La polémica entre la Gobernación del Huila y la Universidad Surcolombiana (Usco), por 22.000 millones de pesos que se le adeuda a la institución de educación superior desde hace 19 años, afectó la relación entre las dos entidades y un arreglo parece cada vez más lejano.
El Gobierno Departamental, un día después de la fallida conciliación, suspendió el pago de la estampilla Prousco, con el que se financia el 30 % de los gastos de la Usco. Además, según los directivos de la Universidad Surcolombiana, la Gobernación del Huila retiró del Ocad un proyecto por 15.000 millones de pesos destinados a la actualización de un sistema virtual para la educación superior en el departamento.
“Ya se habían surtido todos los trámites legales, este fue un proceso de dos años. Afortunadamente, la Alcaldía de Neiva retomó la iniciativa y se incluyó nuevamente el proyecto en el Ocad”, manifestó David Rivera, jefe de Planeación Usco
Vladimir Salazar, jefe de oficina jurídica de la Universidad Surcolombiana, aseguró que el ánimo ha sido conciliatorio pero que no pueden ser irresponsables con la financiación de la única universidad pública del departamento. “La Universidad Surcolombiana ha reclamado estos recursos desde 1994. Es indiscutible que se adeuda este dinero, porque la Ley lo establece, eso no es un invento nuestro”, señaló Salazar.
“Son falsas las teorías que aseguran que la financiación de la universidad es exclusivamente del orden nacional, departamental o territorial. La Ley no establece esa exclusión, pero ante todo, la Universidad Surcolombiana es del Huila, así está contenida en la Ley de Creación. El 94% de los 10 estudiantes de la Usco son huilenses y tenemos sedes en sus municipios”, enfatizó el abogado.
“El problema es que la clase dirigente del Huila no ha entendido que la única salida para el subdesarrollo es la educación superior, a diferencia de los dirigentes de Antioquia o del Valle. Esta es una deuda de carácter histórico. Desde el año de 1993 la Gobernación del Huila dejó de girarle recursos a los Usco y la Ley 30 determinó que la financiación de las universidades dependía tanto del Gobierno Nacional como del Departamental, por lo tanto, desde hace 19 años la universidad ha crecido en déficit”, puntualizó Salazar.
“Todos los gobernadores, incluido el actual, han hecho campaña pregonando el pago de la deuda. Iriarte se comprometió a cancelar esta obligación. El fallo de primera instancia simplemente reconoce lo estipulado en la Ley. Apelamos el fallo ante el Consejo de Estado, porque nosotros consideramos que se determinaron menos recursos de los que deberían ser”, resaltó el jefe jurídico.
Conciliación
Según Vladimir Salazar, en la primera reunión de conciliación, la propuesta del jefe jurídico de la Gobernación del Huila fue no cancelar ni un solo peso de los 22.000 millones que se le adeudaban a la Usco e iniciar desde el otro año con los giros presupuestales.
“Obviamente es inaceptable. En la segunda reunión nos ofrecieron cancelar el 10% y pagar los recursos desde el otro año. Estos recursos son de la comunidad universitaria y no podemos aceptar una propuesta nociva para el ‘Alma Mater’”, enfatizó.
“Somos conscientes de la difícil situación del Gobierno Departamental y les propusimos que nos pagaran estos recursos durante 10 años. Incluso los exoneramos de los intereses moratorios, que son cercanos a los 50 millones de pesos mensuales”, resaltó.
“Hace dos días en la audiencia de conciliación, de manera sorpresiva, la Gobernación del Huila ofreció pagarnos 8.290 millones de pesos durante 10 años, señalando que son el 50% de la obligación. Pero si la sentencia los obliga a cancelanos 22.000 millones, la mitad serían 11.000 millones de pesos. No aceptamos. El ánimo conciliatorio existe pero en un marco de racionabilidad”, resaltó.
El jefe de la Oficina Jurídica de la Usco insistió en que esta es una excelente oportunidad para fortalecer a la entidad académica, en donde se forman los profesionales de los sectores más humildes del departamento.
“Es invertir en el desarrollo de la región. No tenemos nada en contra del Gobierno Departamental, por el contrario, creemos en que podemos crecer mancomunadamente, pero esta es una deuda histórica que tienen con la educación superior del departamento y que no pueden desconocer”, resaltó.
Recuadro para breve: ‘Necesitamos los recursos de la estampilla’
David Rivera, jefe de Planeación de la Usco, aseguró que la Universidad Surcolombiana está en una situación económica paupérrima. “Las necesidades anuales de la Usco suman 23.000 millones de pesos. En la sede central y en la sede de salud existen edificaciones con más de 50 años que tienen un sistema eléctrico en alto riesgo y la actualización del cableado y de las plantas, que se tiene que hacer rápidamente, cuesta 7.500 millones de pesos”, afirmó.
