Luego de que el alto comisionado de Paz, Otty Patiño, habló del fin de la JEP, su presidente, el magistrado Roberto Carlos Vidal pidió respeto a la autonomía del tribunal y advirtió sobre las posibles consecuencias de incumplir lo pactado en los acuerdos de paz. “Sería un enorme perjuicio para las víctimas”, señaló.
El pasado 24 de septiembre, en diálogo con El Espectador, Otty Patiño, consejero comisionado de paz, señaló que desde el Gobierno se estudia la posibilidad de que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) tenga un cierre definitivo y arrojó la idea de fortalecer a la justicia ordinaria para que allí se pueden acoger los procesos de quienes tuvieron –o tienen– un rol protagónico en el conflicto.
“El cierre del proceso de Justicia y Paz, el mismo cierre de la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), que también es muy importante y que de todas maneras en ese cierre se puedan acoger personas u otras entidades, incluso puede ser propicio para una organización como el Eln porque es muy difícil generar nuevos procesos de justicia”, señaló Patiño.
Por otro lado, Patiño aseguró que frente a los temas de justicia transicional hay una puja entre quienes piensan que los procesos deben prolongarse en el tiempo y entre los que consideran que los trámites deben acortarse.
“Todas esas justicias especiales son justicias transicionales, pero que también deberían ser transitorias. A veces la tendencia es a que se vuelvan eternas y eso, en últimas, debilita a la justicia ordinaria y no genera satisfacción por parte de quienes acudieron a esa justicia transicional”, afirmó Patiño.
Contundente respuesta
Tras lo dicho por Otty Patiño, el presidente de la JEP, el magistrado, Roberto Carlos Vidal, pidió que se respete la autonomía y que se garantice el funcionamiento de esta justicia transicional.
Además, señaló que existe un grave riesgo frente a un recorte presupuestal. Advirtió que se le habían prometido a la JEP aproximadamente 450 mil millones de pesos, los cuales, al parecer, fueron destinados para otros proyectos, lo que pondría en riesgo la ejecución de las sentencias y la reparación de las víctimas.
“Sería un enorme perjuicio para las víctimas, porque esos proyectos a cargo del Estado y del Gobierno están destinados a cumplir las obligaciones de restauración y reparación, pero también sería gravísimo para los victimarios, que se han sometido a la jurisdicción, que hayan cumplido con todas sus obligaciones y que no puedan ejecutar las sanciones impuestas”, expresó Vidal
Urgente llamado
El presidente de la JEP también hizo un llamado asegurando que esto pondría en riesgo la posición que pueda tomar la Corte Penal Internacional frente al cumplimiento de las obligaciones del Estado colombiano con lo pactado en los acuerdos de paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
“Cualquier cierre prematuro de la JEP le causaría un enorme perjuicio al país, pero sobre todo, a aquellos comparecientes que pertenecieron a las antiguas Farc y a los miembros de la Fuerza Pública, pues se podría ver comprometida la regularización de su situación judicial”, concluyó.