Alarmante por decir lo menos, el informe que presentó el viernes pasado el asesor presidencial Samuel Azout, sobre los niveles de pobreza alcanzados en el Huila. Alarmante por decir lo menos, el informe que presentó el viernes pasado el asesor presidencial Samuel Azout, sobre los niveles de pobreza alcanzados en el Huila. El funcionario aseguró ante alcaldes y empresarios regionales que el 53 por ciento de los huilenses son pobres, que la cifra supera el promedio nacional que es del 37 por ciento y que el 23 por ciento de la población en el departamento se encuentra en pobreza extrema, frente al 13 por ciento de la media nacional. Según Azout, el coeficiente Gini en el Huila es del 0,57, un registro extremadamente alto en una región que recibía cuantiosos recursos de regalías petroleras que no se vieron traducidos en mejorar las condiciones de sus comunidades ni en crear las condiciones para impulsar el desarrollo económico. El reporte es alarmante. Y no sólo en las áreas urbanas, donde pareciera que se orientan las estrategias para reducir la pobreza extrema. La situación es más crítica en el campo huilense. A pesar de que en las zonas rurales del país se produce la mayor cantidad de alimentos, el 62,1 por ciento de la población campesina vive en la pobreza, mientras que el 21,5 está en la indigencia total. Adicionalmente, la cobertura de servicios públicos y sociales es muy inferior en las zonas rurales, donde las brechas de inequidad y abandono son más alarmantes. La desigualdad y la pobreza, es ante todo una carencia de oportunidades y de bienes necesarios para llevar una vida digna. Esta brecha genera verdaderos cortos circuitos en el desarrollo y el crecimiento económico, que impiden además, la creación sostenida de empleos de calidad. La persistencia de altos índices de pobreza e indigencia reflejan que un amplio segmento de la población queda excluido de la dinámica económica. Por eso hay que buscar enfoques integrales. No es solo con programas asistencialistas como se enfrenta la grave problemática. No es sólo con subsidios como se erradicará el fenómeno. Si las políticas sociales se basan en el asistencialismo como enfoque central, se produce endógenamente más de lo que se quiere combatir. En otras palabras: más pobreza. El desarrollo económico en Colombia se ha independizado de la suerte de las clases populares. Los pobres no representan una demanda solvente que las empresas puedan atender, o que sea capaz de inducir una mayor producción. En un contexto internacional volátil, donde las crisis económicas son cada vez más recurrentes, la importancia de un mercado interno dinámico es fundamental para sostener el crecimiento económico. Y a su vez, un mercado interno en el que la demanda agregada logre impulsar, sin interrupciones, la actividad económica, requiere la democratización de las oportunidades de empleo e ingresos como estrategia para la reducción continua y progresiva de la pobreza. Colombia requiere reorientar el desarrollo rural, de manera integral, utilizando sus potencialidades para crear mayor riqueza y crecimiento económico, pero ante todo para contrarrestar la inequidad, blanco de todos los conflictos. DESTACADO “El reporte es alarmante. Y no sólo en las áreas urbanas, donde pareciera que se orientan las estrategias para reducir la pobreza extrema. La situación es más crítica en el campo huilense”. EDITORALITO No basta con declarar la urgencia en algunas zonas rurales para atender las emergencias. Se requiere voluntad política para contrarrestar los efectos de la ola invernal, registrada hace tres años y sin que sus efectos hayan sido mitigados.