otros”.
