Escrito por David Sánchez, jefe de Crédito y Cartera Universidad del Rosario
Hacer visible en medios de comunicación, redes sociales y en los diferentes escenarios del país al sector minero energético formal como un enemigo del medio ambiente, que trae con su actividad con un sinfín de efecto nocivos, fue la estrategia para captar buena parte adeptos que estaban sintonizados con la protección del medio ambiente. Utilizar cifras sobre la emisión de gases de efecto invernadero, deforestación y consumo de fuentes hídricas de manera subjetiva y sin la rigurosidad técnica, logró permear el imaginario de muchos, principalmente jóvenes, que se ilusionaron con ver disminuido este sector empresarial del país.
Empresas estatales como Ecopetrol, que le pueden representar al país alrededor de $30 billones anuales en promedio, fueron atacadas indiscriminadamente en las redes sociales, esto sin contar los improperios contra las multinacionales del sector que hoy operan en el país, indilgando en algunos casos de presuntas responsabilidades, además de las ambientales, de presuntos nexos con grupos armados, sin que se logre comprobar dichas afirmaciones.
El minero energético tiene un aporte relevante en la sociedad, lo cual va más allá de la generación de rentas significativas a la Nación vía impuestos, regalías, dividendos e inversiones, también es de considerar el impacto en la empleabilidad en donde se calcula que pueden estar vinculadas cerca de 200.000 personas de carácter formal y la generación de más de 1,5 millones de empleos indirectos. Estas cifras parecen insignificantes para Petro, demostrando el menos precio por el sector se ha profundizado de una manera tan notoria como lo fue la designación de Irene Velez como líder la cartera, quien a pesar de su falta de preparación y conocimiento fue sostenida hasta pasados días, donde presuntos casos de tráfico de influencia influyeron para que diera un paso al costado.
La campaña electoral y la actual ejecución de las políticas de gobierno no han trazado una hoja de ruta para fortalecer un sector formal, con líneas claras sostenibles y sustentables que garanticen la estabilidad jurídica que permita seguir trayendo las divisas vía inversión extranjera, de las cuales hoy se ufanan algunos sectores progresistas en las redes sociales.
En contrario, la ilegalidad sigue encontrando y aprovechando los vacíos de autoridad en las regiones apartadas del país, donde se concentra la mayor riqueza natural con reservas de petróleo, gas, oro y otros recursos para explotarlos, contrabandearlos principalmente por la frontera con Venezuela, por donde se estima que podrían circular de manera ilícita hasta el 80% de la producción minera del país. Otro ejemplo de lo anterior, lo hecho visible con el desfalco de cerca de $400.000 millones a Ecopetrol mediante robos sostenidos en el oleoducto de Caño Limón Coveñas por el ELN y en complicidad con varias empresas y personas que sirvieron como actores intelectuales o fachadas para ocultar lo que ocurría.
En ambos casos, la protesta vehemente de grupos ambientalistas y del mismo Gobierno ha sido tenue y sin la fuerza con la que han atacado a las empresas formales por situaciones de menor impacto. Al respecto y con el modus operandi de los seguidores del Presidente, se destaca por su ausencia que no hemos tenidos convocatorias a marchas contra la minería ilegal, tampoco nos han invitado a reprochar los constantes ataque del ELN a la infraestructura minera y de hidrocarburos del país, ni mucho menos, a defender las reservas naturales devastadas por las bandas criminales en la amazonia y en el Cauca. ¿Acaso Tenemos protesta selectiva?