El artículo 15 sobre un impuesto a las iglesias que actúan como empresa puso a tambalear toda la reforma tributaria aprobada en Cámara y Senado. Tras la conciliación, el proyecto pasará a sanción ‘trasquilado’ y entre los cambios figura el polémico gravamen.
CATERIN MANCHOLA
Desde un comienzo la propuesta de la representante a la Cámara, Ketherine Miranda sobre imponer un impuesto a las iglesias que actúan como empresa para que, de esta manera, las organizaciones pagaran por esas actividades lucrativas extras, despertó toda clase de malestar en un sector de la sociedad, que finalmente ganó la puja y logró que este artículo no fuera incluido en el proyecto de reforma tributaria.
En el texto inicial el Gobierno Nacional no contempló el gravamen, fue en la discusión del proyecto cuando la representante por Bogotá e integrante del partido Alianza Verde, coalición de gobierno, dio la pelea porque su propuesta quedara incluida en la ponencia mayoritaria positiva.
En el último debate en Cámara y Senado el referido artículo 15 logró pasar en Cámara, donde el estudio se extendió más tiempo, pero no pudo y fue eliminado en Senado.
Es así como durante la conciliación de los textos finales y que fue a puerta cerrada, pudo más la presión y el artículo terminó siendo eliminado.
La propuesta
El artículo 15 le ponía impuestos a la renta de las iglesias del 20% por todas las actividades económicas que realizaran por fuera del rito, culto, beneficencia o de educación.
Estas organizaciones serían contribuyentes del régimen ordinario del impuesto sobre la renta y complementarios, respecto de los ingresos provenientes de actividades comerciales y cuando los excedentes originados en tales actividades no se reinvirtieran en el objeto social de la entidad.
Claramente el artículo subrayaba en el uno de sus parágrafos que no estarían gravadas con el impuesto sobre la renta y complementarios las iglesias y confesiones religiosas reconocidas por el Ministerio del interior o por la ley, respecto a los ingresos provenientes de actividades asociadas al oficio religioso, al culto, al rito, a prácticas que promuevan el apego de los sentimientos religiosos en el cuerpo social, o actividades de educación o beneficencia realizadas bajo la misma persona jurídica.
Durante los tres días de conciliación entre el Gobierno Nacional y los ponentes “ganó el chantaje” afirmó la representante Miranda.
“Ha sido una batalla que por años nos hemos dado, pero que no va a terminar acá, vamos a seguir insistiendo en el Congreso de la República, ha sido una de las grandes banderas que hemos tenido y las promesas que hemos hecho con la ciudadanía y lo seguiremos haciendo”.
También lanzó sátiras contra, incluso, algunos integrantes de su partido, como del Gobierno, porque no respaldaron la iniciativa. “Me quedé sola dando esta batalla, sin embargo, sé que cuento con todos ustedes, la ciudadanía y vamos a seguir intentándolo en las próximas oportunidades”, anunció.
Y es que la senadora Andrea Padilla, integrante del partido Verde, se puso en contra del gravamen y apoyó la idea de que fuera eliminado firmando la constancia, algo que Miranda rechazó severamente: “da pena ver cómo se va acomodando a la política tradicional. Usted no representa la militancia de un partido alternativo. ¡Vergüenza!”.
Por su parte Padilla expresó que ha recibido una “andanada de mensajes de odio” y que lo dicho por Miranda estaba “cargado de veneno”.
Acto seguido explicó que la propuesta de gravar las iglesias que actúan como empresa “fue hundida en la plenaria del Senado por las mayorías”. Y anotó que una propuesta suya de igual manera fue sacada de la reforma y otra estaba tambaleando.
De otra parte, Miranda también alertó que pastores, cuyos nombres se abstuvo de entregar, habrían estado en el Capitolio Nacional jugando sus últimas cartas para que se dejara por fuera el impuesto de renta sobre las actividades comerciales de las iglesias. “Estoy viendo un desfile de pastores haciendo lobby en el Congreso por mi impuesto a las iglesias”, dijo.
Lo celebran
“Para nosotros como pastores, el que se haya caído el impuesto a las iglesias significa un reconocimiento del Estado a la labor que hacen las iglesias”, expresó de otro lado Rubén Darío Figueroa, pastor de la iglesia Plenitud. “El Congreso de la República también reconoce que se está haciendo una labor social, de transformación y de ayuda a la sociedad”, añadió.
El pastor aseguró que en las iglesias los recursos, son básicamente para la inversión social de la misma comunidad debido a que no son entidades con ánimo de lucro. “Al contrario, trabajamos para el bienestar de las personas”.
Y en ese sentido agradeció a “Dios y al Gobierno Nacional por tenernos en cuenta en no ponernos a tributar impuestos que pudieran ser utilizados para la misma inversión social”.
El Centro Democrático por su parte aplaudió que este planteamiento feneciera. Aseguró el partido que como bancada defendieron “la libertad religiosa evitando el impuesto a las iglesias, organizaciones sin ánimo de lucro, cuyo único objetivo es conseguir recursos para difundir su credo y defender sus convicciones”.
Otros cambios
Ayer en la tarde culminó la conciliación y el informe de estas será votado la próxima semana en las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes. Luego pasará a sanción del presidente Gustavo Petro para convertirse en ley, algunos de los artículos empezarán a regir a partir del primero de enero del 2023.
Además de hundir el artículo 15, no lograron salir a delante otras propuestas que también generaron polémica y sobre las cuales el Senado y Cámara no votaron de la misma manera.
Uno de los artículos que más generó discusión y que también se hundió fue el 9 de la iniciativa, el cual estaba relacionado con las “megapensiones” cotizadas en el exterior.
Según Cambio Radical, en la iniciativa había un “mico” para beneficiarlas. El exvicepresidente Germán Vargas Lleras, líder de dicho partido, alertó que este habría sido gestado en el Ejecutivo luego de que se anunció que las pensiones altas del país ya no se gravarían.
En esa misma línea, se cayó la tarifa de renta diferencial para las micro y pequeñas empresas, que fue aprobada por la Cámara, pero sin aval del Gobierno.
Puntualmente en este caso, los conciliadores consideraron que se generaría un riesgo de vicio de inconstitucionalidad y prefirieron entonces dejarlo por fuera.
La reforma tributaria permitirá percibir $20 billones durante el primer año mediante impuestos y $25 billones adicionales a través de mecanismos de lucha contra la evasión durante los cuatro años del Gobierno.
