Indudablemente el sector minero – energético es el más dinámico y es el que viene jalonando el mayor crecimiento de la economía en la última década y de allí que haya venido ganando una participación cada vez mayor en el PIB Indudablemente el sector minero – energético es el más dinámico y es el que viene jalonando el mayor crecimiento de la economía en la última década y de allí que haya venido ganando una participación cada vez mayor en el PIB nacional. De ello no hay duda, al cierre del 2010 la participación en el PIB de la minería se igualó con la del sector agropecuario (7%), después que aquél participaba con sólo el 2%. Hoy en día la minería sin el petróleo representa el 2.21% del PIB, 24% de las exportaciones, 30% de la inversión extranjera directa (IED) y 19% de las regalías. Según el ministro de Minas y Energía Mauricio Cárdenas, el sector minero – energético es el que más contribuye a la financiación del Estado, con una participación del 21%. Este auge de la minería atrajo el interés de los inversionistas extranjeros y nacionales, pero también de los avivatos, aventureros y delincuentes, que ven en la minería una fuente para la financiación de sus protervos fines y también para lavar activos. La proliferación de licencias, expedidas sin ton ni son, a la topa tolondra, sin más requisitos que la cédula de ciudadanía y una débil institucionalidad del sector, que andaba al garete y carcomida por la corrupción, permitió, cuando no cohonestó, la captura de buena parte de la minería por la ilegalidad. Las consecuencias no se hicieron esperar, se adjudicaron áreas vedadas para la minería, como los páramos, los humedales y territorios ancestrales y, como en río revuelto ganancia de pescadores, la actividad minera se puso al servicio de mafias organizadas y en combustible de la guerra. Además del daño económico y fiscal infligido al Estado, este ha venido siendo cooptado en muchas regiones por estos actores a través del deletéreo influjo de esta economía sumergida, que además se convierte en la gran lavandería de dineros mal habidos. Y de contera han venido causando un devastador impacto ambiental, exacerbado por la misma ilegalidad. Y ello es entendible porque esta minería está fuera de todo control. Esos polvos tenían que traer estos lodos! En Colombia por cada 100 minas legales hay aproximadamente 51 ilegales; de ese tamaño es la problemática. Se suele cometer muy a menudo el error de meter a toda la minería ilegal en un solo saco. La verdad sea dicha, desde siempre en Colombia ha existido minería ilegal y han sido repetidos los intentos, frustrados todos ellos, de legalizarla. Así como nadie califica a los narcotraficantes como exportadores ilegales, ni a los contrabandistas como importadores ilegales, como tampoco se les llama a los corruptos tramitadores ilegales ante el Estado, esa actividad en el sector minero de la cual se sirven los señores de la guerra y los narcotraficantes además de ilegal es criminal. Y no se puede confundir con aquella al pequeño y mediano minero que sigue en la ilegalidad y más que en la ilegalidad en la informalidad, igual que existe en los otros sectores de le economía, como son la industria, el comercio, la agricultura o los servicios. Hay que separar la paja del grano. Para estos el tratamiento debe estar encaminado hacia su formalización. No se debe entonces, satanizar ni criminalizar la minería informal. Para la minería criminal, en cambio, sólo cabe combatirla con toda la energía y contundencia, convertirla, como lo anunció el Presidente Santos “en un objetivo de alto valor”. Así de claro!