Plantón de madres comunitarias

Más de 200 madres comunitarias del municipio de Pitalito se unieron al paro nacional, que inician las trabajadoras del Icbf a nivel nacional. El derecho al trabajo es uno de los puntos que las llevó a la protesta. Más de 200 madres comunitarias del municipio de Pitalito se unieron al paro nacional, que inician las trabajadoras del Icbf a nivel nacional. El derecho al trabajo es uno de los puntos que las llevó a la protesta. RODRIGO ROJAS GARZÓN LA NACIÓN, PITALITO Las madres comunitarias de Pitalito salieron a las calles a protestar por las malas condiciones en que están trabajando y por el deseo que tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), de privatizar algunos de los servicios que ellas vienen prestando. Con pancartas alusivas al derecho al trabajo, por una labor digna, la no intermediación de operadores privados, el mejoramiento de la alimentación de los niños que hacen parte del programa Hogares de Bienestar y por la no privatización de los Hogares Comunitarios, las madres laboyanas se unieron al paro nacional. El paro nacional indefinido se inició tras el incumplimiento de los acuerdos suscritos con el Gobierno Nacional el pasado 8 de mayo, y que permitieron que se levantara la protesta que en esa oportunidad realizaban las madres comunitarias que atienden los Hogares Comunitarios del Icbf. Según Ana María Sambrano Vargas, del Sindicato de Trabajadoras de Centros Infantiles y Hogares del Icbf, “las madres comunitarias ya entramos en jornada de paro por el incumplimiento del Gobierno Nacional con los acuerdos adquiridos el pasado 8 de mayo, en donde estábamos exigiendo el otorgamiento de pensión a las compañeras mayores de 65 años, que con la implementación de la estrategia De Cero a Siempre, son las primeras que van para afuera, porque esta estrategia viene a acabar con las estabilidad laboral de nosotras las madres comunitarias”, expresó Destacó que, “estamos exigiendo una ley que garantice el reconocimiento laboral de nosotras las madres comunitarias y el fortalecimiento de los Hogares Comunitarios. Por esta razón estamos haciendo un llamado a las compañeras, a organizaciones sindicales y sociales, a que nos acompañen en esta actividad”, declaró. Otras peticiones Magdalena Ruíz, quien es madre comunitaria de los hogares del Icbf hace 22 años, expuso las peticiones específicas del gremio: “Queremos que el Gobierno nos reconozca como unas trabajadoras del Estado, pues hasta ahora nos han venido desconociendo. En este país hay desplazados por el invierno, nosotras también somos unas desplazadas en cuanto a lo laboral, no nos oponemos al bienestar de los niños, pero no vamos a permitir que se nos violen nuestros derechos. Queremos que nos retribuyan toda la gran labor desempeñada dándonos garantías como profesionalización y una pensión digna. Queremos capacitaciones en Pedagogía Infantil para todas las madres comunitaria, porque queremos es poder brindarle a los niños lo mejor, teniendo en cuenta además la experiencia que ya tenemos. Hay mujeres que ya están para pensionarse, deben darles una pensión digna, porque después de envejecer y estar cansadas, no podemos quedarnos de brazos cruzados”, manifiesto Ruíz. De Cero a Siempre Según las voceras sindicales, la implementación en el Icbf del programa De Cero a Siempre va en detrimento de la atención de los niños en el país y favorece intereses de particulares, denominados operadores privados que no tienen experiencia en la atención a niños y en detrimento de los modelos vigentes durante más de 25 años. “Es un modelo que inició en diciembre, en este momento se están construyendo más de 15 centros de atención integral, por un valor superior a los 40.000 millones de pesos, para trasladar a los niños sin el consentimiento de sus papás, sin un diálogo y una construcción con la sociedad y mucho menos con las madres comunitarias”, señaló Magdalena Ruíz. Denunció también que las madres comunitarias reciben un beneficio por el orden de los 400.000 pesos, mientras que a los operadores privados con el nuevo modelo pueden percibir cerca de dos millones de pesos al mes. Las madres comunitarias de Pitalito salieron a marchar para exigir mejores condiciones laborales.