Descartada la demolición del escenario deportivo. En cinco años, Neiva debe tener un estadio de calidad. MinDeporte, Alcaldía de Neiva y Gobernación del Huila tendrán que financiarlo. Primicia.
RICARDO AREIZA
Investigacioneshuila@gmail.com
La fallida remodelación del estadio de fútbol Guillermo Plazas Alcid de Neiva tendrá que ejecutarse en los próximos cinco años. El Ministerio del Deporte, la Gobernación del Huila y la Alcaldía de Neiva tendrán que decidir de manera mancomunada y solidaria, si adelantan la readecuación del escenario deportivo o si construyen un nuevo escenario en el mismo lugar o en otro sitio.
La orden la impuso el Tribunal Administrativo del Huila, al fallar una acción popular radicada el 25 de agosto de 2021.
El magistrado Ramiro Aponte Pino consideró que las tres entidades, previamente tendrán que contratar, en un año, un estudio técnico y financiero, que determine las alternativas definitivas para garantizar un estadio de calidad. Ese escenario hoy, está en el limbo.
Las opciones
La orden judicial se conoce en momentos en que se adelantan gestiones para terminar las obras en el mismo lugar, con recursos compartidos.
Esta iniciativa la viene estimulando el gobernador Rodrigo Villalba y el alcalde German Casagua. Sin embargo, hasta la fecha solamente se adelantan las gestiones para contratar una consultoría con la Universidad Nacional (sede Manizales) para estimar los costos. La meta es iniciar obras en el 2026 en plena campaña política.
El otro proyecto, para la construcción de un complejo deportivo multipropósito en el ‘Parque Isla” con recursos propios, lo propuso recientemente el empresario Felipe Olave Blackburn.
La demanda
La acción popular fue instaurada por el expersonero de Neiva, Kleiver Oviedo (hoy alcalde de Palermo), apoyado por el Grupo Investigativo de Intervención Social (Clínica Jurídica), integrado por docentes y estudiantes de Derecho de la Universidad Surcolombiana.
Según los demandantes, las obras de remodelación del escenario deportivo en total abandono y en acelerado deterioro, está afectando los derechos colectivos al espacio público de todos los huilenses, la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público.
En consecuencia, solicitaron que se exploren todas las alternativas para la terminación o recuperación de la tribuna occidental y la habilitación total del escenario deportivo.
Detrimento
“Si se determina que esta obra no es viable técnicamente, no deben invertirse más recursos públicos en lo que sería una obra fallida”, explicaron los autores de una acción popular.
“Invertir más recursos públicos en una obra inviable técnicamente aumentaría el detrimento patrimonial y dejaría a la ciudad sin un escenario deportivo”, precisaron.
En su criterio, la demora y parálisis de la fallida remodelación constituye una violación a los derechos fundamentales en razón a que los deportistas huilenses al igual que sus espectadores, se le ha vetado la posibilidad de disfrutar de un estadio fútbol de calidad.
La obra quedó paralizada desde el 20 de agosto de 2016 cuando colapsó parte de la estructura que se construía, dejando cuatro muertos y diez heridos.
Las obras que se ejecutaron corresponden a la ampliación de la tribuna occidental con inversiones que ascienden a 23.527 millones de pesos.
“El estadio de fútbol terminó siendo una obra inconclusa, símbolo del abandono estatal, vulnerando así los postulados constitucionales que deben regir dentro de la administración a la hora realizar obras y construcciones de interés general”, explicó el docente Oscar Javier Reyes Pinzón.
“El actual estadio de fútbol representa un atentado contra el patrimonio público de los huilenses, un atentado contra la moralidad administrativa del Estado, en virtud al daño fiscal producto de las irregularidades presentadas en el contrato al comprobarse que la obra se ejecutó sin el reforzamiento estructural requerido, no cumplía con las normas de sismo resistencia NSR-10, ni con los protocolos establecidos por la Fifa”.
Alcances del fallo
El magistrado Ramiro Aponte Pino amparó los derechos colectivos al goce del espacio público, utilización y defensa de los bienes de uso público, moralidad administrativa y defensa del patrimonio público.
La corporación ordenó la realización de un estudio previo que determine si urbanística y técnicamente es conveniente reparar, readecuar el actual escenario deportivo o construir uno nuevo. Incluso, en otro sector, si fuera más conveniente.
La medida deben ejecutarla “de manera mancomunada y solidaria” el Ministerio del Deporte, la Gobernación del Huila y la Alcaldía de Neiva, dentro del año siguiente a la ejecutoria de esa providencia.
“En uno u otro caso, dichas entidades elaborarán los diseños en sus componentes de ingeniería de detalle, presupuesto y cronograma de actividades”, ordenó el magistrado Aponte Pino.
“Las obras que garanticen la restauración o construcción del escenario deportivo se deben ejecutar dentro de los cinco años siguientes, y a ella concurrirán dichas entidades con recursos técnicos, institucionales y financieros”, precisó.
Aunque fue excluido el Departamento Nacional de Planeación, ofrecerá en ejercicio de sus competencias acompañamiento y asesoría en la estructuración del proyecto, de tal manera que garantice su priorización.
Asimismo, dispuso la conformación de un comité de verificación con la participación de las tres entidades.
El carretazo
A pesar de los anuncios reiterados de las autoridades locales y regionales sobre la terminación de las obras, la realidad es que el proyecto naufragó desde 2022. El proyecto original, según la Universidad Nacional, contemplaba una inversión de proyecto 101.000 millones de pesos para la terminación de las obras. Quedó en veremos.
