Cuando los insurgentes atentan contra la institucionalidad del país, actúan conforme a su naturaleza y a sus oscuros propósitos. Sin embargo, cuando es el jefe de Estado quien lo hace, la alarma es total y merece atención extrema, pues desborda lo normal. Y si dicho líder fue insurgente, la situación se convierte en una peligrosa amenaza para el orden constitucional.
Desde que asumió el poder, Gustavo Petro ha exhibido una actitud beligerante, desafiante y arrogante, centrada en objetivos que nada tienen que ver con se deber de gobernar. Su verdadera prioridad es la de perpetuarse en el poder, personalmente o en cuerpo ajeno, sin reparar en costos, incluso si ello implica arrasar con quien se interponga en su camino.
Petro desconoce las instituciones a su conveniencia, desacreditando sistemáticamente a las autoridades del Estado. Lo hemos visto desde las investigaciones que afectan a su entorno familiar, como los casos de su hermano y su hijo, involucrados en turbios apoyos a su campaña. Ahora, acorralado por las evidencias, acusa al Consejo Nacional Electoral (CNE) de estar fraguando un ‘golpe de Estado’. En su arremetida, ha lanzado constantes ataques contra los magistrados del CNE que investigan las irregularidades de su campaña, y, para colmo, su abogado advirtió que no acatarán sus decisiones, desconociendo a una institución a la que, paradójicamente, el otrora senador Petro pidió investigar a sus antecesores.
En el caso de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, responsables de la investigación a su campaña, la situación ha alcanzado niveles peligrosos. Desde que presentaron la ponencia para formular cargos por violación de topes electorales, Petro activó su estrategia: victimizarse mientras ataca ferozmente a los ponentes. Inicialmente dijo: “Ha comenzado el golpe blando. Estamos ante una arbitrariedad…”, para mostrarse intocable.
A partir de ahí, desató su furia especialmente contra Prada, a quien no solo descalifica en redes sociales y discursos, sino que lo exhibe públicamente por un proceso que enfrenta en la Corte Suprema de Justicia, como si eso lo inhabilitara para actuar. En uno de sus ataques, Petro sentenció: “Este señor (Prada) no tiene ninguna autoridad moral para juzgarme”. Una declaración cargada de manipulación, con la que busca excitar a sus fanáticos en contra de Prada. Es maestro en manipular: selecciona a sus víctimas, las maltrata y luego se victimiza.
Prada está en grave peligro. Los ataques directos de quien tiene en el poder lo ponen en una situación dramática, distinta a las amenazas que normalmente provienen de actores al margen de la ley. En este caso, la amenaza emana del propio jefe de las autoridades encargadas de protegerlo. Tal es la gravedad de la situación, que Prada tuvo que enviar a su esposa y a sus hijos fuera del país en busca de seguridad.
Mis diferencias con Prada son públicas, y seguramente se mantendrán. No obstante, como ser humano, padre de familia, servidor público que fui y, más aún, como columnista de opinión, siento el deber de repudiar la actitud de Petro hacia Prada y expresar mi solidaridad con él y su familia. Ojalá los organismos internacionales les brinden protección.