Un cartel para tramitar pensiones del Departamento, con complacencia de funcionarios al interior de la administración seccional, quedó al descubierto después de una Auditoría Especial a la Secretaría General del Departamento del Huila – Fondo Territorial de Pensiones.
La investigación, realizada por la Contraloría Departamental, concluyó un presunto daño patrimonial al Departamento por la suma de $3.582 millones, tomados de una muestra selectiva que pudiera aumentar de ser revisados más casos, reconoció la titular del organismo, Adriana Escobar.
El carrusel presuntamente funcionaba entre gente externa al edificio departamental, o ‘terceros’, quienes, con la aparente complicidad, permisividad o colaboración directa de funcionarios de determinadas áreas relacionadas con el trámite, contactaban, ubicaban y vinculaban a personas con determinadas características o condición para ayudarlas en el cobro de la pensión.
El presunto delito consistiría en que en distintos casos los ‘nuevos’ beneficiados, varios retirados hace años de la administración seccional, no cumplían las exigencias de ley para poder gozar de la pensión, por falta de tiempo de servicio, documentación incompleta, papeles que no aparecen, certificados inexistentes, entre otros.
“La averiguación inició por una denuncia ciudadana y continuó a través de la verificación documental utilizada para el reconocimiento de las pensiones de vejez. La evaluación se llevó a cabo de forma selectiva, con las políticas y procedimientos establecidos, para fundamentar el concepto”, dijo Escobar Gómez.
Durante el proceso auditor se analizaron y revisaron selectivamente 26 resoluciones de pensiones reconocidas durante las vigencias 1985, 1987, 2001, 2002 y 2006, con el resultado de: 23 hallazgos con presunción fiscal que suman $3.582 millones; 27 hallazgos de tipo administrativo; 25, con presunción disciplinaria; y 23, con presunción penal, que serán trasladadas a las autoridades competentes.
Vale destacar que $3.000 millones son por concepto de pensiones recibidas desde su reconocimiento y pagadas hasta julio de 2016 fecha en que cerró la auditoría; y $576 millones como consecuencia del pago de doble pensión.
El procedimiento
LA NACIÓN conoció el paquete de irregularidades cometidas en los actos administrativos de reconocimientos de pensiones, con características tales como:
El tiempo que transcurrió para la presentación de la solicitud del reconocimiento, esto es, 17 y 18 años después de una supuesta desvinculación laboral y/o cumplimiento de requisitos para tal fin. Además, de la aceptación del monto de mesadas atrasadas o retroactivos pensionales.
Se fundamenta en el cumplimiento del requisito para acceder a la pensión sobre tiempos de vinculación laboral al parecer inexistentes, pues los investigadores de la Contraloría no encontraron evidencia que permitiera corroborar tal vinculación: (Historias laborales; expedientes de cesantías; acto administrativo de nombramiento; nóminas; kárdex zafiro digitalizado).
Algunas personas cobraron doble pensión.
“En otros casos, si bien en las tarjetas de kárdex zafiro digitalizado que maneja el archivo del Departamento aparece el registro de cargos desempeñados, al cotejarlo con los decretos de nombramiento que reposan igualmente en el archivo no coinciden, en otros casos resultan inexistentes”, explicó Escobar.
De otra parte, se efectuaron reconocimientos pensionales y de mesadas atrasadas, sin que se hubieran incluido en nómina o cobrado por parte de quien figura como beneficiario.
Y se encontró que dos personas devengan simultáneamente dos pensiones: un pago reconocido por el Fondo Territorial de Pensiones y otro, por el Instituto de Seguro Social, hoy Colpensiones.
La investigación
Escobar resaltó que en atención a que las pensiones se han pagado normalmente hasta este año 2016 el presunto daño patrimonial al Estado no ha caducado, por tratarse de emolumentos que a la fecha se están pagando en virtud de un acto administrativo.
