RICARDO AREIZA
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El ex rector de la Universidad Surcolombiana, Pedro Reyes Gaspar tendrá que explicar hoy ante la Fiscalía las dudas de los cuestionados procesos de elección del contralor y Personera de Neiva.
El funcionario fue citado en calidad de indiciado a un interrogatorio por los escandalosos episodios por los cuales fueron capturados diez concejales y otros servidores públicos.
La diligencia se surtirá a partir de las ocho de la mañana ante el fiscal 12 seccional de Neiva, Rodrigo Hernández Fierro, quien viene instruyendo el espinoso caso al que además responden el empresario René Cantillo, supuesto financiador y el coordinador del Grupo de Proyectos Especiales, Luis Antonio Medina, encargado de adelantar los concursos para personeros.“Está citado a un interrogatorio en calidad de indiciado para que explique los hechos objetos de investigación”, confirmó el director seccional de Fiscalías, Justino Hernández.
El académico será investigado preliminarmente por los supuestos delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos, derivados de los polémicos concursos realizados en 21 municipios del país.
La citación, que no implica ninguna imputación formal, fue hecha dentro de las investigaciones que se continúan adelantando por los probables sobornos hechos que se realizaron para asegurar la elección del contralor José Hildebrand Perdomo y la personera, Heidy Lorena Sánchez, actualmente privados de su libertad.
Las peticiones
La primera solicitud la hizo el procurador judicial Alejandro Agudelo Parra durante las audiencias concentradas, considerando que en el proceso no estaban todos los servidores públicos que tuvieron injerencia directa o delegada en la cuestionada contratación.
“Aquí-dijo- hay unas responsabilidades claras y alguien tiene que saber qué fue lo que pasó con la empresa ‘Sigma’, quien puso los cuatro millones frente a Sigma, quien fue hablar a Sigma a nombre de la Universidad, que hizo la Universidad cuando se habló en nombre de ellos en Sigma, ¿dónde están las investigaciones internas?, ¿quién respondió? ”.
El Procurador Judicial insistió en que Reyes Gaspar, quien suscribió los contratos tiene que dar explicaciones sobre los concursos realizados en ocho departamentos, entre ellos el Huila.
El agente de la Procuraduría advirtió que “la Fiscalía está en la obligación de investigar con toda precisión, con toda claridad quien pagó a Sigma, qué roll jugó el Rector de la Universidad que suscribió ese contrato y qué fue realmente lo que pasó”. La
“Aquí falta investigación, que nos expliquen por qué ese alguien no está vinculado al proceso, y concretamente ese alguien fue quien suscribió el contrato por parte de la Universidad Surcolombiana, que no es otra persona que el Rector…”, afirmó el agente del Ministerio Público.
Esa posición, al parecer, forzó a la Fiscalía a citarlo a este interrogatorio para determinar el origen del bochornoso episodio.
Reyes Gaspar, defendió en todos los escenarios, la legalidad de los contratos y la gestión de Medina Arias. “Tengo la conciencia tranquila”, aseguró mientras calificaba de injuriosas las dudas de esa contratación.
Los probables sobornos originaron la captura de 14 implicados, entre ellos diez concejales.
Manipulación
Las pruebas aplicadas para escoger a la Personera y Contralor registraron graves anomalías. En Neiva, al parecer, fueron manipuladas para beneficiar a la ganadora.
La Grupo de Proyectos Especiales aplicó el mismo concurso en otros 35 municipios de ocho departamentos del país. Los procesos se adelantaron entre el 13 de noviembre de 2015 y el 8 de enero de 2016.
Los convenios interadministrativos de cooperación fueron firmados por el rector Pedro Reyes Gaspar. En el caso de Neiva, lo suscribió con el presidente del Concejo Luis Eduardo Penagos el 12 de noviembre de 2015.
La firma se hizo sin autorización de la mesa directiva de la corporación y sin que la Usco estuviera habilitada por la Comisión Nacional del Servicio Civil para realizar estas pruebas de selección de personal.
La ejecución del convenio le fue delegada a la Vicerrectoría de Investigaciones a cargo de Ángela Magnolia Ríos Gallardo, quien fungía como coordinadora de los concursos.
El director de proyectos especiales, Luis Antonio Medina Arias firmaba como supervisor. Los convenios tenían el visto bueno del jefe de la Oficina Jurídica José Hildebrand Perdomo.
La vicerrectora de Investigaciones, Ángela Magnolia Ríos Gallardo, aparecía como coordinadora de los concursos. Sin embargo, fueron estructurados y coordinados por Medina Arias.
El centro superior ofreció el acompañamiento de la Facultad de Ciencias Jurídicas con los programas de Derecho y Ciencia Política, Economía, administración de empresas, Contaduría y la maestría de Derecho Público, entre otras. Sin embargo, ninguna de estas áreas intervino en la elaboración y ejecución de las pruebas en 36 municipios.
Aunque Reyes insistió en que si participaron los decanos públicamente lo desmintieron, lo que generó, las dudas.
“Lo que si no se puede decir, es que el señor Rector venga y diga que las Facultades están interviniendo en el cumplimento del proceso contractual con el Concejo y los decanos vengan a desmentirlo, y no pasó nada”, insistió Agudelo Parra.
Ahora, con los mismos vacíos, la Fiscalía decidió citarlo en calidad de indiciado para que aclare esas circunstancias. De los resultados y explicaciones que aporte, la Fiscalía decidirá si lo vincula o no a la investigación que se adelanta actualmente.
Las medidas de aseguramiento proferidas en septiembre pasado fueron impugnadas. Un juzgado penal del Circuito definirá a mediados de diciembre si confirma o revoca las medidas cautelares.