¿Puede un gobierno de izquierda, como el del presidente Gustavo Petro, tener una política de seguridad que garantice la vida y honra de los colombianos? ¿Son compatibles las ideas de este régimen con una estrategia que mantenga a raya a los grupos ilegales y combata eficientemente la criminalidad? Esas son las preguntas que, un año después, todavía están pendientes por responder quienes ostentan el poder.
Los recientes ajustes en la policía, bajo la batuta del hábil general William Salamanca y otras apretadas de tornillos que vendrán en los próximos días por el lado de las fuerzas militares, parecieran indicar que el gobierno comienza a entender que sin un esfuerzo adicional en materia de seguridad, no hay ‘paz total’ posible, ni clima social que aguante tres años más de un gobierno que no se tome en serio la vida de líderes sociales o de las comunidades oprimidas como las del Cauca que han padecido el recrudecimiento de la violencia.
Los cambios deberían incluir también al ministro de defensa. A Iván Velásquez le quedó grande la tarea y necesita cuanto antes un relevo. No basta con pregonar transparencia en las fuerzas militares, o haber purgado, como lo hizo, las filas de altos oficiales, descabezando generales que tenían capacidades muy importantes, sino que se necesita un liderazgo asertivo y una comunicación permanente con quienes tienen el monopolio de la fuerza. En terreno se ha sentido esa ausencia y, aunque no se diga en voz alta, la moral de las tropas sí parece estar mermada.
Este gobierno acierta en su diagnóstico frente a las drogas pero en la ejecución de su estrategia se necesita más compromiso. Un general como Salamanca, pudiera ser clave en el ministerio de defensa y un almirante como Francisco Cubides, quien hoy está al frente de la Armada, pudiera ser útil en la jefatura de las fuerzas armadas, por su experiencia en algo que ha resultado clave en este gobierno aunque no se le reconozca: la interdicción que evita golpear al campesino cocalero que no tiene más opciones, pero le genera pérdidas notables al narcotraficante cada vez que cae el producto ya procesado y listo para la venta.
Ese enfoque y la lucha por el control del cañón del micay son correctos y el gobierno los entiende así. Se necesita consistencia, buenos líderes y decisión para que las ideas sociales y la seguridad puedan ir de la mano en lo que le resta de mandato al presidente. ¿Lo logrará?
