La demanda de pérdida de investidura por un supuesto ausentismo naufragó definitivamente en el Consejo de Estado. El dirigente conservador insistió en que la acción judicial no tenía fundamento y la causal por la cual fue investigado no logró configurarse.
RICARDO AREIZA
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El congresista huilense Jaime Felipe Lozada, puede ahora sí, respirar tranquilo. Después de librar dos duras batallas ante el Consejo de Estado, salió airoso y mantuvo intacta la credencial, y conservó su investidura que le permitirá seguir en campaña y aspirar a revalidar su curul en el Congreso.
La demanda de pérdida de investidura por un supuesto ausentismo naufragó definitivamente. La Sala Plena, en un fallo de segunda instancia, como lo había anticipado LA NACIÓN, determinó que las ausencias a las sesiones plenarias examinadas en su conjunto, no configuraban la causal para que se le decretara la “muerte política”.
La decisión la tomó la Sala Plena del alto Tribunal, con la ponencia de la magistrada Nubia Margoth Peña Garzón al resolver un recurso de apelación interpuesto por el colectivo periodístico, liderado por la comunicadora Catherine Juvinao Clavijo.
Esta causal constitucional contempla que la inasistencia a seis reuniones plenarias en las que se voten mociones de censura, proyectos de ley o de actos legislativos, de manera ordinaria o nominal, puede llevar la pérdida de investidura del congresista, siempre que se demuestre que fueron injustificadas en un mismo periodo.
Lozada Polanco fue elegido por primera vez como representante a la Cámara el 9 de marzo de 2014. Un año después de haber asumido la curul tuvo que enfrentar otra batalla similar en el 2015 por un supuesto tráfico de influencias denunciado por sus contradictores. En este caso también salió victorioso.
Primeras batallas
El caso de ‘Pipe’ Lozada no fue el único. La investigación cobijó a otros 30 congresistas, quienes registraron su asistencia al inicio de las sesiones (contestaron a lista) pero posteriormente se ausentaron y no votaron las iniciativas legislativas presentadas durante las deliberaciones entre el 20 de julio y el 16 de diciembre de los años 2014 a 2017.
Entre los congresistas estaban David Barguil (73 fallas), Luis Eduardo Diazgrandos (60 ausencias) Cristóbal Rodríguez (59 faltas y Alfredo Ape (54 inasistencias). A ‘Pipe’ Lozada el colectivo periodístico que realizó la investigación le atribuyeron 57 ausencias.
Las ausencias aparecieron al cruzar las listas de asistencia con los registros de votación nominal de las iniciativas, su participación en los debates y los registros de las Gacetas del Congreso durante las últimas legislaturas.
Los jóvenes investigadores descubrieron que varios congresistas sin ninguna justificación se ausentaron de las sesiones plenarias o se retiraron del recinto luego de haber contestado a lista y antes de la finalización de las sesiones.
Con ese soporte presentaron la demanda el 29 de abril de 2019. Según el Consejo de Estado, los congresistas deben asistir a toda la sesión y no solamente a una parte de ella. Por lo tanto, si el congresista atiende el llamado a lista y posteriormente se ausenta del recinto legislativo, perderá la investidura, si este hecho se logra demostrar.
Según los demandantes Lozada Polanco registró su asistencia a las sesiones plenarias, y luego se retiró sin mediar permiso o excusa válida. Le atribuyeron 54 ausencias, el 31% del tiempo, en los cuatro periodos legislativos examinados.
El congresista demostró que en las sesiones plenarias objeto del reproche fue autorizado válidamente para retirarse del recinto o estuvo incapacitado. Además, demostró su asistencia, participó en las votaciones e hizo parte activa del debate mediante intervenciones y presentación.
“Conforme con la jurisprudencia contenciosa, no pueden acumularse inasistencias de períodos de sesiones ordinarios con extraordinarios como ocurrió en el 2016”, alegó su apoderada Irma Solangel Torres Vega.
“Existe una diferencia entre la ‘inasistencia’ a una sesión plenaria, y el ‘retiro’ justificado de la misma, y que fue esto último lo que se presentó en su caso”. Eso lo salvó. La procuradora Segunda Delegada, Diana Marina Vélez Vásquez le lanzó otro ‘salvavidas’ que finalmente esclareció el sonado caso.