El exalcalde Gorky Muñoz Calderón confirmó que apenas contrató la demolición, el retiro de placa y vigas de área afectada por el desplome, quitó las cerchas y dejó listo el proyecto de inversión cuya viabilidad técnica y financiera fue negativa.
El proyecto fue presentado el 9 de febrero de 2022 ante el entonces ministro del Deporte, Guillermo Herrera Castaño, quien salió del cargo, sin asegurar los recursos; el contralor Delegado, Carlos Pineda Téllez y con la presencia de Diana Mendoza, quien fungía como subdirectora de Inversión Social del Departamento Nacional de Planeación. Sin embargo, el proyecto quedó en el limbo. Los aportes nunca se concretaron, terminó el mandato sin viabilidad técnica ni financiera y sin recursos.
El proyecto contemplaba la terminación de la tribuna occidental y otras intervenciones en las demás tribunas y las obras de urbanismo en la parte exterior. Actualmente se gestiona otro estudio para determinar los costos.
Incumplido
El Ministerio del Deporte advirtió que el proyecto definitivo nunca se presentó. “Desde el 2020 – dijo- en nueve oportunidades el Ministerio requirió al municipio para que radicara el proyecto con todos los soportes, sin que a la fecha el Municipio de Neiva haya radicado el proyecto acorde a lo solicitado”.
“De igual manera, -subrayó- la dirección de recursos y herramientas del sistema nacional del deporte ha dirigido tres mesas de trabajo y se han establecido compromisos que no han sido cumplidos por el ente territorial”.
El DNP confirmó que el nuevo proyecto para la intervención del estadio nunca fue radicado y, por lo tanto, no tiene ningún aval del Ministerio para la eventual financiación.
El gobernador Luis Enrique Dussán López se ‘lavó las manos’ argumentando que el convenio de cooperación fue afectado por el desplome de la tribuna y señaló que su gobernación no tenía ninguna injerencia o responsabilidad directa en los hechos. Tampoco anunció recursos para cofinanciar el proyecto. Hoy, la situación no ha cambiado.
Espaldarazo
El procurador judicial, David de La Torre, respaldó la iniciativa, reiteró la vulneración de los derechos colectivos por el abandono del escenario y abogó por la terminación de la obra.
“En consecuencia –dijo- se requiere la estructuración del proyecto, la viabilización técnica y presupuestal y la ejecución de la obra pública correspondiente, actuaciones que deben surtirse en un tiempo razonable atendiendo los trámites que conlleva la magnitud de la obra”.
“Por lo tanto, las entidades demandadas están llamadas a concurrir para la terminación de las obras necesarias con el fin de que la comunidad puede hacer uso del estadio de fútbol en condiciones óptimas”, subrayó el agente del Ministerio Público.
Controversia
Los tres magistrados descartaron de plano la posibilidad de ordenar la demolición de la obra, en razón a que no se demostró que la edificación amenace riesgo.
“En consecuencia, -dijo Aponte- se satisfacen los requisitos objetivos (afectación de los recursos públicos) y subjetivos (comportamiento desleal por parte el contratista y del interventor) para considerar que viene lesionando el referido derecho colectivo”.
A pesar de las fallas constructivas y deficiencias encontradas en la ejecución del contrato, advertidas por la Universidad Nacional y contenidas en el peritaje técnico de la firma Ingeniería Sísmica y Estructural Sísmica (que dieron origen a la caducidad de los contratos) los magistrados concluyeron que en este proceso “no se demostró que el estado actual del estadio entrañe un riesgo para la vida e integridad de las personas”.
Tampoco tuvieron en cuenta que la parálisis de las obras con el trascurrir el tiempo incrementó la vulnerabilidad estructural de la tribuna occidental construida sin el debido reforzamiento, lo que constituye otro detonante.
Obra en riesgo
La obra, paralizada desde hace ocho años, ha estado expuesta a variables climáticas adversas y a una alta amenaza sísmica. La tribuna occidental está catalogada en riesgo estructural, con implicación grave de riesgo de colapso.
No obstante, admitió que el acceso al escenario deportivo se encuentra limitado, y solo se permite el ingreso a la parte de la tribuna norte y oriental (entre 1.000 y 1.200 espectadores, distribuidos en la tribuna oriental y norte).
El estado actual del sistema estructural en la zona del siniestro, según el estudio de la Universidad Nacional, presenta una condición crítica. Entre otras razones, por la existencia de elementos estructurales que fallaron, presentando un alto grado de agrietamiento, lo que disminuye la resistencia nominal de los elementos.
Impugnación
Aunque la Gobernación del Huila viene anunciado un proyecto de remodelación, impugnó el fallo argumentando que “se nos impone una carga que a nuestro juicio es injusta”.
El jefe jurídico, Iván Bustamante, explicó que la orden dada a las entidades para que concurran al desarrollo del proyecto con recursos técnicos, institucionales y financiero, obligándolas a romper el equilibrio fiscal, en un término muy corto que debe ser replanteado en uno y otro sentido.
“Nuestras competencias legales y constitucionales no deben ser vistas como si la entidad departamental concurriera en forma directa a resolver asuntos que no están dentro de sus competencias siendo la decisión desmedida”, anotó el Jefe Jurídico.
En consecuencia, consideró que el fallo debe modularse en el sentido de que la Gobernación deba concurrir no en forma solidaria como lo ha considerado el juez de primera instancia sino atendiendo el cumplimiento a los principios de subsidiaridad, concurrencia y complementariedad.
