La Procuraduría solicitó la nulidad a la sentencia contra los Nule estimando que se vulneraron garantías procesales. Además, pidió que se incrementen las penas impuestas. La Procuraduría solicitó la nulidad a la sentencia contra los Nule estimando que se vulneraron garantías procesales. Además, pidió que se incrementen las penas impuestas. LA NACIÓN, Bogotá La Procuraduría General de la Nación solicitó al juez 38 Penal del Circuito de Bogotá la nulidad de la sentencia proferida contra de los primos Miguel, Eduardo, Manuel, Guido Alberto Nule y Mauricio Galofre Amín por los escándalos de corrupción en Bogotá por considerar que se vulneraron garantías procesales. Según el Ministerio Público la condena proferida por ese despacho judicial el pasado 15 de diciembre de 2011, sentenciándolos a las penas principales de 90 meses de prisión, los 3 primeros, y 72, el último, desconoció el marco de la imputación en cuanto a las circunstancias de mayor punibilidad. Los procesados se allanaron a los cargos de peculado por apropiación en concurso homogéneo sucesivo. La solicitud busca que el Tribunal Superior de Bogotá decrete principalmente la anulación del fallo de primer grado por considerar que la condena es indigna. Aumentar penas De manera subsidiaria, el ente de control solicitó que se incremente el ‘quantum punitivo’, es decir, las circunstancias relacionadas y la mayor punibilidad existentes en este caso, que no fueron tenidas en cuenta por el funcionario de instancia. La Procuraduría puso de presente la ilegalidad del fallo al haberse aprobado el allanamiento a cargos que beneficiaban a los señores Nule y Galofre, sin que estos hubieran reintegrado el valor de lo apropiado y con lo cual fueron condenados a una pena que no corresponde a una sanción digna y proporcional al daño causado. Actividad ilícita Asimismo solicitó al Tribunal Superior que al resolver el recurso se proceda a restablecer el fallo en el sentido de incrementar la sanción atendiendo dichas circunstancias de mayor punibilidad imputadas por la Fiscalía General de la Nación. Entre ellas están el haber actuado en la actividad ilícita en coparticipación criminal y aprovechando la posición distinguida que los sentenciados ocupaban en la sociedad, por su cargo, posición económica, ilustración, poder u oficio como empresarios de la construcción que los hiciera merecedores de ser beneficiarios para adjudicarles varios contratos. “Con la anterior petición, la Procuraduría busca el restablecimiento del ordenamiento jurídico, la protección del patrimonio público y la defensa de las garantías fundamentales dentro de la actuación, expresando su inconformidad frente a una decisión judicial que no corresponde a la función de la pena y de lucha jurídica contra la criminalidad de cuello blanco que afecta los intereses del Estado y de la ciudadanía”, estimó el ente de control.