Prueba es prueba
Pero no fue fácil. La magistrada Lucy Jeannette Bermúdez, quien fungía como presidente del alto tribunal, asumió personalmente la investigación y revisó las historias clínicas en los consultorios públicos y privados para verificar si registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los procedimientos ejecutados por el equipo de salud que intervinieron.
La inspección judicial, decretada de oficio, fue practicada el 9 de agosto de 2019 acompañada del delegado de la Procuraduría, Alonso Pío Fernández.
La diligencia se surtió en Bogotá en los consultorios del odontólogo José Gregorio Mardo, especialista en estética y rehabilitación oral y del médico y cirujano general, Carlos Manuel Zapata Acevedo.
La diligencia probatoria incluyó la revisión de las historias clínicas, los procedimientos médicos y odontológicos, los soportes de las incapacidades médicas y el cotejo de las voces durante las sesiones de la corporación.
Adicionalmente, revisaron los videos disponibles de las sesiones plenarias y la confrontaron con las certificaciones expedidas por la Secretaría General y la Jefe de Bienestar Social y Urgencias Médicas de la Cámara de Representantes.
La magistrada Lucy Jeannette Bermúdez, concluyó que con la evidencia aportada y legalmente recaudada no se configuraba la causal de pérdida de investidura comoquiera que no se demostró que Lozada Polanco hubiese dejado de asistir injustificadamente a seis sesiones plenarias en el mismo periodo legislativo.
Estimó que la pérdida de investidura para los congresistas, es, después de la tutela, una de las más emblemáticas figuras de la Constitución del 91, que deben rescatarse y profundizarse paras moralizar la función pública, dignificar la posición de congresista y depurar el congreso.
Salvavidas
La procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado Diana Marina Vélez Vásquez consideró, como un ‘salvavidas’ que la causal constitucional prevé que la inasistencia a seis reuniones plenarias en las que se voten mociones de censura, proyectos de ley o de actos legislativos, de manera ordinaria o nominal, puede conducir a la pérdida de investidura del congresista, siempre que se demuestre que fueron injustificadas en un mismo periodo.
Lozada Polanco argumentó que fue autorizado válidamente para retirarse del recinto o estuvo incapacitado. Aseguró que asistió a 41 de las 44 sesiones plenarias y faltó sólo en tres oportunidades, debidamente justificadas.
El congresista conservador dejó de asistir a tres sesiones plenarias (el primer período de la legislatura 2015-2016) pero no se acreditaron las seis inasistencias requeridas para la estructuración de la causal de desinvestidura.
“Comoquiera que el número de inasistencias injustificadas del Representante a la Cámara Jaime Felipe Lozada Polanco a sesiones plenarias en las que se votaron proyectos de acto legislativo, proyectos de ley o mociones de censura en los períodos acusados por la parte demandante no es igual a superior a seis en ninguno de ellos, para la Sala, emerge palmario que la solicitud de pérdida de investidura no está llamada a prosperar, razón por la cual se denegará”, precisó el alto tribunal, en mayo de 2020.
Los demandantes apelaron el fallo. El recurso fue admitido el 18 de agosto del año pasado.
La Sala Plena mantuvo la misma tesis, defendida también por la magistrada Nubia Margoth Peña, quien presentó la ponencia.
Después de enfrentar estas dos nuevas batallas, en primera y segunda instancia, el dirigente conservador, se prepara ahora sí, sin incertidumbre para buscar la revalidación de su credencial en las urnas el próximo año.
Lozada Polanco celebró esta decisión que lo mantiene políticamente vivo. “Siempre estuve seguro, tenía la certeza que el Consejo de Estado iba a fallar en derecho y que las pruebas que aportamos iban a ser contundentes, y lo fueron”, reafirmó con la misma certeza como lo hizo el año pasado.
“Hemos actuado con absoluta responsabilidad, representando a los huilenses de la mejor manera posible. Se ha hecho justicia lo cual, nos compromete aún más en el trabajo que hemos venido realizando en la Cámara de Representantes”.
“Esta es otra victoria, no solo mías, sino de mis electores, de los huilenses que se sienten representados en Jaime Lozada en la Cámara”, subrayó.
