El destacado jurista asumió la defensa en reemplazo del abogado huilense Jesús Antonio Marín Ramírez, sustituido abruptamente a finales del año pasado. Iguarán Arana asistirá hoy a la audiencia de acusación por una presunta desviación de recursos del régimen subsidiado, ocurrida hace siete años con la clínica Valle de Laboyos.
En el sonado caso también debutarán otros dos pesos pesados, protagonistas en casos judiciales de relevancia nacional: Jaime Lombana Villalba, defensor del médico Rodrigo Cleves Rodríguez y el exdirector nacional del CTI Hernán Gonzalo Jiménez Barrero, apoderado de Carmen Helena Silva Núñez, representantes legales de Revivir IPS Clínica Valle de Laboyos.
Como abogados de apoyo asistirán igualmente los destacados penalistas José Ricardo Falla y Sheiber Cuenca Galindo.
En una primera fase de la operación Ariza Quintero fue detenido el primero de junio de 2015 con cuatro exalcaldes de Garzón, La Plata y Pitalito y seis exgerentes de las clínicas Mediláser y Revivir IPS.
Cleves y Silva fueron capturados el 7 de julio de 2015, en una segunda fase de la operación. El exalcalde de Pitalito, Carlos Arturo Giraldo, quien firmó el contrato, también fue detenido en Neiva, en momentos en que se desempeñaba como Secretario de Educación de Neiva. El funcionario, falleció el 15 de septiembre luego de haber sido sometido a una delicada intervención quirúrgica.
Ariza Quintero afronta otra investigación pendiente de fecha para la iniciación del juicio. En diciembre de 2013 fue acusado en su calidad de representante legal de la ARS Cajasalud en otro proceso similar. También fueron acusados el ex alcalde de Garzón Clodomiro Rivera Garzón y la representante legal de la clínica Mediláser María Cistina Vargas Urazán.
Por este caso, el 16 de febrero de 2016 la Fiscalía ocupó con fines de extinción de dominio un total de 35 bienes, 27 de Ariza Quintero y su núcleo familiar, además varias propiedades de la sociedad Revivir IPS, entre ellas las tres oficinas y las sedes de sus establecimientos comerciales en Neiva y Pitalito.
Nueva acusación
El escrito de acusación contra Ariza Quintero, Cleves Rodríguez y Silva Núñez, fue radicado por un fiscal de la Unidad Nacional Especializada contra la corrupción el 5 de noviembre de 2015.
El fiscal les imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad ideológica en documento público.
Los hallazgos
Los tres imputados son investigados por la presumible desviación de recursos, en un contrato celebrado entre la Caja de Compensación Familiar del Huila, y Revivir IPS Clínica Valle de Laboyos, entre los años 2009 a 2011 para prestación de servicios a los afiliados al régimen subsidiado de salud.
El contrato, como en los demás casos que son investigados, se realizó conociendo que la clínica no estaba habilitada para prestar los servicios, ni contaba con la infraestructura física adecuada.
“Aparentemente -dijo- Comfamiliar contrató con la ESE San Antonio de Pitalito la prestación de los mismos servicios, para los mismos beneficiarios, que previamente estaban contratados con Revivir IPS Clínica Valle de Laboyos, bajo la modalidad de evento controlado por una cuantía de 800 millones de pesos; es decir, que se contrataron y se pagaron dos veces los mismos servicios para beneficiar a las mismas personas”, aseguró el entonces director nacional anticorrupción de la Fiscalía Mario Montes Giraldo.
“Aunque había un contrato por 1.300 millones de pesos firmado con Comfamiliar, la clínica privada recibía 3.000 millones de pesos hasta 2013”, aseguró el vocero del ente acusador.
“Además -precisó- como no tenía la capacidad técnica ni administrativa, la IPS contrató los servicios con el Hospital San Antonio de Pitalito por 800 millones de pesos, lo que podría determinarse una triangulación”, aseveró Montes.
Clínica cerrada
La Fiscalía concluyó que Revivir IPS nunca prestó, ni pudo haber prestado ninguno de los servicios que contrató porque no tenía habilitación, infraestructura y estaba cerrado por sanción de la Secretaría de Salud del Huila.
En esa fecha la IPS Revivir, no se encontraba habilitada para su funcionamiento (no cumplía con los requisitos técnicos ni científicos para su permanencia en el sistema) ni tenía la infraestructura adecuada para la prestación de servicio a beneficiarios del régimen subsidiado.
En efecto, en noviembre de 2009, la Secretaría de Salud del Huila, la autoridad competente, sacó del sistema a la IPS Revivir Ltda Clínica Valle de Laboyos por no cumplir los estándares que exige el Sistema Único de Habilitación. En julio de 2010 el impuso una sanción.
