El Gobierno Nacional debe tomar en serio las amenazas contra los firmantes de paz y garantizar la seguridad de cada uno de ellos y la de sus familias. En ese sentido, es importante su intervención en la disputa entre las disidencias del Estado Mayor Central comandadas por ‘Iván Mordisco’ y las de la Segunda Marquetalia de ‘Iván Márquez’, exacerbada en los últimos días por el desplazamiento masivo de los excombatientes de las Farc de Miravalle, Caquetá, un espacio de reincorporación conocido por su oferta de turismo con rafting.
“Hemos quedado en medio de una absurda disputa entre las guerrillas del Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia hasta el punto del ahogo, sofocando las posibilidades de continuar nuestras operaciones turísticas y deportivas en nuestra vereda”, fue el mensaje que los excombatientes exteriorizaron y que refleja la incapacidad estatal para disipar una pelea entre dos grupos ilegalmente armados. Esta disputa, como es de conocimiento público, no es nueva. Durante los últimos dos años, las rencillas entre los ‘Mordiscos’ y la Marquetalia ha provocado enfrentamientos armados, masacres, desplazamientos forzados, entre otros hechos, en varias regiones del país.
Miravalle, jurisdicción de San Vicente del Caguán, se había vuelto un ejemplo no solo de legalidad sino de los proyectos de emprendimiento que muchos exguerrilleros de las Farc desarrollaron tras el acuerdo de paz sellado en el año 2016. Allí, en medio de las dificultades y el estigma de haber albergado en su territorio a alias El Paisa, el temido y sanguinario cabecilla de la columna Teófilo Forero de las Farc, varios excombatientes crearon una empresa de rafting que ofrecía una travesía por el río Pato. Para ello, contaron con el apoyo de la Misión de Verificación de la ONU. Así lograron despertar la curiosidad de más de 3.000 visitantes.
Ahora, el frente Iván Díaz, una de las estructuras del dividido Estado Mayor Central, declaró como “zona de conflicto” a Miravalle.
Este conflicto que pone en riesgo la vida de firmantes de paz representa claramente un desafío para la política de ‘Paz total’ del Gobierno de Gustavo Petro.