Villavicencio sigue estremecida con la terrible historia de Juan José*, un niño de 4 años que hace unas semanas fue amarrado con su propia ropa, violado y después ahogado en un tanque de agua. El agresor, capturado dos días después totalmente drogado, resultó ser un adolescente de 15 años que no solo aceptó los cargos sino que narró con tanta crudeza ante el juez lo que había hecho que causó lágrimas entre los asistentes al Palacio de Justicia.
En esa y en la mayoría de las ciudades y pueblos los alcaldes, la Policía y las autoridades judiciales están preocupados porque los menores de edad están participando con frecuencia creciente en delitos como asesinato, secuestro, extorsión o tráfico de drogas y armas, entre otros. En la memoria de los colombianos está la imagen del joven de 17 años usado por las Farc para ponerle la bomba al carro del exministro Fernando Londoño, lo mismo que la de niños sicarios como el que asesinó en días pasados, en el centro de Bogotá, a un reconocido comerciante de esmeraldas.
Para enfrentar esta problemática, los alcaldes de las capitales les propusieron la semana pasada al gobierno y al Congreso estudiar y tramitar un proyecto de ley que eleve las penas para los menores, con el fin de que se condene de manera ejemplar a quienes se dejen tentar por las bandas criminales que los están enrolando como pistoleros o traficantes de drogas.
Juan Guillermo Zuluaga Cardona, alcalde de Villavicencio, quien lidera la propuesta, le dijo a SEMANA que por tener un sistema especial, en el que solo los casos graves son condenados a una pena máxima de ocho años, estos están siendo usados para cometer toda clase de delitos. “Según las estadísticas de las autoridades, el 10 por ciento de los delitos que se cometen en Colombia tienen como actores principales a jóvenes menores de edad. Por eso es urgente reformar el Código de Infancia y Adolescencia, así como el Sistema de Responsabilidad Penal”.
La propuesta busca que los jóvenes mayores de 15 años que cometan delitos gravísimos sean juzgados y condenados como adultos, para que una vez cumplan la mayoría de edad salgan de las correccionales especiales y terminen de pagar sus penas en una cárcel normal. “Debemos imponer penas ejemplarizantes, porque estamos tratando como angelitos a verdaderos criminales”, dijo Zuluaga.
El presidente Juan Manuel Santos, quien estuvo en la cumbre de alcaldes, les dijo que iba a nombrar una comisión para evaluar el tema, incluyendo la creciente presencia de jóvenes en el microtráfico y en el comercio de armas. La realidad es que la propuesta de los alcaldes no es novedosa, es difícil de realizar, tiene dividido al gobierno y en alerta a los expertos. Sin embargo, es un campanazo de alerta que demuestra que la prevención y el control de los delitos cometidos por los menores no están funcionando bien.
Como se recuerda, el Congreso expidió en 2006 el Código de Infancia y Adolescencia que sacó del Código Penal a los menores y les creó un modelo especial que busca más perdonar, reparar y reeducar a los niños y adolescentes infractores, que someterlos a la Justicia tradicional. Sin embargo, a aquellos que cometan graves delitos se les debe condenar y recluir en centros especiales hasta que cumplan sus penas.
Curiosamente, la discusión que plantean los alcaldes se dio durante el trámite de esta ley y es la misma que tuvo lugar hace dos años, cuando se tramitó la Ley de Seguridad Ciudadana: o bien juzgar a los menores con la lógica de los adultos para que cumplan penas ejemplarizantes en una cárcel, o bien darles la posibilidad de que se recuperen para la sociedad. Siguiendo los parámetros y acuerdos internacionales firmados por el país, el camino ha sido el segundo.
Por eso la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Adriana González, es clara al advertir que juzgar a los mayores de 15 años como adultos –o rebajar a 14 años la edad para ser juzgados– es difícil de hacer, aunque es la tendencia mundial. Primero, porque el país tendría que entrar a demandar la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que prohíbe que los menores sean condenados como adultos o que una vez cumplan la mayoría de edad sean trasladados a una cárcel normal. Además, se estaría violando el principio de no regresividad de los derechos, lo que pondría a Colombia a merced de ser sancionada por la Organización de las Naciones Unidas.
Lo segundo es que no está claro que el aumento de las penas sea el mejor camino para disuadir a los menores de participar en el delito. Dentro de los debates del trámite de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2011 se discutió profundamente sobre este tema. Para frenar su participación en los delitos de alto impacto –como el homicidio doloso, el secuestro y la extorsión– se decidió aumentar la sanción para los mayores de 14 años con penas de dos a ocho años. Además se incluyeron en este listado el tráfico de estupefacientes, el tráfico y porte de armas y los delitos contra la integridad. También se estableció que los menores tendrán que cumplir la totalidad de la sanción en el centro y no como pasaba antes, cuando al cumplir 21 años quedaban libres.
La realidad de esta nueva ley es que no atemorizó a los jóvenes, pero sí aumentó el número de procesados (ver gráfica). “Entre 2007 y junio de 2013 ingresaron al Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente 130.298 menores. Más del 75 por ciento fue por penas menores y solo el 6 por ciento por homicidio, secuestro, extorsión y delito sexual, lo que deja en claro que los casos graves están siendo manejados con cierto sensacionalismo y oportunismo político”, dice Manuel López, experto del ICBF en esta materia.
Carlos Tejeiro López, coautor del Código de Infancia y profesor de la Universidad de los Andes, opina que “hay un populismo punitivo que insiste en subir las penas y entregarle al Derecho Penal la solución de los problemas estructurales de la sociedad. Si hay algo claro que queda en evidencia con la propuesta del alcalde de Villavicencio es el fracaso del Estado para manejar la prevención de delitos en menores, así como en buscar a las bandas y a los delincuentes que los están cooptando y trabajar en su reeducación”.
De hecho, la propia directora del ICBF advirtió que, antes de una reforma, lo que se requiere es poner a operar al máximo el sistema actual, pues hay grandes problemas. No hay un ente rector que articule a todas las entidades de la rama judicial y del Ejecutivo, lo que ha desembocado en que toda la responsabilidad esté en el ICBF. Se requieren más y mejores centros de reclusión para separar radicalmente a los adolescentes y los adultos; darles cobertura de salud, programas de formación promovidos por el Sena o que los alcaldes y gobernadores hagan lo que les corresponde, entre otros. “Nosotros tenemos experiencias exitosas de jóvenes que se han recuperado, que hoy van en el día a la universidad y duermen en los centros especiales o que han encontrado un proyecto de vida, y a eso es a lo que queremos apostarle, pero requerimos la participación de todo el Estado”.
En eso coinciden todos los expertos consultados por SEMANA, así como en advertir que cualquier cambio de las penas debe hacerse en casos puntuales y basados en estudios profundos, pues en casos aberrantes como el de Villavicencio –con un niño con un claro problema mental– no se puede medir a todos los menores infractores. Sin duda el debate está abierto.
“Se requieren más y mejores centros de reclusión para separar radicalmente a los adolescentes y los adultos; darles cobertura de salud, programas de formación promovidos por el Sena o que los alcaldes y gobernadores hagan lo que les corresponde”
