Los exsecretarios de Gobierno del Huila, Andrés Mauricio Muñoz y Edgar Marín Lara, y el actual jefe de la cartera, Juan Carlos Casallas, deberán responder por el escándalo de los carrotanques de bomberos. La Procuraduría General de la Nación les abrió investigación, por presuntas irregularidades en el contrato suscrito y aparente incumplimiento de sus deberes. Muñoz, quien firmó y celebró la compra, dice estar tranquilo, igual que Casallas, que fue vinculado por estar actualmente en el cargo. Lara, por su parte, no se pronunció.
Johan Eduardo Rojas López
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La compra de seis vehículos tipo cisterna para cuerpos de bomberos del Huila, ha destapado un escándalo por presuntas irregularidades en la suscripción del contrato por un monto de $4.356 millones.
La Procuraduría Regional de Instrucción del Huila, siguiéndole la ‘pista’ a las denuncias realizadas, abrió investigación contra los exsecretarios de Gobierno, Seguridad y Asuntos Comunitarios del Huila, Andrés Mauricio Muñoz Leguízamo y Edgar Martín Lara. También, el proceso involucra a Juan Carlos Casallas Rivas, actual jefe de la cartera.
Según lo sustentado por el órgano de control, la misma se abrió por presuntas irregularidades en la compra de los carrotanques.
Investiga, entonces, un aparente incumplimiento de sus deberes por parte de los funcionarios, en su calidad de administradores y ordenadores del gasto de los recursos del Fondo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres del departamento, así como supervisores del contrato, pues a la fecha los vehículos no han sido entregados a los cuerpos de bomberos de Neiva, Pitalito, Garzón, La Plata, Campoalegre y Rivera.
A responder
Para efectos del proceso, el Ministerio Público le solicitó a la Gobernación del Huila copia de los estudios previos realizados para la firma del contrato e informar si a la fecha se ha hecho efectiva alguna póliza o se ha realizado alguna ampliación de las garantías del bilateral.
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“Con la apertura de la investigación, la Procuraduría busca verificar la ocurrencia de los hechos, determinar si constituyen una falta disciplinaria, establecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometieron, el posible perjuicio causado y la posible responsabilidad de los investigados. Ellos pueden solicitar ser escuchados en versión libre si así lo desean”, indicó el organismo de control.
Hay tranquilidad
Ante esto, el exsecretario de Gobierno, Seguridad y Asuntos Comunitarios del Huila, Andrés Mauricio Muñoz Leguízamo, dijo estar muy atento para dar respuesta a las diferentes inquietudes que se presenten ante los entes de control respecto a la celebración del contrato que “en su momento realizamos considerando que era lo mejor para suplir la necesidad”.
Mencionó, sin embargo, que hasta el momento no ha sido notificado de ninguna investigación, pero que está dispuesto a rendir las explicaciones necesarias y demostrar que actuaron de buena fe, buscando que las cosas se hicieran bien. “Todas las personas que ocupamos cargos públicos sabemos que debemos estar atentos a dar respuesta sobre las diferentes actuaciones que celebramos, entonces sí me lo esperaba”, agregó.
A renglón seguido, explicó que, cuando ejerció el cargo, en el marco de una calamidad pública celebró una serie de contratos que eran importantes para atender dichas emergencias, y de esas actuaciones estatales pueden surgir imprevistos que generen, como en este caso, una suspensión, mientras se esclarecen las dudas existentes, pero “estoy seguro de que finalmente se va a lograr tener los vehículos que el departamento necesita”.
Muñoz Leguízamo añadió que se exigieron todas las pólizas, verificando que el contratista tuviera la experiencia, la capacidad financiera y jurídica de conformidad, como lo venía pidiendo Colombia Compra Eficiente para procesos similares y, por eso, tiene plena tranquilidad, entre otras cosas, porque en este caso no se ha perdido ningún peso. “Los recursos están garantizados con diferentes pólizas y, pues, lo que aspiramos es que la administración tome las decisiones pertinentes para que finalmente se pueda cumplir con el objeto contractual”, ratificó.
“No ha habido ningún incumplimiento”
Según el exsecretario de Gobierno, el contrato está suspendido y no ha existido ningún incumplimiento para que se aplique alguna póliza. De allí que, seguramente al reanudarse, podrá realizarse ese trámite por parte de la Gobernación del Huila, que es la encargada de tomar las decisiones.
“En mi opinión no existió incumplimiento de mis deberes. Creemos que todo lo hicimos, obviamente, acorde a derecho y eso es lo que esclareceremos en las diferentes citaciones que nos programe cualquier ente de control. Siempre he actuado con transparencia en cada uno de los procesos y oportunidades que he tenido en el sector público”, concluyó.
Exigencia del cumplimiento del contrato
Por su parte, Juan Carlos Casallas Rivas, actual jefe de la cartera, indicó que oficialmente no ha sido notificado y desconoce el auto de apertura. Expresó, no obstante, que está presto y atento a dar las explicaciones de cuáles han sido sus actuaciones dado que él asumió como líder de esa dependencia hace cerca de 2 meses y, en este caso, se trata de un contrato en el que no participó, ni se involucró de ninguna manera.
“Hemos participado en varios escenarios, en donde se logró precisar que en definitiva los vehículos que había suministrado el contratista el año inmediatamente anterior no cumplen con las especificaciones técnicas, de suerte que mi actuación siempre ha estado ajustada a las normas que rigen la materia y la exigencia del cumplimiento de las obligaciones del contrato. Entonces, no albergo ninguna preocupación por el trámite de la investigación que adelanta la Procuraduría”, sostuvo Casallas Rivas.
Recordó que la Contraloría, en la investigación que adelanta, emitió un informe preliminar en donde se tiene un hallazgo de aproximadamente $3.600 millones que configura un presunto detrimento patrimonial.
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Se evalúa alternativa
Por ahora, se encuentran evaluando una alternativa que ha presentado el contratista Jhon Farid Méndez Lugo, que consiste en cambiar los seis vehículos por los que aparecen en el objeto del contrato. Es decir, salir de los tractocamiones que había entregado y proporcionar camiones. Verificación que se hace con los Cuerpos de Bomberos del Huila.
“Si finalmente se toma la decisión de aceptar esa alternativa que ha propuesto el contratista, por supuesto que será siempre con apego al contrato, a las especificaciones técnicas, al proyecto y a las observaciones que vienen efectuando los Cuerpos de Bomberos Voluntarios beneficiarios de este proyecto. Vamos a esperar los resultados de la investigación y los resultados de las pruebas que se puedan practicar y estaremos muy atentos a las decisiones que tome el ente de control”, puntualizó el líder de la dependencia.
“Faltó incluir a Luis Enrique Dussán y el contratista”
Para Omar Alexis Díaz Cuéllar, diputado del Huila, lo ideal es que, si hubo un error, haya una consecuencia para que los demás funcionarios no cometan estas fallas que generan daño a ciertos sectores.
“El contratista de una u otra manera debe responder también por las actuaciones y no solamente los funcionarios públicos que hoy están inmersos en la investigación. También debe haber alguna apertura de investigación contra él, quien debe responder por los vehículos y los inconvenientes que han existido durante este año”, aseguró el diputado.
Díaz Cuéllar también expuso que, “sin duda alguna, dentro del proceso faltó incluir al exgobernador Luis Enrique Dussán porque, si bien es cierto, él descargó la competencia de ordenador del gasto al doctor Mauricio Muñoz, pues de alguna manera, tiene una representación jurídica dentro del departamento del Huila. En este caso sí notamos con extrañeza eso, pero vamos a ver qué otras investigaciones se arrojan al respecto”.
