Tal como lo anticipó LA NACIÓN, la Procuraduría informó ayer que abrió una investigación disciplinaria contra el alcalde de Palestina, Huila, Juan Diego Pineda Rodríguez, por las denuncias de maltrato presentadas por su esposa, la gestora social Claudia Patricia Reyes Hoyos.
La Procuraduría General de la Nación se sumó a la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra el alcalde de Palestina, Huila, Juan Diego Pineda Rodríguez, por presuntamente agredir a su esposa.
Así lo anunció ayer el ente de control al informar que la investigación disciplinaria se basa en la denuncia de la gestora social Claudia Patricia Reyes Hoyos, quien acusa al alcalde de presuntamente abusar de su posición para agredirla.
El proceso
“La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra Juan Diego Pineda Rodríguez, por presuntamente abusar de su posición como funcionario público para incurrir en maltratos físicos, verbales y psicológicos continuos en contra de su esposa, quien a su vez se desempeñaba como gestora social de la alcaldía”, señala el comunicado de la entidad.
Cabe recordar que, en el mes de septiembre de este año, Claudia Patricia inició un proceso legal en la Fiscalía contra el mandatario, a quien acusa de incurrir en el delito de violencia intrafamiliar y lo responsabiliza por la pérdida del hijo que estaban esperando.
Los abusos
La mujer con la que mantuvo una relación durante 12 años relató que perdió al bebé que esperaba debido a los constantes abusos por parte del alcalde, quien, según ella, fue encubierto y defendido por sus empleados. Las agresiones no solo fueron dirigidas contra ella, sino también contra su madre.
En enero de 2024, cuando ya ocupaba el cargo de gestora social, Claudia Patricia comenzó a recibir maltrato verbal por parte de su entonces pareja, Juan Diego Pineda Rodríguez. Las agresiones consistían en comentarios soeces y despectivos, pero, por temor, ella no lo denunció.
A pesar de confirmar su embarazo en abril de ese mismo año, el abuso no cesó y siguió siendo maltratada. El 12 de mayo, la violencia aumentó considerablemente. Los insultos y humillaciones dieron paso a agresiones físicas, cuando Juan Diego Pineda Rodríguez le dio dos cachetadas en la cara y la empujó con fuerza hacia la cama.
A pesar de la brutalidad de los hechos, Claudia Patricia no denunció, pues el miedo seguía dominándola. Además, el alcalde la había amedrentado, recordándole repetidamente que su poder derivado del cargo que ocupaba lo ponía por encima de ella, quien “no era nadie”.
La pérdida de su bebé
El 15 de mayo, después de que la víctima fuera incapacitada debido a su embarazo de alto riesgo, el alcalde regresó de Bogotá. Aunque al principio se mostró cariñoso, su actitud cambió cuando ella bromeó sobre la compra que hizo él de una ropa.
En un altercado posterior, él la empujó de la cama, lo que le provocó cólicos intensos y sangrado. A pesar de su dolor, el alcalde no le ofreció ayuda. Fue la madre de Claudia Patricia quien llamó una ambulancia, y fue trasladada al hospital, donde le realizaron un legrado.
Como resultado de estos hechos, la víctima presentó una denuncia el 11 de septiembre del presente año. Según el reporte recibido, la Comisaría de Familia informó a la Fiscalía General de la Nación sobre la situación de violencia que se estaba viviendo en el hogar.
Un mes después de la denuncia publicada por LA NACIÓN, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Garzón llamó a Claudia Patricia a declarar. Desde ese momento se abrió la investigación disciplinaria que anticipó este medio de comunicación.
“La Procuraduría Provincial de Instrucción de Garzón, Huila, inició la investigación a partir de las informaciones conocidas públicamente, donde se dieron a conocer los aparentes abusos permanentes a los que la víctima era sometida, situación que le ocasionó la pérdida de un hijo que esperaba la pareja”, argumentó la Procuraduría.
Indagación paralela
Para intervenir en el proceso penal abierto en la Fiscalía por estos mismos hechos, la Procuraduría Delegada del Ministerio Público en Asuntos Penales creó una agencia especial, la cual está a cargo del Procurador 271 Judicial I Penal de Pitalito, Huila.
A través de esa agencia especial, el Ministerio Público actuará en las distintas audiencias que se programen, así como participará y hará acompañamiento permanente a las diligencias judiciales que se adelanten en desarrollo del caso.
