El Gobierno Nacional logró sacar adelante en cuarto y último debate la prórroga a la Ley 418 de 1997, conocida como la ley de orden público, que crea el marco legal para avanzar en la política de paz total y le da facultades al presidente Gustavo Petro para adelantar diálogos con grupos armados organizados.
Después de superar varias polémicas, incluida la que se vivió por cuenta de dos artículos que pretendían indultar y amnistiar a capturados en las protestas del paro nacional de 2021 y que fueron rechazados por Cámara y Senado, el gobierno está cerca de lograr su aprobación en el legislativo.
El proyecto, que tenía mensaje de urgencia, fue respaldado por las mayorías de la Cámara de Representantes, pero con algunos cambios, como el servicio social para la paz, que fue negado en la Plenaria del Senado, pero que sus impulsores lograron revivir en este último debate.
Otro tema importante tiene que ver con la posibilidad de que desertores del proceso de paz puedan negociar con el gobierno nacional, gracias a dos proposiciones que fueron negadas y que buscaban cerrarles la puerta a esos beneficios.
De esta forma, lo aprobado hace que la paz sea una política de Estado e incluye disposiciones como la creación de Regiones de Paz, que según el ponente Alirio Uribe, serán lugares claves liderados por la participación de la sociedad civil, los gremios y asociaciones, para “construir paz real”.