Sobre si se ha concluido el total de los trámites ocurridos irregularmente, o lo encontrado es apenas la punta del iceberg, la funcionaria respondió que se ha terminado una fase inicial: “No podemos decir que hemos abarcado la totalidad de las vigencias reconocidas, pues suman varios años, de 2001, 2006, etc., lo que quiere decir que hicimos una muestra selectiva”.
En relación a si es posible hablar de una mafia o carrusel de pensiones en perjuicio del Departamento, se limitó a decir que “hay unas presuntas irregularidades; de los casos analizados, encontramos 26 anómalos, con trámites presuntamente sin cumplir los requisitos de ley. Fue una investigación profunda y responsable, cotejando documentos con otras entidades”.
Escobar señaló que no es fácil identificar a los empleados que pudieron participar en el proceso porque la Contraloría se limitó a analizar los documentos para el reconocimiento bajo la resolución expedida y las personas que hacen parte, pero es un asunto que abarca diversas instancias y dependencias, de verificaciones y certificaciones, documentación entregada finalmente a quien expide el acto administrativo.
“Con este informe se tienen hoy unos hallazgos que serán trasladados a la Oficina de Responsabilidad Fiscal de nuestra Entidad, para el inicio de un proceso fiscal, en el que se le garantizará a quienes por funciones les correspondía hacer parte del reconocimiento del acto administrativo que alleguen el material probatorio y ejerzan su derecho de contradicción y poder establecer con certeza los presuntos responsables; así mismo las demás autoridades de encontrar merito en lo trasladado iniciarán las investigaciones formales que seguramente permitirán con precisión encontrar los responsables”.
Sobre si ya se conoce los nombres de los beneficiados y si serán revelados, respondió que existe un informe que contiene las resoluciones y actos administrativos por medio de los cuales se reconoce la pensión, pero hace parte de la reserva de los documentos que se entregarán a las autoridades correspondientes para que procedan.
Respuesta del Departamento
De la auditoría y conclusiones ya fue informado el Departamento Administrativo Jurídico de la Gobernación que ya contestó sin controvertir la información presentada. La respuesta fue que efectivamente no se hallaron los soportes para desvirtuar lo observado por el organismo de control y vigilancia.
En diálogo con este medio, el director de la Oficina, Juan Felipe Molano, manifestó que después de confrontar con la Secretaría General Departamental no se encontraron argumentos para contradecir a la Contraloría: “Lo que hemos hecho es un plan de mejoramiento y de control a las pensiones. Esperamos que nos informen nombres y casos particulares”.
Lo que también hizo el Departamento, para aclarar la situación y ponerle freno definitivo, fue cambiar la modalidad de pago de las pensiones para presionar o conseguir la concurrencia de las personas beneficiadas. Por ejemplo, ya no se le consigna al beneficiario, sino que se le paga en cheque para que deba comparecer a reclamar su mesada.
Con ese cambio previsto ya se contactó a una persona, que presuntamente se prestó o utilizaron para el carrusel, una mujer mayor de edad analfabeta.
Sin control ni seguimiento
Según todo lo anterior, la Contraloría concluyó que la falta de control, seguimiento y verificación por parte de la entidad rectora (Secretaría General) del Fondo Territorial de Pensiones del Departamento en las fechas señaladas dentro del informe (durante las vigencias 2001, 2002 y 2006), en el cumplimiento de los requisitos para conceder la pensión de vejez, permitió la ocurrencia de un presunto daño patrimonial al Estado.
“Así como la falta de verificación y confrontación de los datos consignados en las certificaciones laborales expedidas en los diferentes reconocimientos, falta de un sistema de gestión documental y con ello la ausencia de una organización documental en el Archivo General de la Gobernación respecto a la clasificación, registro, conservación y custodia de la información relacionada con sus funcionarios y ex funcionarios”, dice el informe especial.
Adriana Escobar Gómez, Contralora Departamental del Huila, condujo la investigación el primer semestre de este año. Foto Sergio Reyes.
