Los tractocamiones que están siendo acondicionados para seis cuerpos de bomberos en el Huila no son homologados por el Ministerio de Transporte, les están realizando transformaciones y acondicionamientos prohibidos por las normas, señala el primer informe de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales (DNIE) de la Procuraduría. El perito que adelantó el trabajo de inspección sorpresivamente fue sacado por no modificar el informe.
Rafael Rodríguez C.
rafael.rodriguez@lanacion.com.co
“Se encontró que los vehículos adquiridos no cumplían con las normas técnicas exigidas para ser utilizados como carros de bomberos, además de que, a pesar de haber sido recibidos mediante acta en el año 2023, cuando se hizo la visita en junio de 2024, se encontraron en los talleres, apenas en proceso de ensamble”.
Esta fue la conclusión del informe del técnico investigador, Jairo Garzón Rincón, de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría (DNIE), que adelantó el peritaje al contrato y los seis tractocamiones adquiridos por la Gobernación del Huila para los cuerpos de bomberos, y conocido en exclusiva por LA NACIÓN.
Los seis vehículos fueron adquiridos ante la declaratoria de emergencia en el departamento del Huila. La Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario, con los cuerpos de bomberos de Neiva, Pitalito, Garzón, La Plata y Campoalegre, presentaron un proyecto denominado “Fortalecimiento de la capacidad operativa y de respuesta de los organismos de socorro y entidades operativas para atender las emergencias de incendios y suministro de agua en el departamento del Huila”, al Departamento Administrativo de Planeación, con valor de $4.375.600.000.
El proyecto fue gestionado con el contrato de suministro, orden de servicios FDGRD N° 059 de 2023, celebrado entre el Departamento del Huila y Jhon Farid Méndez Lugo, para la adquisición de vehículos de bomberos tipo cisterna para la atención de emergencias de incendios y suministros de agua.
“Vehículos ilegales”
Según el informe de la DNIE, los vehículos adquiridos por la Gobernación del Huila, son tractocamión con carrocería tanque sobre semirremolque. “Se trata en realidad de dos vehículos y/o unidades motrices (uno automotor y el otro no motor) conformado por el tractocamión y el semirremolque (carrocería tanque), los cuales forman una combinación de vehículos”.
Garzón Rincón, en la inspección a los vehículos en el taller de Carrocerías Súper, encontró que a los tractocamiones se les estaba acondicionando “un semirremolque de un eje con carrocería tanque; no se observa espacio para el acondicionamiento de bomba o tablero de control”.
El Ministerio de Transporte mediante ficha técnica de homologación AA-74742 del 9 de mayo de 2018, certificó la homologación de un tractocamión marca Volkswagen Constellation 19360 a Porche Colombia S.A.S. y con ficha técnica de homologación S00061202 del 31 de enero de 2024, aprobó el diseño de carrocería tipo tanque sobre semirremolque, marca carrocerías Súper.
El perito investigador sostuvo que los vehículos de emergencia tipo camión de bomberos cisterna comprados por la Gobernación del Huila, tienen que cumplir con la normalización técnica establecida por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación- ICONTEC, en la categoría de ‘higiene y seguridad aparatos y accesorios para la extinción de incendios en carros de bomberos’.
“El vehículo entregado por el contratista, no posee homologación por parte del Ministerio de Transporte, se trata de la combinación de dos vehículos y su matrícula ante la Secretaría de Tránsito de Neiva, se hizo en indebida forma toda vez que se trata de un vehículo de emergencia y sus características técnicas no corresponden con las de un tractocamión, máxime, si se tiene en cuenta que su destinación es de un vehículo de emergencia”, explicó el perito de la DNIE.
En la inspección a los vehículos en el taller de Carrocerías Súper, el pasado 15 de mayo de 2024, el contratista entregó al perito de la Procuraduría un certificado de Conformidad de la Norma Técnica NFPA 90122, que corresponde a los accesorios con los que pretende la construcción y diseño de la bomba del vehículo, “más no del cumplimiento de la norma por los vehículos, pues en inspección disciplinaria del 14 de mayo de 2024 a los talleres de Carrocerías Súper, se confirma que estos todavía están en construcción”, señala el informe que se encuentra en manos de LA NACIÓN.
Aseguró el funcionario del organismo disciplinario que los vehículos de bomberos tipo camión debe portar carrocería de bomberos, su matrícula ante el organismo de tránsito debe ser como vehículo de emergencia y sus características técnicas y estar definidas ante la plataforma RUNT, situación que no presentan los vehículos de la Gobernación del Huila.
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“Los camiones adquiridos por la Gobernación del Huila, el registro se hizo como tractocamión, los cuales no poseen carrocería porque son articulados, en suma, el prototipo que se pretende entregar no está registrado en la plataforma RUNT, y el Contratista no está registrado, ni la carrocería está homologada ante el Ministerio de Transporte”, precisó el perito investigador.
Indicó que a los vehículos se les están realizando transformaciones y acondicionamientos prohibidos por las normas colombianas expedidas por el Ministerio de Transporte, convirtiendo a dichos prototipos de camiones, en vehículos “ilegales, toda vez que no cumplen con la reglamentación vigente”.