“Desde el año pasado le solicitamos a la Gobernación del Huila tramitar un proyecto de ordenanza para corregir un error en la ordenanza 049 de 2002, en la cual se estableció la estampilla ProUsco. El año pasado se realizó el debate en la Asamblea Departamental y se explicaron los argumentos jurídicos. La oficina de Hacienda Departamental, la Oficina Jurídica de la Gobernación del Huila y la Duma Departamental dieron los conceptos favorables al respecto”, puntualizó.
“Solamente faltaba la citación a la Asamblea, pero al otro día de la fallida conciliación con la Gobernación del Huila, coincidencialmente, la Oficina Jurídica del Departamento se apartó del concepto que habían emitido y ordenó inmediatamente la suspensión de los giros de los recursos de la estampilla”, dijo con preocupación.
“Para nosotros estos recursos son muy importantes porque son cercanos a los 3.000 millones de pesos y representan el 30% de la financiación total de la Usco. Necesitamos la financiación del complejo de laboratorios, la dotación de la biblioteca, obras de infraestructura. Este es un llamado a la Gobernación para que apoye la educación profesional de los huilenses más humildes”, aseguró.
Recuadro: ‘El Gobierno Departamental busca la conciliación’
Hernando Alvarado Serrato, director del departamento administrativo jurídico de la Gobernación del Huila aseguró que la posición del Gobierno Departamental frente a la deuda de los 22.000 millones de pesos es de negociación y acercamiento.
“Cuando llegamos al gobierno departamental encontramos la sentencia, realizamos el correspondiente estudio jurídico y disentimos de la decisión adoptada por el honorable tribunal, aunque somos respetuosos de las decisiones judiciales”, dijo Alvarado.
“En el corto tiempo que nos correspondió para sustentar el recurso de apelación, consideramos que existen argumentos jurídicos legales de peso, para que el departamento no esté obligado a hacer dichos aportes”, enfatizó.
“Nosotros analizamos que la financiación de las instituciones de educación pública del nivel superior, corresponde al orden al que pertenezca la universidad, es decir, que si es del orden nacional está obligada es la nación; si es departamental está obligada la Gobernación y si es municipal o distrital, la obligación es de la alcaldía. Por eso, el departamento no está obligado a sostener una universidad pública del orden nacional, con recursos del departamento”, manifestó.
En ese orden de ideas, ¿Cuál es el compromiso del Gobierno Departamental con la financiación de la educación pública del 90% de jóvenes huilenses matriculados en la Usco?
“Existe disposición dentro de la colaboración armónica entre entidades estatales. Nosotros hacemos parte del Estado y como tal tenemos la obligación de ayudarnos armónicamente como lo establece la Constitución Política. Pero una cosa es la colaboración y otra es la obligación legal”.
“El departamento siempre ha contribuido a la Usco. Existen índices en los que se demuestran los aportes de todos estos años, cercanos a los 50.000 millones de pesos, entre bienes, servicios y celebración de convenios con o sin contraprestación”.
“Existe una obligación moral y un compromiso con la Universidad Surcolombiana, a la que queremos mucho, porque está en territorio huilense y porque ha educado a la mayoría de nuestros jóvenes profesionales. Nosotros controvertimos la decisión porque consideramos que hay argumentos de peso que se deben estudiar en la segunda instancia. Allí se tomará en definitiva la decisión”.
Frente a la deuda reconocida por un fallo, ¿Qué va a hacer el Gobierno Departamental?
“En las conciliaciones sugerimos que se tuvieran en cuenta los aportes que ha hecho el ente departamental durante todos estos años, por la disposición y el compromiso que existe con la Universidad Surcolombiana. Propusimos que a partir del año entrante incluiríamos en las partidas presupuestales los aportes a la Usco, que equivaldrían a cerca de 1.250 millones de pesos anuales”.
¿Propusieron dejar de pagar 22.000 millones de pesos para pagar 1.250 millones de pesos anuales desde el 2012?
“Esta fue nuestra propuesta. Ellos no la aceptaron. Esos 22.000 millones de pesos los estableció una sentencia que fue apelada. El Gobernador les ofreció el 10% de la cancelación de la deuda, aproximadamente 2.200 millones de pesos y adicionalmente se les giraba anualmente una partida”.
“En la segunda reunión les ofrecimos el 20% de la obligación, cerca de 4.400 millones de pesos y manteníamos los aportes anuales. Pero ellos se estacionaron en lo que dijo el juez y uno concilia sobre un monto, pero para reducir la pretensión, no para mantenerla porque si no se acepta inmediatamente la decisión judicial”.
“Hace dos días en la audiencia de conciliación les propusimos cancelar el 50% del capital sin indexar de esa sentencia, que serían aproximadamente 8.250 millones de pesos. Dejamos la constancia de la propuesta del comité para que fuera considerada, pero prácticamente la conciliación se declaró fallida”.
