Policía y autoridad

Las fiestas en la Plata terminaron ayer en medio de desórdenes y duros enfrentamientos con la fuerza pública, como ocurrió recientemente en Elías. A estos dos hechos se suma otro incidente registrado en Baraya donde el alcalde, quien ejerce por mandato legal como jefe de policía, el cambio de la totalidad de los uniformados. ¿Qué está pasando? Las fiestas en la Plata terminaron ayer en medio de desórdenes y duros enfrentamientos con la fuerza pública, como ocurrió recientemente en Elías. A estos dos hechos se suma otro incidente registrado en Baraya donde el alcalde, quien ejerce por mandato legal como jefe de policía, el cambio de la totalidad de los uniformados. ¿Qué está pasando? Inesperadamente en estos municipios han ocurrido hechos de tensión, incluso con víctimas mortales, que han desencadenado verdaderas en duros enfrentamientos entre los uniformados y la ciudadanía exacerbada. Estamos en mora de que tales fricciones no generen asuntos de mayor gravedad, aunque el fallecimiento de dos seres humanos debería ser el punto culmen de todo lo visto en esta materia, justamente en medio o como consecuencia de las festividades sampedrinas. Primero fue el cruento enfrentamiento en la pequeña localidad de Elías entre caballistas y la Policía, con el resultado fatal de un joven muerto al parecer por disparos oficiales y su hermano gravemente herido, además de lesiones a varios servidores públicos; allí fue notable el encono entre los representantes de la autoridad policiva y la ciudadanía, a tal punto que para no crear mayores disturbios se cambió a todo el cuerpo uniformado. Luego, la solicitud del Concejo de Baraya y su alcalde Elizeín Cano Yara para el cambio total del personal policial, afirmando las autoridades civiles que el comportamiento de sus miembros “deja mucho qué desear” frente a cuestionados procedimientos contra la población civil. En este caso, según el mandatario municipal y los concejales, los uniformados acantonados en la estación no actuaron “conforme a las disposiciones de orden constitucional y legal” durante el desarrollo de una alborada musical y desfile que había organizado un establecimiento y que no contaba con los respectivos permisos para el mismo. Y como si no fuese suficiente la tensión, las fiestas terminan choques en el municipio de La Plata, tras la confusa muerte de un detenido dentro del comando de la Policía. Revoltosos aprovecharon la pacífica protesta de un grupo de habitantes que exigían claridad en la muerte del mecánico detenido. Lo que dejan entrever estos hechos es un verdadero corto circuito entre el cuerpo de la Policía Nacional, legítima y constitucionalmente instituida para la guarda del orden ciudadano, y los representantes del poder civil, los alcaldes, quienes si bien no tienen la real función de ejercer mando sobre los uniformados, sí son los responsables directos de las políticas de seguridad municipal y deben mantener no sólo cordiales sino permanentes, coordinadas y directas relaciones con los primeros. Y en medio de esos organismos que representan la legal función preventiva y represiva del Estado, una población que pierde la confianza y el respeto hacia tales representantes, estimulada además por el licor que a raudales y sin control alguno se vierte sobre todas las calles y veredas de la región. Cuando la comunidad pierde la confianza en sus instituciones algo grave está pasando. Y lo más conveniente es evaluar la situación y tomar correctivos. Lo peor que nos puede pasar es que la ciudadanía termine enfrentando a la fuerza pública, encargada de su protección. DESTACADO “Cuando la comunidad pierde la confianza en sus instituciones algo grave está pasando. Y lo más conveniente es evaluar la situación y tomar correctivos”. EDITORIALITO El veto impuesto por el Club Campestre para el acceso de los medios de comunicación a eventos de carácter público, como acaba de ocurrir en las fiestas del San Pedro, no tiene antecedentes y constituye un atropello. Directivos del Club tienen que dar explicaciones frente a esta práctica inusual y abiertamente excluyente que limita el ejercicio y el derecho a informar, derechos constitucionalmente protegidos.