Estudiantes del colegio Sósimo Suárez de Gigante, Huila, ganaron una acción de tutela contra la Alcaldía, la Gobernación del Huila y el Gobierno de Gustavo Petro. El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Garzón ordenó adoptar medidas presupuestales para garantizar el PAE, para lo cual dio un plazo de un mes. La falta de psicoorientador también preocupa. Increíblemente, el fallo fue impugnado.
Johan Eduardo Rojas López
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Mediante una acción de tutela, estudiantes de la institución educativa Sósimo Suárez, ubicada en zona urbana de Gigante, Huila, expusieron la constante preocupación que los alberga por la no prestación del Plan de Alimentación Escolar, PAE, la deteriorada infraestructura y la falta de psicoorientador desde hace varios meses.
Tras escuchar las partes, el juez Diego Calle Cadavid falló a favor de los accionantes y ordenó al Ministerio de Educación, a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, UAPA, la Gobernación del Huila y a la Alcaldía de Gigante, en un término de 30 días, adoptar las medidas presupuestales y financieras pertinentes que se requieren para garantizar el cubrimiento del PAE en lo que resta del año en dicho plantel educativo.
Los exhortó, igualmente a que, en la planeación de los presupuestos venideros, “actúen conforme al principio de no regresividad”, para garantizar la inversión destinada a esta línea que es fundamental en el interés superior que asiste al estudiantado.
También requirió a la administración municipal de Gigante, liderada por Josué Manrique Murcia, a realizar las visitas técnicas correspondientes y en vigencias presupuestales futuras destinar el rubro de gastos de inversión para la infraestructura del colegio que se encuentra en una zona vulnerable de dicha localidad. Para esto le sugirió presentar proyectos tendientes a conseguir dinero para tal fin, bien sea ante el ente territorial o la nación.
El fallo fue impugnado y se encuentra en revisión de instancia a la espera de si se revoca o se reafirma lo ya expresado.
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¿Derechos vulnerados?
Este mecanismo que busca proteger los derechos fundamentales de los individuos cuando están siendo vulnerados, fue interpuesto por el líder social Kevin David Arriguí Vargas, junto a integrantes del gobierno estudiantil del Sósimo Suárez, conformado por Daniela Ibáñez, quien funge como personera. También, se sumaron voceros del grado once, décimo, noveno, octavo y séptimo, además, de Ana Violeth Pérez, representante de los padres de familia. Todo esto, en contra de la Alcaldía de Gigante, la Gobernación del Huila y el Ministerio de Educación, tras considerar vulnerados los derechos fundamentales de los estudiantes.
Según narraron en la argumentación de la acción de tutela, mientras que, los estudiantes de primaria sí reciben refrigerio escolar en horas de la mañana, los de bachillerato no reciben ninguna clase de alimentación, lo cual resulta grave, debido a que por la falta de recursos muchos de ellos no desayunan antes de irse a estudiar “y eso ha generado problemas de desnutrición”.
Agregan que el establecimiento de enseñanza se encuentra en condiciones “deplorables, teniendo en cuenta que la cancha está llena de huecos y los tableros de baloncesto dañados”, impidiendo que se puedan desarrollar las actividades físicas. Como si fuera poco, tampoco cuenta con psicoorientador para atender las problemáticas de consumo de drogas y violencia intrafamiliar que afrontan.
Entidades se defendieron
El Director General de la UAPA expuso que el PAE no es un programa nutricional y, por ende, la alimentación de los menores corresponde a sus familias. Bajo ese entendido no se debe entender como un derecho fundamental, sino como una “estrategia para el acceso y la permanencia de la población en el sistema educativo”.
Seguidamente, llegó el turno para el Ministerio de Educación, que arrancó pidiendo que se niegue la participación de Arriguí Vargas, habida cuenta que, “actúa en nombre de terceros sin estar legal, normativa y jurisprudencialmente habilitado”.
Recordó una vez más que, los responsables son los departamentos y municipios, de garantizar una adecuada y oportuna prestación del PAE. Dijo además que para este momento no hay convocatoria de mejoramiento en la infraestructura de las instituciones educativas, que se abren productos de resultados de focalización
¿Qué dice la Alcaldía y Gobernación?
La Secretaría de Educación de esa municipalidad, afirmó que, la mayoría de los municipios de sexta categoría no son certificados en educación, por lo que la dirección, operación y funcionamiento de las instituciones educativas dependen de la Secretaría de Educación Departamental. Mismo caso sucede con la asignación de psicoorientador.
Agregó que ellos han cumplido a cabalidad sus obligaciones en los diversos planteles educativos, incluido el Sósimo Suárez.
En esta misma línea, dijo que en el Plan de Desarrollo 2024-2027 se aprobaron estrategias para la ejecución y cumplimiento de los objetivos educativos, en donde se encuentra la mejora continua de la infraestructura de los colegios. Sin embargo, aseguró desconocer el estado de la chancha.
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La Gobernación del Huila, en cabeza de Rodrigo Villalba Mosquera, a través de la Secretaría de Educación, liderada por Orlando Parga Rivas, señaló que han informado a la comunidad educativa que la modalidad de atención por parte del programa de alimentación escolar para la vigencia actual tuvo que ser modificada, teniendo en cuenta la aplicación de los criterios de priorización y caracterización reglamentados en la Resolución 0335 de 2021.
Aseveraron desconocer la situación de consumo de sustancias psicoactivas y, recomendaron que para ello, deben tomar acciones las autoridades de Policía. Frente al tema de infraestructura, corroboraron que eso es competencia del municipio y, ellos a la fecha, no han recibido proyecto alguno por parte de la localidad donde soliciten mejoramiento.
Todos coincidieron en la solicitud de declarar la falta de legitimación “por pasiva” y además la improcedencia de la acción, cada uno argumentando diversos motivos, en especial que no se configura ninguna violencia a los derechos fundamentales.
Las acciones del colegio
En el plantel educativo, que cuentan con más de 351 estudiantes, sostuvieron que, desde inicios de 2024 han venido solicitando mediante correos electrónicos, se habilite el PAE para los estudiantes de básica secundaria y media, dejando claro que, ellos no son los responsables de la deserción escolar presentada por estas mismas razones.
“Los padres de los estudiantes que han cancelado la matrícula aducen que lo hacen por situaciones de factor económico y laboral para poder sostener el núcleo familiar. De la sede Rioloro 7 estudiantes han desertado, de la sede principal en primaria 51 estudiantes y de secundaria 35 estudiantes”, manifestó el rector Eduardo Silva.