No es presentable –y resulta más bien sospechoso—que la Contraloría General de la República haya dejado vencer los términos en el proceso de responsabilidad fiscal por las irregularidades y el evidente deterioro de las obras del parque Isla de Neiva, un escenario en el que se botaron más de $3.000 millones.
Tal como lo informó esta semana LA NACIÓN, a pesar de la abundante evidencia recaudada, las investigaciones adelantadas desde hace cinco años quedaron en cero. La demora en el trámite del juicio fiscal precipitó el naufragio.
Las obras surgieron en la administración de Héctor Aníbal Ramírez, pero fueron dejadas literalmente al garete por los siguientes gobiernos municipales, lo que generó que el parque Isla se convirtiera en un gran ‘elefante blanco’ o monumento al despilfarro de los recursos públicos.
La propia Contraloría concluyó que las últimas administraciones “fueron negligentes en el mantenimiento de las obras en la etapa post contractual, pues no se aseguró el personal de mantenimiento ni de vigilancia que permitiera la preservación y cuidado de las obras con el tiempo, como tampoco se contrató personal para que asegurara el lugar y poder alejar del parque los indigentes y la delincuencia común”.
Lamentablemente, ha sido por causa del mismo organismo de control que semejante negligencia, que va en desmedro de los dineros públicos, los cuales se nutren con el pago de los impuestos de los ciudadanos, quede hoy en la impunidad.
La ineficiencia administrativa no se combate permitiendo que los responsables terminen sin rendir cuentas y burlándose de la lentitud de la justicia, en este caso de la Contraloría.
Desde esta tribuna, hemos insistido en que es clave que los organismos de control sean los primeros en hacer su mayor esfuerzo para combatir la corrupción, un monstruo de mil cabezas que se reproduce año tras año y que se fortalece cuando las investigaciones no arrojan resultados. Luchar contra la corrupción exige acciones eficaces.
