El Gobierno Nacional solicitará la declaratoria de ilegalidad del cese de actividades que adelantan los trabajadores de la Rama Judicial LA NACIÓN, Neiva El Gobierno Nacional solicitará la declaratoria de ilegalidad del cese de actividades que adelantan los trabajadores de la Rama Judicial y llegará hasta las últimas consecuencias las consecuencias que legalmente deban proceder, advirtió la ministra de Justicia Luz Stella Correa. La funcionaria explicó que con el propósito de encontrar un consenso sobre el sistema de remuneración de los funcionarios, empleados y trabajadores de la Rama Judicial, fue planteada una propuesta por parte del Gobierno Nacional, que partió del reconocimiento del derecho a una nivelación salarial que empezaría a operar desde el año 2013 y que fue aceptado por el Congreso de la República. A pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional, es lamentable que las diferencias entre los representantes de Asonal hayan impedido que la prestación del servicio esencial de Justicia volviera a la normalidad”, expresó en un comunicado. “El Gobierno no acepta ni aceptará un cese de actividades que compromete este servicio público esencial. Se insta a todos los trabajadores y empleados de la rama y de la Fiscalía a retornar a sus actividades y normalizar el servicio al que tienen derecho los colombianos”, indicó la titular de la cartera de justicia. En Neiva el acceso a la justicia fue interrumpido ayer, como en otras regiones del país. COMUNICADO El Ministerio de Justicia y del Derecho le comunica a la opinión pública que: Desde el pasado 11 de octubre fue declarado un cese ilegal de actividades por parte de los funcionarios, empleados y trabajadores de la Rama Judicial, orientado a reclamar una nivelación salarial. Con el propósito de encontrar un consenso sobre el sistema de remuneración de los funcionarios, empleados y trabajadores de la Rama Judicial, fue planteada una propuesta por parte del Gobierno Nacional, que partió del reconocimiento del derecho a una nivelación salarial en los términos de la Ley 4º de 1992, la cual empezaría en el año 2013. Propuesta que fue aceptada por el Congreso de la República al aprobar el presupuesto para la vigencia 2013. Dicha propuesta fue presentada a los representantes de los empleados y funcionarios de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación y fue evidente el beneplácito de tales representantes con el esfuerzo y la voluntad del Gobierno para escuchar inquietudes y estructurar fórmulas de solución. A pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional, es lamentable que las diferencias entre los representantes de ASONAL hayan impedido que la prestación del servicio esencial de Justicia volviera a la normalidad. 5. El Gobierno Nacional no acepta ni aceptará un cese de actividades que es abiertamente ilegal, dado el servicio público esencial que compromete, como en anterior oportunidad lo declaró la Honorable Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Laboral. Se insta a todos los trabajadores, empleados y funcionarios de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación a retomar sus actividades y normalizar el servicio público al que tienen derecho los colombianos. El Gobierno Nacional procederá a solicitar la declaratoria de ilegalidad de este cese de actividades y llevará los efectos de esta declaratoria hasta las consecuencias que legalmente deban proceder.