Mediante sus análisis, los congresistas huilenses defienden y atacan el fallido intento de reforma tributaria del Gobierno del presidente Gustavo Petro. “Perdió el pueblo”, enunció Leyla Rincón. “Esta iniciativa en nada solucionaba el problema económico del país”, sostuvo Carlos Julio González Villa.
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El proyecto de ley de financiamiento o reforma tributaria que en un principio buscaba recaudar $12 billones y luego se recortó a $9,2 billones, fue archivado en las comisiones económicas de Cámara de Repentes y Senado de la República. El revés del presidente Gustavo Petro estaba cantado según algunos congresistas.
Los representantes a la Cámara por el Huila y el senador, expusieron para LA NACIÓN qué cosas buenas y regulares tenía la iniciativa, a la cual, al final, le pesaron más lo reparos.
Por ejemplo, para la representante Luz Pastrana la reforma representaba “un duro golpe para el costo de vida de todos los colombianos”. Detalló que los puntos más criticados fueron el impuesto nacional al carbón y el aumento al impuesto de renta. “Estas medidas no solo impactarían directamente los bolsillos de las familias, sino que afectarían con el alto costo del transporte aéreo y terrestre, sectores clave en regiones como el Huila, donde buscamos fortalecer el turismo”. Además, desde su perspectiva, significaba un aumento en los costos de carga, cosecha e insumos para el sector caficultor.
Por su parte la representante Flora Perdomo (Liberal), indicó que la iniciativa tenía, como siempre, sectores que se benefician y otros no tanto. Rescató como positivo, las estrategias para obtener mayores recursos provenientes de los juegos electrónicos, como también que buscaba otras fuentes de financiación de quienes utilizan las redes sociales como herramienta de generación de ingresos. Así mismo, las posibilidades de alivio con la reducción y condenación de intereses moratorios; y el anticipo de la regla fiscal, que representaba entre $3 billones y $5 billones habilitando un cupo de crédito que estaba disponible para 2026, que generaba caja y permitía margen para el cumplimiento de los presupuestos.
Pero de otro lado, el representante Julio César Triana (Cambio Radical), señaló aquellos aspectos que resultaban lesivos, desde su visión. Empezó cuestionando que los gobiernos piden más recursos “cuando son buenos ejecutando, pero el Gobierno Petro, ha demostrado ser pésimo en la administración”. Y trajo a colación que estamos finalizando el 2024 y “solo se invirtió el 80,8% del monto aprobado en el Presupuesto General de la Nación, el más bajo desde el 2019”.
“Ambiente de inestabilidad”
Tampoco estaba de acuerdo con modificar la regla fiscal. “Tantas modificaciones fiscales generan un ambiente de inestabilidad e incertidumbre económica que limitan el desarrollo económico del país. El Presidente, antes de estar tramitando una ley de financiamiento, debería reducir la burocracia de su Gobierno y establecer un plan real de austeridad, empezando por el Ministerio de la Igualdad que fue creado por este Gobierno, que tiene una asignación presupuestal de $1.3 billones de pesos para el 2024 y que solo ha logrado ejecutar el 3% a la fecha”, puntualizó.
Como el país vive “momentos de gran complejidad en lo económico, político y social, en este contexto, no podemos permitirnos una nueva reforma tributaria que afecte el bolsillo de los colombianos”, vaticinó el senador Carlos Julio González Villa (Cambio Radical).
Recalcó el senador que esta iniciativa “en nada solucionaba la situación económica del país; por el contrario, algunos de los aspectos planteados elevaban el valor de la gasolina y el diésel, y la eliminación del régimen simple aumentaría la informalidad, por citar solo algunos ejemplos”. Admitió que, si bien la reforma tenía “algunos aspectos positivos, considero que los efectos negativos impondrían cargas adicionales a los colombianos”.
Y alertó al Gobierno Nacional a mejorar la ejecución presupuestal, además, que es “urgente priorizar la austeridad en el gasto público y la eficiencia administrativa”.
“Han ganado las empresas extractivistas”
Finalmente, la representante Leyla Rincón (Pacto Histórico), aseveró que con el hundimiento ayer de esta iniciativa “perdió el pueblo y han ganado las empresas extractivistas y mineras”. Sostuvo que los $9,2 billones eran “para financiar lo que quedó desfinanciado en la reforma tributaria del 2022, que se hizo con responsabilidad y que responde a la implementación del Plan Nacional de Desarrollo, que busca las transformaciones sociales y la transición energética con la descarbonización de la economía”.
Aseguró que la iniciativa le apostaba a mantener la línea progresiva de la reforma tributaria de 2022, “que reduce la carga impositiva al sector productivo empresarial, como las Mipymes y se la traslada al sector extractivista-rentista como lo es el sector de hidrocarburos y minero”.
Le apuntaba a reducir el impuesto de renta a las grandes empresas del 35% al 30% y al 27% en el caso de las Mipymes, detalló. Y, en cambio, robustecía la carga impositiva para empresas extractivistas, “pasarían de pagar una sobretasa de renta que hoy es del 35% y se potencializa hasta el 55%, en caso de que los precios promedios del barril de petróleo o la tonelada de carbón estén por encima del 60% en los últimos diez años”.
A pesar de los argumentos de los congresistas afines al gobierno, la oposición le ganó el pulso al presidente Gustavo Petro y ahora el Jefe de Estado tendrá que emitir por decreto un Presupuesto General de la Nación acorde a esta realidad, no cómo tenía pensado hace unos meses.
Así respondió el presidente Gustavo Petro
