Política anti drogas

Con el fin de regular un tema definido en diferentes pronunciamientos de constitucionalidad de la Corte, el Gobierno ha anunciado la presentación de un nuevo Estatuto anti drogas, suscitando desde ya una aguda polémica por la posibilidad de establecer dosis mínima de drogas sintéticas y precisando que no se trata, en ningún caso, de despenalizar el tráfico o el mercadeo de sustancias alucinógenas ya prohibidas. Con el fin de regular un tema definido en diferentes pronunciamientos de constitucionalidad de la Corte, el Gobierno ha anunciado la presentación de un nuevo Estatuto anti drogas, suscitando desde ya una aguda polémica por la posibilidad de establecer dosis mínima de drogas sintéticas y precisando que no se trata, en ningún caso, de despenalizar el tráfico o el mercadeo de sustancias alucinógenas ya prohibidas. A la par, se plantea que el Estado va a combatir la drogadicción rehabilitando a quien quiera someterse a tratamiento, buscando crear conciencia y hacer una lucha inteligente frente al enorme mercado y jugosas ganancias que se mueven alrededor de estas mafias. Por supuesto que el país debe discutir a fondo lo que debe ser un nuevo marco legal y constitucional del tratamiento de los adictos, por un lado, y del combate al negocio ilegal por el otro, y ello debe conducirnos a exigir mayor compromiso internacional en una lucha en la que Colombia ha puesto, ante el mundo entero, la cuota más alta de sangre, sudor y lágrimas en todos sus niveles, desde comienzos de la década de los ochenta. Ahí están, por ejemplo, las recientes decisiones de voto popular en Estados Unidos que legalizaron la marihuana en algunas de sus regiones, mientras acá seguimos combatiendo – jurídica y policivamente – cualquier mercadeo de esta sustancia natural. Hace rato que llegó la hora de plantarle cara a una problemática que incrementó sustancialmente tanto sus efectos nocivos como sus billonarias ganancias desde cuando, en la década de los setenta, el entonces presidente Nixon decidió declarar la guerra a los alucinógenos. Y si el país que más nos ha exigido – y por cuenta de ello hemos desviado enormes recursos humanos y económicos – ya abrió la puerta de la legalización de una de las principales sustancias antes restringidas, pues tiene ahí Colombia el mejor argumento para generar el necesario debate y replantear todo este descomunal esfuerzo que hemos hecho frente al narcotráfico. Un debate sin dejar de lado, claro, la política integral de prevención y atención de la drogadicción, incluyendo programas terapéuticos con enfoque diferencial. Por ejemplo, el caso de mujeres en estado de embarazo y niños que, con orden de un juez, defensor de familia o un comisario o autoridad policial, podrán iniciar tratamientos de rehabilitación. Igualmente en sectores donde se identifique elevado consumo de drogas se instalarán centros de asistencia al consumidor para casos de urgencia. También se prevén incentivos a empleadores que mantengan en sus cargos a las personas en rehabilitación o acepten su reintegración una vez terminado el tratamiento. Ese, creemos, debe ser el punto focal de la discusión del nuevo Estatuto anti drogas que el Gobierno ha sometido al análisis público. ¿Mantenemos al país en estado permanente de conflicto, incluyendo el gran combustible que constituye el narcotráfico para los actores armados ilegales, o replanteamos esa visión, reorientamos la lucha y discutimos de frente con el resto del mundo la eventual legalización? “Una aguda polémica por la posibilidad de establecer dosis mínima de drogas sintéticas y precisando que no se trata, en ningún caso, de despenalizar el tráfico o el mercadeo de sustancias alucinógenas ya prohibidas”. EDITORIALITO El nuevo esquema para la producción y venta de licores regionales, recomendada por Fedesarrollo no puede ser la única fórmula. El modelo abrirá sin duda el debate sobre la conveniencia o no de adoptarlo. Por ahora, la comercialización directa, no puede ser la mejor opción. La experiencia debe servir para avanzar no para retroceder.