Reiteró el funcionario que los vehículos recibidos por la Gobernación del Huila, son tractocamiones a los que se les está realizando un cambio de clase, que resulta del producto de la combinación de dos vehículos, como lo son el tractocamión Volkswagen Constellation y el semirremolque de un eje marca Carrocerías Súper. “Estas son dos unidades o vehículos distintos que requieren un registro individual ante las Secretarías de Tránsito, dando como resultado la asignación de un cupo de placa para cada vehículo. Esto para indicar que los vehículos entregados por el contratista deben portar dos tipos de placas, pero se comportará como una sola unidad motriz”.
Indicó, además, que los prototipos recibidos por la Gobernación del Huila que se están acondicionando son vehículos articulados que se pretenden convertir en rígidos para ajustarlos a las necesidades de los cuerpos de bomberos. “Fueron cotizados como camiones rígidos de bomberos de tres ejes, no como tractocamiones y semirremolques combinados”.
“Falsedad ideológica”
El perito investigador Garzón Rincón, de la DNIE, señaló que las características de los vehículos entregados no “podrán” corresponder a las características estipuladas en el contrato de suministro. “Aunque los vehículos en papeles ya se entregaron y fueron recibidos por la Gobernación, no corresponden con el objeto del contrato, así el contratista haya modificado las fichas técnicas anexas al contrato, para justificar la compra de tractocamiones”.
Indicó que las fichas técnicas anexas al contrato son antitécnicas, toda vez que no se especifica el vehículo adquirido. “En algunas partes se maneja como la compra de un tractocamión y en otras como un vehículo cisterna de bomberos, sin dar certeza si se trata de un vehículo rígido o articulado, dejando simplemente una descripción ambigua del objeto de la compra”.
Como si fuera poco, una de las presuntas irregularidades encontradas en el peritaje fue que en el proceso precontractual y el estudio de mercado, se hizo sobre un camión rígido de tres ejes (6×4) con carrocería de bomberos, mientras que en la inspección el contratista está acondicionando un vehículo que es de distinta clase para ajustarlo a las exigencias iniciales del contrato. “Esto lo convierte en un prototipo (6×2) que no tiene homologación por parte de la autoridad competente; luego no corresponde el objeto contractual, con los vehículos recibidos y que aún no se terminan de construir”, sostuvo el investigador de la DNIE.
Precisó además que el contratista no está registrado como carrocero fabricante, ni ante el Ministerio de Transporte, ni ante el RUNT.
Para el funcionario, si el contratista lograr acondicionar los vehículos, estos no cumplirán las normas del Ministerio de Trabajo. “El contratista adquirió tractocamiones en lugar de camiones rígidos, en la actualidad está tratando de hacer un prototipo que se asemeje a los cotizados en los estudios de mercado; sin embargo, si logra cumplir con lo que se pretendió en el contrato, haciendo las modificaciones, los vehículos serán ilegales toda vez que no cumplen con la normatividad vigente, y no poseen homologación por parte del Ministerio de Transporte”.
Agregó que en la inspección realizada a la oficina del contratista se observó y nos enseñó, según sus indicaciones, cajas que contienen las bombas que iban a ser instaladas en los vehículos, y que, según su versión, él mismo había comprado. “Luego no se entiende por qué hay una factura por $471.000.000 a favor de Alpecorp, a quien supuestamente se le pagó por la compra y acondicionamiento de estas”.
Otra presunta anomalía encontrada por el funcionario es la existencia de actas de entrega y recibo a satisfacción de los vehículos, además, el dinero fue desembolsado al contratista, cuando los vehículos no han sido entregados en realidad. “Materialmente, los camiones de bomberos no han sido recibidos por la Gobernación del Huila, ni se han entregado a los municipios para contrarrestar los desastres, toda vez que se encuentran en construcción. Luego ha de presumirse una falsedad ideológica en estos soportes”.
Perito investigador lo sacaron del proceso
LA NACIÓN conoció que sorpresivamente el perito investigador de la DNIE, Jairo Garzón Rincón, fue apartado de la investigación que venía adelantando en el caso de los tractocamiones para los bomberos del Huila.
Según el documento de la Confederación General del Trabajo (CGT), el funcionario fue apartado del proceso cuando entregó el informe y fue requerido para que lo cambiara. “Cuando entregó su informe en el cual describió de manera técnica una cantidad de irregularidades en la ejecución del contrato, comenzó su calvario”.
El documento señala que “inusualmente”, el informe pericial adelantado por Garzón Rincón fue revisado por una asesora del Despacho de la Procuradora (Margarita Cabello), quien funge como consultora de la Directora de Investigaciones Especiales. “Se demoró más de un mes, al cabo del cual citó al funcionario a una reunión con la directora…”.
Precisa que en la reunión las funcionarias le “pidieron (a Jairo Garzón Rincón) que cambiara el informe por cuanto no estaban de acuerdo con asuntos de fondo y de forma”.
Sostiene el documento de la CGT que lo más sorprendente es que le revocan la asignación del caso, una vez fueron realizadas las pruebas y presentado el informe respectivo. “Las pruebas recaudadas quedaron sin efecto por un acto administrativo abusivo y sin motivación que ordena a otro funcionario que vaya a hacer lo que ya estaba hecho”.
Garzón Rincón envió copias de su informe a la Fiscalía y a la Contraloría General. “Como es un funcionario de carrera al que no podía despedir, le reubicó el cargo en una dependencia en la que no va a tener nada que ver con su trabajo de policía judicial experimentado”.